El gobierno de Donald Trump ordenó la reclasificación de la marihuana medicinal con licencia estatal, pasando de una de las sustancias más restringidas en la legislación federal a una categoría menos peligrosa, en lo que representa uno de los giros más importantes en la política estadounidense sobre cannabis en décadas.
Alcance de la reclasificación
La medida no legaliza el uso recreativo ni medicinal a nivel federal, pero sí traslada la marihuana medicinal del Anexo I —donde se ubican las sustancias consideradas sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso— al Anexo III, que implica una regulación menos estricta. Este cambio abre la puerta a mayores facilidades para la investigación científica y beneficios fiscales para empresas del sector.
El Departamento de Justicia, bajo instrucciones de la Casa Blanca, justificó la decisión señalando que permitirá “una investigación más específica y rigurosa sobre la seguridad y eficacia de la marihuana”, además de mejorar la información disponible para médicos y pacientes.
La reclasificación también impacta directamente a los programas de cannabis medicinal existentes en los estados, al reconocer de forma implícita su funcionamiento regulado. Actualmente, alrededor de 40 estados de EE. UU. cuentan con programas de marihuana medicinal, mientras que una parte importante también ha avanzado hacia la legalización recreativa a nivel estatal, aunque esto sigue en tensión con la ley federal.
Impacto regulatorio y debate político
El proceso de cambio normativo evita, en esta etapa, una revisión completa de la Administración para el Control de Drogas (DEA), apoyándose en una disposición legal que permite al fiscal general ajustar la clasificación de sustancias bajo tratados internacionales.
La decisión se enmarca en un debate político más amplio en Estados Unidos. Durante la administración de Joe Biden ya se había propuesto una reclasificación similar, aunque el proceso quedó inconcluso antes del cambio de gobierno.
Sectores de la industria del cannabis han celebrado la medida por su impacto fiscal, regulatorio, mientras que críticos advierten sobre el aumento de la potencia de algunos productos y la necesidad de mayor control sanitario.
El gobierno estadounidense mantiene su postura de que solo la marihuana distribuida fuera de programas estatales sigue clasificada como sustancia altamente restringida, y ha anunciado audiencias adicionales para evaluar posibles reformas más amplias en los próximos meses.
