Costa Rica ante el “modelo Bukele”: entre la promesa de seguridad y las alertas democráticas
San José, Costa Rica – Febrero de 2026.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, ha anunciado su intención de adoptar elementos del modelo de seguridad impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para enfrentar el avance del narcotráfico y la violencia criminal en el país. La propuesta ha generado un intenso debate nacional e internacional, en el que convergen expectativas de resultados rápidos, advertencias sobre riesgos institucionales y análisis técnicos sobre su viabilidad.
Un contexto marcado por la violencia
Durante décadas, Costa Rica fue considerada uno de los países más seguros de América Latina. Sin embargo, en los últimos años, la situación se ha deteriorado de manera significativa. El país pasó de ser un simple territorio de tránsito de drogas a convertirse en un centro logístico clave para el narcotráfico con destino a Estados Unidos y Europa.
Este cambio ha estado acompañado de un aumento sostenido en los homicidios, la expansión de redes criminales y un crecimiento del control territorial por parte de estructuras ligadas al narcotráfico, particularmente en zonas costeras y portuarias. Las cifras oficiales indican que Costa Rica alcanzó en 2024 y 2025 tasas históricas de violencia, lo que convirtió la seguridad en el eje central del reciente proceso electoral.
En ese contexto, la propuesta de replicar el modelo salvadoreño aparece como una respuesta política directa a la demanda ciudadana de orden, control y resultados inmediatos.
¿En qué consiste el modelo Bukele?
El llamado “modelo Bukele” se caracteriza por una política de mano dura, basada en el régimen de excepción permanente, detenciones masivas, ampliación del encarcelamiento, construcción de megacárceles —como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)— y una concentración significativa del poder en el Ejecutivo.
Desde su implementación en 2022, El Salvador ha registrado una reducción drástica de los homicidios, pasando de ser uno de los países más violentos del mundo a reportar tasas históricamente bajas. Para amplios sectores de la población salvadoreña, la política de seguridad ha significado la recuperación del control territorial, la reapertura de espacios públicos y una sensación generalizada de mayor tranquilidad.
Estos resultados han sido destacados por organismos multilaterales, medios internacionales y líderes políticos de la región como evidencia de una transformación profunda del panorama de seguridad.
Los aspectos positivos: resultados rápidos y control territorial
Entre los principales argumentos a favor del modelo destacan:
Reducción acelerada de homicidios y delitos violentos.
Recuperación de zonas controladas por estructuras criminales.
Disminución del poder territorial de las pandillas.
Alta percepción ciudadana de seguridad.
Para sectores políticos y parte de la ciudadanía costarricense, estos resultados muestran que un enfoque más severo podría ser efectivo frente al crecimiento del narcotráfico, especialmente ante la lentitud del sistema judicial, la sobrecarga del Poder Judicial y la fragmentación institucional.
La propia Laura Fernández ha sostenido que la clave está en “cortar la conexión del crimen organizado con el mundo exterior” y avanzar hacia un sistema penitenciario de alta seguridad que impida la operación criminal desde las cárceles.
Las críticas: derechos humanos, Estado de derecho y concentración de poder
Sin embargo, el modelo también enfrenta fuertes cuestionamientos. Organizaciones como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos organismos de Naciones Unidas han documentado graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador, incluyendo:
Detenciones arbitrarias.
Ausencia sistemática del debido proceso.
Uso excesivo de la fuerza.
Encarcelamiento masivo sin pruebas suficientes.
Muerte de cientos de personas bajo custodia estatal.
Traslado de menores a cárceles para adultos.
Expertos en derecho constitucional y ciencia política advierten que el régimen de excepción prolongado ha erosionado la independencia judicial, debilitado el control legislativo y concentrado el poder en el Ejecutivo, lo que representa un riesgo estructural para la democracia.
Desde la academia, analistas como Celia Medrano y Ana María Méndez coinciden en que el éxito salvadoreño no constituye un modelo exportable automáticamente, ya que responde a condiciones muy específicas: presencia dominante de pandillas, estructura territorial concentrada y un Estado con amplias facultades excepcionales.
Además, estudios recientes en criminología señalan que el encarcelamiento masivo no reduce estructuralmente el crimen organizado, si no se acompaña de políticas de prevención, rehabilitación, reinserción social, control financiero y combate a la corrupción institucional.
¿Es viable trasladar este modelo a Costa Rica?
El caso costarricense presenta diferencias sustanciales. A diferencia de El Salvador, Costa Rica:
No tiene ejército.
Posee una fuerte tradición constitucional garantista.
Cuenta con un sistema judicial independiente.
Tiene un entramado institucional complejo con fuertes contrapesos democráticos.
Enfrenta estructuras criminales más fragmentadas, vinculadas al narcotráfico transnacional, no a pandillas territoriales clásicas.
Especialistas en seguridad pública advierten que replicar mecánicamente el modelo Bukele podría generar conflictos constitucionales, crisis institucional y judicialización masiva de las políticas públicas, sin garantizar resultados sostenibles.
Para sectores técnicos, una estrategia eficaz debería combinar:
Inteligencia policial avanzada.
Fortalecimiento del OIJ y la Fiscalía.
Control estricto de puertos y fronteras.
Persecución financiera del narcotráfico.
Reformas penitenciarias con enfoque en control, pero también en reinserción.
Prevención social en territorios vulnerables.
Un debate abierto
El anuncio de Laura Fernández abre uno de los debates más relevantes de los últimos años en Costa Rica: hasta dónde puede el Estado endurecer su política de seguridad sin sacrificar su tradición democrática, jurídica y de derechos humanos.
Mientras una parte de la población exige respuestas rápidas frente a la violencia, otro sector advierte que el precio institucional podría ser demasiado alto.
El desafío del nuevo gobierno será encontrar un equilibrio entre eficacia, legalidad y legitimidad democrática, en un contexto regional marcado por el avance del crimen organizado y la tentación autoritaria como respuesta inmediata.
