Bomberos prioriza vidas, faltan protocolos

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Bomberos prioriza salvar vidas, pero no confirma protocolos específicos para personas con discapacidad

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica respondió a una solicitud de información pública relacionada con la aplicación de la Ley N.º 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en la infraestructura utilizada para la atención de emergencias en el cantón de Paraíso, Cartago.

La consulta fue realizada por el Periódico Informativo JBS, en el marco del análisis del cumplimiento del artículo 13 de dicha ley, el cual establece la obligación de consultar a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se planifican o ejecutan acciones que puedan afectar sus derechos.

La respuesta institucional fue enviada por Manuel Esteban Rojas Cerdas, quien indicó que la planificación, diseño, ubicación y puesta en operación de la infraestructura consultada —relacionada con el sistema de abastecimiento de agua para emergencias— no corresponde al Cuerpo de Bomberos, sino al operador del acueducto.

En ese sentido, el funcionario señaló que la consulta sobre la planificación o ubicación de esa infraestructura debe realizarse directamente ante la Municipalidad de Paraíso, institución responsable del servicio de agua en ese cantón.

Prioridad institucional: proteger la vida

En su respuesta oficial, el Cuerpo de Bomberos enfatizó que su actuación operativa se rige por un principio fundamental: la protección de la vida humana durante cualquier emergencia.

Según explicó Rojas Cerdas, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica opera bajo la prioridad táctica de salvaguardar la vida como objetivo absoluto en la atención de incidentes.

Esto implica que, durante las emergencias, el personal operativo aplica procedimientos de rescate, evacuación y protección dirigidos a proteger a todas las personas presentes en el lugar del incidente, incluyendo aquellas que puedan tener discapacidad, movilidad reducida u otras condiciones de vulnerabilidad.

La institución señaló que estas acciones se realizan en concordancia con el marco jurídico nacional vigente, incluida la Ley N.º 7600.

Persisten interrogantes sobre accesibilidad

No obstante, la respuesta institucional no confirmó la existencia de protocolos específicos o lineamientos técnicos formales destinados a la atención de emergencias con enfoque de discapacidad.

Tampoco se detalló si existen procesos de consulta con organizaciones de personas con discapacidad durante la planificación o evaluación de infraestructura vinculada con la gestión de emergencias.

El artículo 13 de la Ley 7600 establece que las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por las instituciones encargadas de planificar, ejecutar o evaluar servicios y acciones relacionadas con esta población.

A nivel internacional, esta obligación también se encuentra respaldada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica, la cual exige la participación activa de las personas con discapacidad en las decisiones públicas que puedan afectar sus derechos.

Debate sobre gestión inclusiva del riesgo

El intercambio de comunicaciones evidencia un debate creciente sobre la necesidad de incorporar el enfoque de accesibilidad universal y gestión inclusiva del riesgo en la planificación de infraestructura vinculada con la atención de emergencias.

Especialistas en derechos humanos y discapacidad han señalado que la gestión del riesgo debe considerar las necesidades de todas las personas, particularmente de quienes enfrentan mayores barreras durante evacuaciones, rescates o situaciones de desastre.

En ese contexto, el acceso a la información pública y el control ciudadano se convierten en herramientas clave para evaluar cómo las instituciones incorporan estos principios en sus políticas y prácticas operativas.

Mientras tanto, la discusión continúa sobre cómo fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, gobiernos locales y organizaciones de personas con discapacidad para garantizar que la infraestructura de emergencias sea segura, accesible e inclusiva para toda la población.

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