George Rodríguez /Foto-Archivo
La Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) presentó, a organismos internacionales, denuncia contra el gobierno de Nicaragua por violación a los derechos humanos de migrantes nacionales del país centroamericano, informó el presidente de la asociación, el abogado Álvaro Leiva.
La denuncia fue tramitada, respectivamente, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y en la representación regional para Centroamérica y República Dominicana de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), indicó el activista.
Ello, debido a que las representaciones diplomáticas y consulares de Nicaragua no han proporcionado apoyo a ciudadanos nicaragüenses quienes, establecidos en otros países, y a causa de la afectación económica y laboral de la pandemia mundial de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), perdieron sus respectivas fuentes de trabajo, señaló, en una declaración.
En particular, se trata de centenares de nicaragüenses quienes, tras haberse establecido en Panamá, y haberse visto afectados por las consecuencias de la pandemia, procuran regresar, pero encuentran una actitud negativa de parte del gobierno encabezado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Esas personas procuran regresar, por tierra, desde Panamá, con rumbo norte, hacia Nicaragua, pasando por Costa Rica -geográficamente ubicada entre ambos países-.
No obstante ser su país de origen, el gobierno de Nicaragua ha dificultado ese regreso.
De acuerdo con versiones periodísticas conocidas la noche del 3 de junio, se trata de aproximadamente mil personas, algunas de las cuales se encuentran en el sector fronterizo de la binacional ciudad de Paso Canoas, ubicada a ambos lados del límite terrestre panameño-costarricense.
El gobierno nicaragüense habría determinado que esas personas emprendan el regreso, vía terrestre, en grupos de cien migrantes, desplazándose a razón de uno cada ocho horas, según las mismas fuentes.
En la declaración que formuló la mañana del 3 de julio, vía redes sociales, Leiva fue severamente crítico del gobierno nicaragüense, e informó que lo denunció en la Cidh y la Oacnudh.
“Hemos procedido a efectuar formal denuncia”, en ambos organismos, “por violaciones a los derechos humanos de los migrantes nicaragüenses establecidos en la República de Panamá y otros países del mundo, en contra del Régimen Ortega-Murillo”.
Ello, debido a que, “a través de sus embajadas (…) no ha brindado el apoyo y la protección necesaria, a los nicaragüenses en el extranjero, violando, abiertamente, ciertos preceptos de nuestra Constitución, y de algunos instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos”, agregó.
“Estas acciones que, hoy, hemos efectuado, y estas incidencias que hemos provocado, a nivel de las cancillerías respectivas, de los hermanos países de Panamá y Costa Rica, esperemos que tengan el efecto que pretendemos, que es de garantizar, por parte de estas autoridades, la respuesta que, hoy, demandan nuestros conciudadanos, de este retorno, pronto, a su país de origen”, planteó.
Leiva aludió así a las cartas que, el 1 de este mes, dirigió, respectivamente, a los cancilleres Alejandro Ferrer (Panamá) y Rodolfo Solano (Costa Rica).
En ambos textos, a los que Informativo JBS tuvo acceso, Leiva denunció la omisa conducta del gobierno orteguista respecto a los nicaragüenses quienes desean regresar a su país de origen, además de agradecer la actitud solidaria de los gobiernos panameño y costarricense.
“Muchos de estos compatriotas, que gozaban de trabajo y relativa estabilidad en Panamá, han perdido su fuente de ingresos y se han visto obligados a retornar a Nicaragua para buscar el apoyo de sus familiares y amigos en la tierra que los vio nacer”, expresó a Ferrer.
“Es un hecho ineludible que los migrantes nicaragüenses en Panamá seguirán llegando a territorio costarricense en su tránsito a su destino final, Nicaragua”, planteó a Solano.
“Por eso ruego al Señor Canciller, en su calidad de representante ante el mundo del pueblo y gobierno de la República de Costa Rica, interceder ante las autoridades locales correspondientes para que se mantenga hacia nuestros conciudadanos nicaragüenses el trato digno y respetuoso que hasta el día de hoy hemos observado de parte del pueblo y gobierno de Costa Rica, hecho por el cual reitero mi sincero agradecimiento”, expresó.
“Debido a la gran preocupación que provoca esta situación en nuestro organismo defensor de los derechos humanos y tomando en cuenta que en la República de Panamá no existe ninguna organización similar, que vele por los derechos humanos de los migrantes nicaragüenses, hago del conocimiento del Señor Canciller de Costa Rica mi total e inmediata disposición de viajar a la República de Panamá”, indicó.
Ello, “para, junto con las autoridades de ese país y en coordinación con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), cuya oficina regional está en Panamá, facilitar los aspectos relacionados a una salida ordenada, debidamente documentada, con asistencia humanitaria -albergue, alimentación y medicamentos-“, explicó.
“Especialmente para los grupos más vulnerables que incluyen niños, mujeres embarazadas y adultos mayores”, puntualizó.
En declaraciones que formuló el 1 de julio, a Informativo JBS, el dirigente de la Anpdh advirtió que las condiciones en materia de seguridad, ni en el ámbito de la salud pública, en Nicaragua, no son las óptimas para regresar al país centroamericano.
El activista formuló el planteamiento al referirse a la decisión, de centenares de ciudadanos nicaragüenses, de regresar, en estos días, a su país de origen, aunque reconoció que se trata de una medida que obedece a la crisis económica y laboral generada, a nivel mundial, por la pandemia de la Covid-19.
Leiva señaló que, en la mayoría se trata de nicaragüenses quienes, en procura de lograr una mejor situación socioeconómica, se han asentado, durante años, principalmente en países centroamericanos.
“Nosotros, como organismo de derecho humanos, claramente, hemos expresado de que la cantidad de nicaragüenses que están retornando al país, en su gran mayoría, son nicaragüenses que han estado vinculados a la migración económica del país”, explicó Leiva, a Informativo JBS, en el marco de una conferencia de prensa en la cual se refirió al tema.
“Realmente, hoy, lamentablemente, tienen que regresar, nuevamente, a Nicaragua, producto de que se han quedado sin empleo, producto de la crisis económica que azota a la región centroamericana, donde han migrado -y otros países del mundo-“, agregó.
“Es decir, por estar, en este momento, improductivos (…) sin empleo, sin la capacidad de poder resolver las necesidades básicas para sobrevivir en un país extranjero, y han tomado esta difícil decisión de su retorno”, indicó, en las declaraciones que formuló en la sede de la Anpdh en el exilio, en San José, la capital costarricense.
El nuevo contexto de economías nacionales -incluida la nicaragüense- golpeadas, a nivel global, por la pandemia, se suma, en el caso de Nicaragua, a la violenta crisis sociopolítica que, hace algo más de dos años, afecta al país centroamericano, y es marco para la severa represión antiopositora imperante desde entones.
De acuerdo con los datos más recientes que la Anpdh la represión del gobierno orteguista ha cobrado, desde abril de 2018 -cuando estalló la crisis sociopolítica-, más de 720 vidas.
