El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica (MSP) admitió una serie de limitaciones en la implementación de políticas de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad, según se desprende del oficio MSP-DM-DVA-DGAF-CIAD-003-2026, emitido en respuesta a consultas del Periódico Informativo JBS.
El documento, firmado por Jenny Mena Ugalde, directora general administrativa financiera y presidenta de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), reconoce que no existen registros que evidencien procesos formales de consulta con organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración de políticas institucionales.
Falta de participación y consulta
Uno de los principales hallazgos señalados en la respuesta oficial es la ausencia de mecanismos documentados de participación externa. En relación con el acuerdo institucional N.º 125-2019-MSP, la CIAD indicó que no se logró identificar evidencia de consultas formales ni foros participativos con organizaciones del sector.
Asimismo, aunque la “Guía de Comunicación Digital Inclusiva 2023” incorporó aportes internos —incluyendo la participación de una persona con discapacidad visual—, tampoco se cuenta con respaldo documental de procesos de consulta externa, lo cual fue señalado como una oportunidad de mejora.
Limitaciones en servicios inclusivos
El informe también revela carencias en servicios clave para la atención inclusiva. Actualmente, la comisión no dispone de servicios de interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO), una herramienta fundamental para garantizar la comunicación con personas sordas.
En cuanto a la difusión de materiales accesibles, las acciones se han enfocado principalmente en el personal interno del ministerio, mediante correos institucionales y recursos digitales básicos. No obstante, se reconoce la necesidad de ampliar estos esfuerzos hacia la ciudadanía en general.
Sin mecanismos de evaluación
Otro aspecto crítico es la falta de sistemas formales de seguimiento. La CIAD confirmó que no existen mecanismos estructurados de monitoreo, auditoría o evaluación que permitan verificar el cumplimiento de las políticas de accesibilidad dentro del ministerio.
Un protocolo desactualizado
El MSP cuenta con un “Protocolo general de atención a personas con discapacidad y adultos mayores”, elaborado en 2017, el cual incluye lineamientos para la atención de diversas poblaciones, como personas con discapacidad visual, auditiva y motora.
Este documento establece principios de trato digno, respeto a la autonomía y atención preferencial, además de recomendaciones prácticas para funcionarios públicos. Sin embargo, su antigüedad y la falta de actualización sistemática plantean retos frente a las necesidades actuales en materia de inclusión.
Compromiso institucional en construcción
Pese a las limitaciones señaladas, la CIAD reiteró su compromiso con la mejora continua, destacando la importancia de fortalecer la colaboración con organizaciones de personas con discapacidad y avanzar hacia una atención más especializada.
El ministerio reconoce que los desafíos identificados representan oportunidades para desarrollar herramientas, servicios y mecanismos más robustos que garanticen una verdadera accesibilidad universal, en concordancia con la normativa vigente en Costa Rica, incluyendo la Ley 7600.
El documento concluye subrayando que los procesos de mejora institucional deben responder a las necesidades identificadas, con el objetivo de avanzar hacia servicios cada vez más inclusivos tanto para el personal interno como para la población usuaria externa.
