Colypro exige derogar Ley contra la revictimización de menores y denuncia persecución al magisterio
El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) solicitó la eliminación total de la Ley 9999, al considerar que esta normativa ha generado una crisis profunda dentro del sistema educativo costarricense, promoviendo —según su criterio— un clima de persecución, miedo y vulnerabilidad laboral contra el magisterio nacional.
La posición fue expresada por el presidente de la Junta Directiva de Colypro, César Toruño, quien rechazó cualquier intento de reforma parcial de la ley, argumentando que se trata de una normativa “mal hecha”, carente de equilibrios jurídicos y utilizada como instrumento para “condenar y perseguir” a los docentes.
Las declaraciones surgen en el contexto de un proceso masivo de capacitaciones impulsado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para orientar sobre la aplicación de la Ley 9999. Sin embargo, Colypro aclaró que el descontento del sector no obedece a las capacitaciones, sino a la existencia misma de la norma.
“Esto no se va a resolver con capacitaciones ni directrices. El problema de fondo es la Ley 9999 y la única solución real es eliminarla”, enfatizó Toruño.
Una ruta en cinco pasos
Como parte de su posicionamiento, Colypro planteó una hoja de ruta para enfrentar lo que consideran una crisis estructural:
Derogar completamente la Ley 9999 mediante un proyecto legislativo que será promovido en la Asamblea Legislativa.
Emitir directrices inmediatas a las direcciones regionales del MEP para frenar interpretaciones discrecionales que, según denuncian, permiten sanciones arbitrarias.
Impulsar una Ley para la Defensa del Magisterio Nacional, que sería presentada en mayo próximo.
Garantizar los derechos estudiantiles con la normativa vigente, sin recurrir a leyes que —afirman— vulneran el debido proceso y la presunción de inocencia de los docentes.
Abrir un debate nacional con familias y sociedad civil para frenar prácticas como el acoso digital, campañas de linchamiento mediático, grabaciones descontextualizadas de clases y denuncias coordinadas.
Para la organización, estas dinámicas han instalado un “círculo de miedo” que deteriora el tejido social del sistema educativo, afecta la salud mental del personal docente y debilita la calidad educativa.
¿Qué establece la Ley 9999?
La Ley 9999 tiene como finalidad prevenir la revictimización en los procesos de denuncia, investigación y atención institucional, especialmente en casos relacionados con maltrato físico, emocional, abuso sexual, acoso, negligencia y otras formas de violencia dentro del entorno educativo.
La normativa obliga a las instituciones a priorizar el interés superior del menor, garantizando su dignidad, integridad física y emocional, así como el respeto a sus derechos durante los procedimientos administrativos y disciplinarios.
Dentro del MEP, la ley funciona como un marco obligatorio para la atención de denuncias contra funcionarios, estableciendo el deber de actuar de manera preventiva, inmediata y protectora, con énfasis en evitar la exposición innecesaria de los menores a procesos que puedan generarles daño psicológico adicional.
No obstante, la ley no desarrolla mecanismos claros de protección jurídica ni protocolos específicos para los docentes denunciados, lo que ha sido señalado por Colypro como un vacío normativo grave que fomenta la percepción de indefensión laboral.
Capacitación confirma ausencia de protocolos de protección
Durante la primera capacitación nacional impartida por el MEP sobre la aplicación de la Ley 9999, se confirmó una de las principales preocupaciones del magisterio: no existen protocolos ni mecanismos institucionales que protejan al docente ante una denuncia falsa o infundada.
Así lo reconoció Nelly Venegas Brenes, jefa del Departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP, al responder una consulta directa durante la actividad, moderada por Adriana Retana Varela.
“Sobre este tema no tenemos una normativa expresa que venga a regular, resguardar o proteger al denunciado. En este sentido, el MEP no tiene protocolos”, indicó Venegas.
Como única alternativa, la funcionaria recomendó que, si la situación afecta la salud mental del docente, este acuda a atención psicológica en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o en el Instituto Nacional de Seguros (INS), lo que profundizó la sensación de abandono institucional.
Debate abierto
La exigencia de Colypro abre un debate nacional complejo, que enfrenta dos principios fundamentales: la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, y la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia y la estabilidad emocional y laboral del personal docente.
Mientras el magisterio denuncia un clima de persecución y desprotección jurídica, sectores defensores de derechos humanos y de la niñez advierten sobre el riesgo de retrocesos en los mecanismos de protección ante situaciones reales de violencia.
El futuro de la Ley 9999 se perfila así como uno de los principales campos de disputa política, jurídica y social en el ámbito educativo costarricense durante el presente año.
