La justicia costarricense emitió una sentencia relevante el pasado 30 de noviembre del 2023, resolviendo el caso de discriminación sufrido por una educadora con discapacidad en el proceso de reclutamiento en el que participó. El caso, bajo el número de sentencia 2023-003239, destaca un acto discriminatorio en un concurso público, llevando la temática a la consideración de la Sala Segunda.
El resumen del caso revela que la docente, cuya certificación que acreditaba su condición fue emitida por la CCSS en 2017, se vio excluida del concurso por un requisito que, en gran parte del período de vigencia, el Estado no tenía un órgano competente para constatar y certificar. La situación se complica debido a un cambio normativo en el órgano estatal encargado de dicha certificación durante ese mismo año.
La resolución de la Sala Segunda destaca la falta de claridad en el órgano responsable al momento del concurso, lo que llevó a la exclusión de la educadora del proceso. Según la sentencia, la actuación estatal en este caso «no fue abierto, inclusivo ni accesible para una persona en su condición». La Sala Segunda argumenta que la demandante fue excluida por un requisito que el Estado, durante la mayor parte del período, no pudo certificar.
El tribunal sostiene que la educadora fue privada de la oportunidad de ser escogida para ocupar plazas vacantes reservadas para personas con discapacidad en el Ministerio de Educación Pública. La resolución destaca que argumentar que no fue excluida porque nunca estuvo dentro del registro es una mera formalidad, ya que la lesión de sus derechos surgió durante el proceso mismo para acceder a ese registro y obtener oportunidades laborales garantizadas por la legislación.
La Sala Segunda concluye que la discriminación no se debió al cambio de institución con competencia para extender la certificación, sino a una laguna competencial en el momento del concurso. La sentencia destaca que no se puede cargar a la demandante los efectos de la inercia estatal en nombrar al ente encargado.
Este caso subraya la importancia de la claridad y accesibilidad en los procesos de reclutamiento, especialmente para personas con discapacidad. La sentencia destaca la responsabilidad del Estado en garantizar que sus procedimientos sean inclusivos y accesibles, evitando discriminación y obstáculos injustos en el ejercicio de derechos fundamentales.
