En un esfuerzo por garantizar el acceso equitativo a la justicia, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía España está desarrollando un innovador programa destinado a personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y demencias.
Esta iniciativa se centra en la creación de facilitadores, quienes tendrán la responsabilidad de asistir a estos ciudadanos en sus procesos judiciales, ya sea como testigos, investigados, víctimas o en roles jurídicos.
El proyecto, enmarcado dentro del Plan de Humanización de la Administración de Justicia de la región, busca mitigar las barreras que enfrentan las personas con diversas capacidades funcionales al interactuar con el sistema judicial.
Además de la creación de estos facilitadores, la Consejería ha emprendido acciones para mejorar la accesibilidad física de las sedes judiciales, como la instalación de bucles magnéticos para facilitar la comunicación auditiva de personas con implantes cocleares.
José Antonio Nieto, consejero de Justicia, ha subrayado la importancia de este paso hacia una justicia más inclusiva, afirmando que todos los individuos tienen derecho a comprender y participar plenamente en los procedimientos legales, independientemente de sus capacidades.
«Desenvolverse en un juzgado ya es complejo para cualquier persona, pero más aún para quienes padecen algún tipo de discapacidad intelectual, sensorial o demencia», ha destacado.
El Decreto que regulará la figura de los facilitadores está actualmente en fase de consulta pública, abierta hasta el 4 de julio, permitiendo que personas y entidades interesadas puedan contribuir con sus opiniones y sugerencias al desarrollo de esta normativa. Paralelamente, se están llevando a cabo proyectos piloto en varias provincias andaluzas para evaluar la efectividad de estos facilitadores, determinar los perfiles más adecuados para desempeñar este rol y establecer las necesidades formativas específicas.
Durante su reciente visita a Almería, el consejero Nieto se reunió con diversos colectivos locales de personas con discapacidad para invitarlos a participar activamente en estos proyectos piloto, asegurando así que el programa responda de manera efectiva a las necesidades del colectivo.
En definitiva, esta iniciativa representa un avance significativo hacia una justicia más inclusiva y accesible en Andalucía, donde se trabaja para asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones.
