Costa Rica, 16 de agosto de 2026. El dirigente político y social Gerardo Leal Orias abrió un debate sobre la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y, al mismo tiempo, sobre los derechos de las víctimas, sus familias y de la población que enfrenta las consecuencias del crimen organizado.
Leal cuestionó lo que considera una visión incompleta del debate sobre derechos humanos cuando se aborda la situación de personas detenidas por narcotráfico.
“¿Derechos humanos para quién?”, planteó al inicio de su reflexión.
Leal utilizó una expresión irónica para referirse a las condiciones que enfrentan quienes son detenidos por este tipo de delitos: “¿de verdad creían que iban para un hotel cinco estrellas en Cancún?”.
Sin embargo, su planteamiento central no se dirige únicamente contra quienes enfrentan procesos judiciales. El dirigente sostiene que la discusión también debe incorporar a quienes sufren directamente las consecuencias de la violencia asociada al crimen organizado.
“A los vigilantes de los derechos humanos les digo: defiendan los derechos, sí; pero no olviden a las víctimas”, afirmó.
Narcotráfico y violencia
La preocupación expresada por Leal coincide con un escenario de criminalidad que ha obligado a las autoridades costarricenses a reforzar las acciones contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
El Ministerio de Seguridad Pública informó que durante 2025 aumentaron las acciones dirigidas contra organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico. Según los datos oficiales, las operaciones para intervenir organizaciones dedicadas a estas actividades pasaron de cinco en 2024 a 21 en 2025, mientras que los decomisos de drogas aumentaron 67,27 %.
Además, el Ministerio Público ha reportado durante 2026 investigaciones en las que el narcotráfico aparece relacionado con otras actividades delictivas. En junio, por ejemplo, la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada informó sobre una investigación contra 10 personas vinculadas, en apariencia, con tráfico internacional de cocaína, extorsión y legitimación de capitales.
En otro caso, seis personas fueron enviadas a prisión preventiva en mayo de 2026 dentro de una investigación por presunta legitimación de capitales relacionados con el tráfico de drogas hacia varios países de Centroamérica.
Para Leal, estos hechos demuestran que las consecuencias del narcotráfico no terminan en la comercialización de sustancias ilícitas.
“El narcotráfico no se limita a vender drogas. De él se derivan asesinatos por poder, disputas y conquista de territorios, amenazas, desapariciones, corrupción y muerte”, sostuvo.
El dirigente cuestionó además la utilización de la expresión “daño colateral” para referirse a las personas que terminan afectadas o asesinadas en contextos relacionados con organizaciones criminales.
“No. No es simplemente daño colateral”, enfatizó.
Las víctimas también están en el debate
Leal considera que el debate sobre derechos humanos debe incluir una mirada hacia las personas que pierden familiares, hogares y oportunidades como consecuencia de la violencia criminal.
“No es uno, ni dos, ni tres. Son seres humanos que mueren; familias que quedan destruidas”, manifestó.
Sus declaraciones se producen en un país que registró 873 víctimas de homicidio durante 2025, de acuerdo con datos presentados por el Ministerio Público con base en los registros del Organismo de Investigación Judicial. La cifra fue ligeramente inferior a las 876 víctimas contabilizadas en 2024.
El Ministerio Público también ha documentado la existencia de homicidios relacionados con el crimen organizado. Un informe institucional sobre el período 2020-2024 muestra, entre otros datos, que en 2024 se registraron 76 investigaciones de homicidio dentro de la jurisdicción penal juvenil y que 16 de ellas, un 23,8 %, fueron relacionadas con crimen organizado.
Robo de combustible
Otro de los temas incorporados por Leal en su reflexión es el robo de combustibles.
“Cada faltante de inventario representa un costo. Y los costos, finalmente, se trasladan a los precios que pagamos todos”, señaló.
El tema también ha sido identificado por las autoridades como una problemática vinculada con estructuras criminales. RECOPE ha señalado que el robo de combustibles dejó de ser considerado un delito aislado para convertirse en un negocio relacionado con el crimen organizado. En 2025, la empresa informó que entre enero y agosto las tomas ilegales intervenidas habían disminuido de 92 a 43 respecto del mismo período de 2024, mientras que el volumen de combustible sustraído pasó de 3,1 millones a 2,1 millones de litros.
La institución también impulsó una propuesta de reforma legal para fortalecer las herramientas contra este delito y planteó la creación de una Unidad de Protección Especial de Ductos.
El papel de la Defensoría
En su pronunciamiento, Leal dirigió una pregunta a la Defensoría de los Habitantes, institución cuya función legal es proteger los derechos e intereses de los habitantes y vigilar que el funcionamiento del sector público se ajuste a la Constitución, las leyes y los principios del Derecho.
“¿No tenemos una Defensoría de los Habitantes?”, cuestionó.
La institución, sin embargo, no tiene como función sustituir a los tribunales penales ni decidir sobre la culpabilidad de las personas acusadas de delitos. Su mandato se concentra en la defensa de derechos frente a actuaciones u omisiones del sector público, además de la promoción y divulgación de los derechos humanos.
Precisamente por ello, el planteamiento de Leal coloca sobre la mesa una discusión más amplia: cómo garantizar los derechos fundamentales de las personas sometidas a procesos judiciales sin invisibilizar los derechos de quienes han sido víctimas de la violencia y de sus familias.
“Derechos humanos, sí. Pero también derechos de las víctimas, de sus familias y de quienes simplemente queremos vivir en paz”, concluyó Leal.
Su posición plantea así un debate que trasciende la situación individual de las personas detenidas: la necesidad de encontrar un equilibrio entre el respeto irrestricto al debido proceso y los derechos fundamentales, y la protección efectiva de las víctimas y de una sociedad que enfrenta los efectos del narcotráfico y el crimen organizado.
