La implementación del sistema informático ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) provocó una grave afectación financiera que puso en riesgo la estabilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al impedir durante varios meses la correcta facturación de las cuotas al Estado.
De acuerdo con información discutida en reuniones internas durante el segundo semestre de 2025, las fallas técnicas del sistema dejaron a la institución sin capacidad operativa para emitir facturas al Gobierno Central. Como consecuencia, la CCSS dejó de percibir cerca de ₡27.000 millones mensuales, recursos esenciales para sostener el flujo de caja del régimen de pensiones.
El problema, de carácter operativo, fue expuesto por el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, quien advirtió que la falta de ingresos comprometía directamente la liquidez del IVM. Incluso, alertó que, de no resolverse a tiempo, la institución podría verse obligada a utilizar reservas del fondo de pensiones para cubrir obligaciones corrientes.
A este escenario se sumó el riesgo de acumulación de deuda. Según explicó Barrantes, la imposibilidad de facturar generaba un efecto progresivo que podía elevar rápidamente los montos pendientes, alcanzando cifras cercanas a los ₡54.000 millones en poco tiempo.
Por su parte, el gerente financiero, Gustavo Picado, advirtió sobre un factor crítico: el cierre del calendario fiscal del 31 de diciembre. De no emitirse las facturas dentro del periodo 2025, el Estado no reconocería esos montos en el siguiente ejercicio presupuestario, lo que implicaría una pérdida definitiva de recursos para la institución.
Esta situación habría trasladado la responsabilidad financiera a la propia CCSS, agravando el panorama tanto del régimen de pensiones como del seguro de salud.
Tras varios meses de presión sobre la liquidez institucional, la Gerencia Financiera reportó a inicios de octubre de 2025 avances en la estabilización del sistema. La institución logró destrabar parcialmente el proceso de facturación, incluyendo la emisión de obligaciones pendientes correspondientes a junio, por un monto cercano a los ₡45.000 millones.
De ese total, aproximadamente ₡26.000 millones correspondían al IVM y ₡19.000 millones al seguro de salud. Este avance permitió reactivar los envíos de facturas a los ministerios y, con ello, retomar los giros por parte del Estado, aliviando parcialmente la presión financiera.
No obstante, el incidente dejó en evidencia las debilidades en la implementación de sistemas tecnológicos críticos dentro de instituciones públicas, así como los riesgos que estos representan para la sostenibilidad de servicios esenciales, especialmente aquellos vinculados a la seguridad social y las pensiones en Costa Rica.
