George Rodríguez/Foto-Archivo
En Nicaragua, el panorama, en lo que tiene que ver con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, se presenta complejo, advirtió el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), el abogado Álvaro Leiva.
En esa materia, el régimen encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, está dispuesto a usar cualquier medio a su disposición, por ejemplo, para justificar la manipulación del sistema institucional del país centroamericano, planteó el presidente de la Anpdh, Roberto Solórzano.
El modus opoerandi gubernamental ha extendido la represión antiopositora, del accionar policial y paramilitar -que viene implementando en el marco de la crisis sociopolítica estallada en 2018, y que no ha abandonado-, al cierre de espacios de expresión mediante legislación que carece de legitimidad, aseguraron Leiva y Solórzano, en conferencia de prensa llevada a cabio en un hotel en San José, la capital costarricense -donde la Anpdh opera en el exilio-.
“La crisis de violación a los derechos humanos, en Nicaragua, es permanente, producto una falta de voluntad política, del régimen Ortega-Murillo, hasta el día de hoy, de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos (…)”, dijo Leiva.
“Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos en los cuales el régimen, en su desesperación, utilizará todo su aparataje, toda su estructura, toda su organización, para deslegitimar el trabajo de organismos, de defensores de derechos humanos, de acciones que, verdaderamente, lo evidencien en la violación permanente a los derechos humanos de los nicaragüenses”, agregó.
“Lo que nosotros miramos, hoy por hoy, es un régimen que se quiere perpetuar en el poder, de manera ilegal, y, sobre todo, en contra de la voluntad soberana del pueblo nicaragüense”, reflexionó.
Se trata de “una dictadura que, en sus actuaciones, ha sido cruel y sangrienta, donde ha promovido la injusticia, la indolencia, la impunidad, y que está muy atenta a destruir organismos como la Anpdh, acciones como los defensores de derechos humanos, que ejercemos dentro de estos organismos”, denunció, puntualmente.
La idea consiste en “destruir nuestra credibilidad pública, nuestras acciones internacionales, en función de una dictadura que tiene todo un aparataje, tiene una serie de actores e infiltrados, en el exilio (…) para destruir toda posibilidad que incida en la pronta recuperación de la paz social del pueblo nicaragüense, la institucionalidad, la democracia, y el respeto pleno a los derechos humanos”, precisó.
“Vienen tiempos difíciles, nosotros estamos preparados, vamos a dar la batalla, nuestro pueblo nos ha conferido, firmemente, este mandato, y nosotros estamos en función de seguir hablando por los que no tienen voces, de seguir luchando por el exilio, de seguir incidiendo desde una postura que nos permita la posibilidad de que este mandato del pueblo nicaragüense se cumpla en la esencia de que haya justicia frente a los crímenes y las violaciones graves de derechos humanos que se han cometido en contra del pueblo nicaragüense”, señaló.
En ese sentido, Leiva se refirió al Premio Trillium para Defensores de los Derechos Humanos, que, el 12 de este mes, le otorgó la Canadian Human Rights International Organization (Chrio), “por su extraordinaria historia la divulgación, promoción y efectiva protección de los derechos humanos en Nicaragua, Centroamérica y los Estados Unidos de América”.
La Chrio lo designó, además, 10 días antes, Embajador de Buena Voluntad y Embajador por la Paz.
Ambos nombramientos son efectuados a quienes la entidad reconoce como personas quienes, entre otras características humanitarias, se rigen por el “ideal de vivir por el bien de otros”, además de que se involucran “en prácticas que promueven valores morales universales, cooperación interreligiosa, armonía internacional”, así como “el establecimiento de una cultura de paz”, según lo indicado en el diploma del caso.
“Trascendiendo barreras raciales, nacionales y religiosas, los Embajadores de Buena Voluntad y Embajadores por la Paz contribuyen a la realización de la esperanza de todas las edades, un unificado mundo de paz donde las dimensiones espiritual y material de la vida son armonizadas”, agrega la Chrio, en el documento emitido a Leiva.
Respecto al Trillium, el activista de derechos humanos -asilado político en Costa Rica, desde 2018- aseguró que “este no es un premio de Álvaro Leiva (…) este es un premio del pueblo de Nicaragua”.
“Este premio, yo lo traslado a mi pueblo, que hoy sufre, de manera profunda, la embestida de una dictadura cruel y sangrienta, y, sobre todo, una embestida de fenómenos naturales que ha socavado a la infraestructura, la economía de nuestro pueblo”, agregó, en alusión a los huracanes Eta e Iota, que, en el lapso de aproximadamente dos semanas, causaron destrucción, principalmente en Nicaragua y Honduras, además de haber afectado al resto de Centroamérica.
