George Rodríguez/Foto-Archivo
Casi trescientos ciudadanos nicaragüenses -noventa de ellos, en un barco en altamar- aguardan la autorización del gobierno de su país para regresar, informó hoy la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh).
Se trata de 160 personas quienes se encuentran en la isla Gran Caimán -la mayor de las tres islas que constituyen el territorio británico de ultramar Islas Caimán, en el sector occidental del Mar Caribe-, 90 tripulantes de un barco de crucero, también en el Caribe, y de 48
-incluidos tres menores- quienes están en un sector de la frontera entre Panamá y Costa Rica, según la Anpdh, y medíos costarricenses y nicaragüenses.
“Como organismo de derechos humanos no sentimos altamente preocupados en relación a la crisis que están enfrentando, hermanos nicaragüenses -migrantes económicos, en su gran mayoría-, declaró, en conferencia de prensa virtual, el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva.
Cuarehta y ocho, están “en la faja fronteriza de Paso Canoas, entre Panamá y Costa Rica”, indicó Leiva, en alusión a la sureña localidad costarricense junto al límite entre ambos países, a aproximadamente 357 kilómetros al sureste de San José, la capital nacional.
Además, “160 nicaragüenses migrantes que se encuentran, esperando la autorización de las autoridades nicaragüenses para ingresar a territorio nicaragüense, en la isla de Gran Caimán, y 90 nicaragüenses que se encuentran en altamar, en un buque propiedad de la empresa Carnival, que están ansiosos de retornar a su país de origen, su patria: Nicaragua”, indicó.
“Es lamentable cómo el régimen Ortega-Murillo no tiene la voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, claramente instituidos en nuestra Constitución Política y en aquellos instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos”, denunció Leiva, en alusión al presidente nicaragüense, Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
El presidente de la Anpdh, un abogado con especialidad en derechos humanos, precisó que, al no permitir el ingreso de esas personas al país centroamericano, el gobierno de Nicaragua viola, no solamente disposiciones constitucionales sino, además, instrumentos legales de nivel internacional, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el caso de la Constitución, el artículo 28 -de sus 202 artículos, contenidos en 11 títulos- establecer que “los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares”, mientras que el 31 indica que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.
Similarmente, el decimotercero de los 30mrtíulops de la Declaración Universal, asegura, en sus dos numerales, que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
Leiva subrayó que “el artículo 28 de la Constitución Política, claramente, establece el amparo de todas las sedes diplomáticas en función de la voluntad expresa de cualquier migrante nicaragüense que quiera retornar a su país de origen”.
“Es el caso que nos está ocupando, con esta profunda crisis, hoy”, de los casi trescientos nacionales de Nicaragua, a la espera de la autorización gubernamental nicaragüense para regresar a su país, explicó Leiva, hablando en la sede de la Anpdh en San José, donde la asociación opera, desde 2018, en el exilio, a causa de la violenta crisis sociopolítica -y, ahora, sanitaria- que golpea al país centroamericano.
La crisis sanitaria nicaragüense se enmarca en la pandemia mundial de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), contexto en el cual el gobierno de Ortega es objeto de fuertes críticas, dentro y fuera de Nicaragua, por lo que se ha denunciado como su conducta omisa en cuanto a tratar de contener la propagación de la epidemia, así como respecto a la información, considerada como no confiable, que emite respecto a casos.
“Realmente, no miramos, de parte del régimen Ortega-Murillo, esa voluntad política de tutelar, proteger, a todos sus conciudadanos que se encuentran fuera (…) del territorio nicaragüense, para dar acompañamiento a que (…) puedan retornar, como un derecho humano, y como un derecho migrante, y como un derecho que, claramente, está establecido en la legislación internacional, de retornar, bajo su voluntad propia, a su país de origen, o sea, a su casa: Nicaragua”, denunció.
“Hoy, el régimen Ortega-Murillo, está violentando el artículo 31 de la misma Constitución Política, que es el sagrado derecho que le asiste, a los nicaragüenses, de retornar, sin ninguna restricción, libremente, a su territorio nicaragüense”, agregó el activista, asilado, desde 2018, en Costa Rica.
Tras indicar que el gobierno orteguista está, igualmente, contraviniendo instrumentos legales de naturaleza regional e internacional, Leiva expresó que “hacemos un llamado, al gobierno de Panamá, al gobierno de Costa Rica, que han actuado de manera responsable con el tema generado por la profunda crisis de violaciones de derechos humanos que, hoy, enfrenta Nicaragua”,
“A sus autoridades, les hacemos un llamado, a través de que puedan mantener un comportamiento dentro del marco del respeto de los convenios internacionales, y dentro del respeto hacia la dignidad humana y la integridad de nuestros conciudadanos nicaragüenses, que atraviesan, así como millones de nicaragüenses que se encuentran dentro del territorio nicaragüense, una crisis profunda de derechos humanos, generada por el régimen Ortega-Murillo”, agregó.
De acuerdo con versiones periodísticas lo mismo internacionales que nicaragüenses, las personas quienes procuran regresar a Nicaragua se encuentran en una precaria situación económica, ya que, a causa de las medidas contra la pandemia -principalmente, el aislamiento social y el cierre de un porcentaje considerable de las economías nacionales- perdieron sus respectivos trabajos.
En el caso de los 90 varados en el Caribe, se trata de personal del barco de crucero Carnival Glory, de la estadounidense empresa naviera turística Carnival Cruise Lines, actualmente ubicado en el sector de la colombiana isla de San Andrés, al este de la costa caribeña de Nicaragua, según las mismas versiones.
