La construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva no depende únicamente de la aprobación de leyes, sino de la capacidad de las instituciones públicas para convertir esos principios en acciones concretas. Ese desafío volvió a ponerse sobre la mesa durante las recientes sesiones del Concejo Municipal de Oreamuno, donde la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad ocuparon un lugar relevante dentro de la agenda municipal.
En la sesión ordinaria N.° 173-2026, el Concejo conoció una gestión presentada por la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras (ADASFRO), mediante la cual se reconocen diversos esfuerzos realizados por la Municipalidad de Oreamuno en favor de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, la organización planteó la necesidad de avanzar hacia medidas concretas que garanticen el cumplimiento efectivo de la Ley 7600, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 9303, que fortaleció las competencias del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
La organización también solicitó que las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas participen directamente en los procesos de consulta, planificación y evaluación de proyectos municipales. Entre las peticiones figura la creación o fortalecimiento de mecanismos permanentes de participación ciudadana, así como información clara sobre la forma en que las organizaciones pueden integrarse a estos espacios de decisión. El Concejo Municipal acordó trasladar la solicitud a la Comisión de Accesibilidad para su análisis y respuesta.
La accesibilidad va más allá de las rampas
Especialistas en derechos humanos coinciden en que la accesibilidad no puede reducirse únicamente a la eliminación de barreras arquitectónicas. También comprende el acceso a la información pública, la comunicación, la participación política, los servicios municipales, el empleo, la educación, la cultura y la recreación en igualdad de condiciones.
En Costa Rica, la Ley 7600 continúa siendo uno de los principales instrumentos jurídicos para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, instituciones públicas y organizaciones sociales han señalado que, más de veinticinco años después de su entrada en vigencia, persisten importantes retos relacionados con infraestructura, transporte, comunicación accesible y participación ciudadana.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica, establece además que los Estados deben consultar estrechamente a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan cuando elaboren políticas públicas o adopten decisiones que puedan afectarles. Este principio fortalece la participación activa de la ciudadanía como parte esencial de la gestión pública.
Acciones recientes fortalecen la inclusión
Durante los últimos meses, la Municipalidad de Oreamuno ha desarrollado iniciativas orientadas a mejorar la accesibilidad del cantón. Entre ellas destaca la construcción de infraestructura peatonal accesible cerca del EBAIS de San Rafael, obra que busca facilitar el desplazamiento seguro de personas usuarias de sillas de ruedas, personas adultas mayores y vecinos con movilidad reducida.
Asimismo, el gobierno local ha impulsado el funcionamiento de la Oficina para la Persona Adulta Mayor y con Discapacidad (OPAMDIS), dependencia creada para promover programas de inclusión, coordinación institucional y atención especializada a estos sectores de la población.
Estas acciones representan avances importantes; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil consideran que el siguiente paso debe consistir en consolidar mecanismos permanentes de consulta y participación que permitan incorporar la experiencia de las propias personas con discapacidad en el diseño de las políticas municipales.
Participación ciudadana como política pública
Diversos organismos internacionales sostienen que las mejores políticas públicas surgen cuando quienes viven diariamente una determinada realidad participan directamente en las decisiones que les afectan.
En este contexto, la propuesta presentada ante el Concejo Municipal busca precisamente fortalecer ese principio mediante un diálogo permanente entre autoridades locales y organizaciones representativas.
La accesibilidad universal no beneficia únicamente a las personas con discapacidad. También favorece a personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con lesiones temporales, familias con coches para bebés y, en general, a toda la población al facilitar espacios públicos más seguros, cómodos e inclusivos.
Un reto permanente para Oreamuno
El análisis que ahora realizará la Comisión de Accesibilidad permitirá valorar nuevas oportunidades para fortalecer la participación ciudadana y continuar modernizando las políticas de inclusión del cantón.
En un contexto donde Costa Rica mantiene el compromiso internacional de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, el caso de Oreamuno refleja cómo los gobiernos locales pueden convertirse en actores fundamentales para transformar los principios legales en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la población.
Más allá del cumplimiento de una obligación jurídica, la inclusión constituye una condición indispensable para el desarrollo de comunidades donde todas las personas puedan participar plenamente en igualdad de oportunidades.
