George Rodríguez/Foto-Anpdh
Las condiciones en materia de seguridad lo mismo que en el ámbito de la salud pública, en Nicaragua, no son las óptimas para regresar al país centroamericano, advirtió hoy el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva.
El activista formuló el planteamiento al referirse a la decisión, de centenares de ciudadanos nicaragüenses, de regresar, en estos días, a su país de origen, aunque reconoció que se trata de una medida que obedece a la crisis económica y laboral generada, a nivel mundial, por la pandemia de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19).
Leiva señaló que la mayoría de estas personas está constituida por nicaragüenses quienes, en procura de lograr una mejor situación socioeconómica, se han asentado, durante años, principalmente en países centroamericanos.
“Nosotros, como organismo de derecho humanos, claramente, hemos expresado de que la cantidad de nicaragüenses que están retornando al país, en su gran mayoría, son nicaragüenses que han estado vinculados a la migración económica del país”, explicó Leiva, a Informativo JBS, en el marco de una conferencia de prensa en la cual se refirió al tema.
“Realmente, hoy, lamentablemente, tienen que regresar, nuevamente, a Nicaragua, producto de que se han quedado sin empleo, producto de la crisis económica que azota a la región centroamericana, donde han migrado -y otros países del mundo-“, agregó.
“Es decir, por estar, en este momento, improductivos (…) sin empleo, sin la capacidad de poder resolver las necesidades básicas para sobrevivir en un país extranjero, y han tomado esta difícil decisión de su retorno”, indicó, en las declaraciones que formuló en la sede de la Anpdh en el exilio, en San José, la capital costarricense.
El nuevo contexto de economías nacionales -incluida la nicaragüense- golpeadas, a nivel global, por la pandemia, se suma, en el caso del país centroamericano, a la violenta crisis sociopolítica que, hace algo más de dos años, afecta a Nicaragua y es marco para severa represión antiopositora.
De acuerdo con los datos más recientes que la Anpdh la represión que el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha cobrado, desde abril de 2018 -cuando estalló la crisis sociopolítica-, más de 720 vidas.
Leiva indicó que, no obstante la coyuntura económica y laboral internacional, “queremos aprovechar para expresarle, al pueblo de Nicaragua, de que, hoy por hoy, todos aquellos migrantes que han tenido que salir producto de que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de persecución, víctimas de asedio, no son las mejores condiciones para retornar”.
Ello, debido a que “es permanente la crisis de violaciones de derechos humanos que existe, hasta el día de hoy, en Nicaragua”, donde “existe persecución, encarcelamiento, asedio, secuestro, por parte de la operatividad (…) de los paramilitares afines a la ideología del gobierno de turno, al régimen Ortega-Murillo, y la constante, de esta crisis de violación, es permanente”, puntualizó.
“Es decir, esta migración, que hoy estamos mirando, son ciudadanos nicaragüenses que habían salido, durante muchos años, y que habían podido estar, permanente, en estos países, y que ahora, lamentablemente, están retornando a su país, en función de ese derecho, que le asiste, claramente establecido en la Constitución Política de Nicaragua y en los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos”, dijo.
Leiva hizo, así, referencia, lo mismo a la Constitución nicaragüense que a instrumentos regionales e internacionales, incluida la Declaración Universal de derechos Humanos.
En el caso de la Constitución, el artículo 28 -de sus 202 artículos, contenidos en 11 títulos- establece que “los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares”, mientras que el 31 indica que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.
Similarmente, el decimotercero de los 30 artículos de la Declaración Universal, asegura, en sus dos numerales, que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
Leiva, un abogado especializado en derechos humanos, cuya labor como activista tiene proyección internacional, hizo, además, alusión al hecho de que, en el caso nicaragüense, la crisis sanitaria se sumó a la sociopolítica, agudizando marcadamente la dramática situación del país.
“No hay que perder la sintonía de que, en Nicaragua, nada está normal”, ya que “Nicaragua, hoy, está azotada por una crisis de una pandemia agresiva en contra del ciudadano, que se han cometido delitos, promovidos por el régimen, de genocidio viral, lesa humanidad, y violaciones graves en cintra de los derechos humanos de los nicaragüenses”, reflexionó.
Al denunciar que en el país ocurre genocidio viral, el activista aludió a la conducta gubernamental ante la pandemia, actitud que es blanco de severas críticas, internas e internacionales, entre otros aspectos, por la ausencia de medidas para prevenir la difusión del virus y por la denunciada manipulación del número de casos, para que sea considerablemente menor al real.
“Nosotros, queremos aprovechar para expresarle, al pueblo de Nicaragua, de que, hoy por hoy”, para “todos aquellos migrantes que han tenido que salir producto de que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de persecución, víctimas de asedio, no son las mejores condiciones para retornar, hoy, a Nicaragua, producto de que es permanente la crisis de violaciones de derechos humanos que existe, hasta el día de hoy, en Nicaragua”, planteó.
“En Nicaragua, hasta el día de hoy, existe persecución, encarcelamiento, asedio, secuestro, por parte de la operatividad, hasta el día de hoy, de los paramilitares afines a la ideología del gobierno de turno, al régimen Ortega-Murillo, y la constante, de esta crisis de violación, es permanente”, agregó, a continuación.
“Y, esa constante, es repetitiva, permanente, y, sobre todo, es una conducta, del régimen Ortega-Murillo, de no demostrar esa voluntad política de mejorar los mismos (los derechos humanos), hasta el día de hoy”, denunció.
Leiva formuló las declaraciones, a este medio, en el marco de la conferencia de prensa durante la cal agradeció, a los gobiernos costarricense y panameño, por haber promovido que el régimen nicaragüense autorizara el regreso, por tierra, a Nicaragua, de decenas de ciudadanos nicaragüenses quienes se hallaban varados en un punto de la frontera entre Panamá y Costa Rica.
En este caso específico, las personas -incluidos algunos menores de edad- aguardaban, en el sector de Paso Canoas, a unos 357 kilómetros al sureste de San José, junto a la frontera sur costarricense -con Panamá-, la autorización del gobierno nicaragüense para ingresar a territorio nicaragüense.
Logrado el acuerdo entre los tres gobiernos, el grupo se desplazó, por tierra, con escolta policial, hasta la Frontera Norte costarricense -el límite con Nicaragua-, para ingresar a su país de origen.
La pandemia ha agudizado la crítica situación interna nicaragüense, enmarcada, desde abril de 2018, en la violenta crisis sociopolítica estallada entonces, y caracterizada por la constante represión policial y paramilitar antiopositora que, según los más actualizados datos de la Anpdh, ha cobrado 722 vidas, generado 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
Masivos segmentos de la población nicaragüense, lo mismo que diversos sectores políticos y de la sociedad civil, vienen exigiendo la renuncia de Ortega y Murillo.