“Este premio (…) le produce incomodidad, a la dictadura, y, en este sentido, tiene sus operadores claramente dirigidos en función de deslegitimar lo que es del pueblo, lo que le pertenece al pueblo”, denunció, además, el defensor de los derechos humanos.
“Y, toda aquella persona que, hoy, actúe como operador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y de la dictadura -porque la dictadura tiene sus brazos extensivos, reflejados a través de varios operadores-, definitivamente, al que está atacando es al pueblo de Nicaragua, al premio que se le ha dado al pueblo de Nicaragua”, reafirmó.
“Y tiene que estar muy atento, nuestro pueblo, de aquellos que quieren destruir a los organismos, a los defensores, a los periodistas que, verdaderamente, están comprometidos, en su apostolado, en la libertad del pueblo nicaragüense”, agregó.
Interrogado, por Informativo JBS, respecto a las variantes de represión gubernamental antiopositora -desde la armada hasta la de creación de legislación antidemocrática-, Leiva reiteró su pronóstico de “tiempos difíciles” para quienes procuran el restablecimiento de la democracia, en el país, y planteó la necesidad de que los nicaragüenses, en el país y en el exilio, no se dejen manipular.
“Vendrán tiempos difíciles, para todos los que estamos concentrados en que Nicaragua vuelva a enrumbarse hacia la paz, hacia la democracia, y hacia los derechos humanos”, señaló.
“Vienen tiempos en que la dictadura va a cambiar su modus operandi (…) en que la dictadura va a ejecutar todo su aparataje represivo y económico, para deslegitimar, para destruir toda posibilidad de organismos, personas, dirigentes políticos que le entorpezcan la posibilidad del principal objetivo de Ortega, que es perpetrase en el poder”, agregó, al ampliar conceptos.
En ese sentido, exhortó a sus compatriotas a tomar conciencia “de que la dictadura (…) viene con nuevos mecanismos, amañados para destruir el exilio, el liderazgo del exilio, el liderazgo de los defensores de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, los sectores políticos, el sector empresarial, el sector de los comunicadores sociales, la prensa”.
“Va a haber mucho dinero de por medio, que van a mover cielo y tierra, para destruir y deslegitimar a los actores que están denunciando permanentemente, y el pueblo tiene que saberlo, el exilio tiene que saberlo”, y “no deben dejarse manipular”.
Al respecto, Solorsano explicó que “la libertad, en general es un horror, para el régimen”.
Debido a ello, actúa “a través de todos los medios posibles, como lo hizo en el 2018 y en el 2019, que fue por medio de la violencia”, agregó, en alusión a los dos primeros años de la crisis nicaragüense, agudizada, desde marzo de 2020, por la pandemia mundial del nuevo coronavirus, y, a partir de este mes, por el destructor paso de los dos fenómenos naturales.
“La intención de ellos es, siempre, justificar , y, entre comillas, legalizar, ante la opinión pública, que sus acciones están dentro de un parámetro considerado en la Constitución, lo cual es falso”, agregó.
El presidente de las Anpdh hizo, así, alusión a la represiva legislación recientemente aprobada -sobre la aplicación de prisión perpetua para lo que el régimen considera “crímenes de odio”, y la regulación de personas y organizaciones a quienes etiqueta como “agentes extranjeros”-.
En el primer caso, se trata de la imposición de una pena que, hasta la actualidad, no existía en el ordenamiento jurídico nicaragüense, mientras que, en el segundo, se cierra +, aún más, el escaso espacio de oposición.
En el primero de los 18 artículos de la ley sobre agentes extranjeros -referido a “Objeto y ámbito de aplicación”-, se indica que la iniciativa “tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.
“Tiene como ámbito de aplicación los sujetos obligados así como los fondos monetarios, bienes, activos y objetos de valor extranjeros, establecidos en esta”, agrega.
Según la misma disposición, se exceptúa “toda persona pensionada extranjera que reside en Nicaragua y recibe dinero en concepto de pensionado retirado; las personas naturales que reciben remesas familiares; empresas productivas y comerciales extranjeras con filiales en Nicaragua, fábricas y cadenas supermercados de inversión extranjera”, entre otras.
También aclara que “la presente ley no afecta los acuerdos o tratados comerciales vigentes ni los que pudieran suscribirse en el futuro. Tampoco las inversiones extranjeras”, agrega, estableciendo, claramente, la motivación de nueva represión antiopositora -de naturaleza no policial ni paramilitar-.
