Asociación envía recomendaciones a la Asamblea Legislativa sobre reforma de la Ley contra la Trata de Personas
La Asociación agencia para el desarrollo accesible sin fronteras de la sociedad civil envió una carta a la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa para presentar un análisis jurídico-constitucional sobre el proyecto de reforma de la Ley N.° 9095 contra la Trata de Personas, así como la creación y fortalecimiento de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT).
El proyecto legislativo busca actualizar la normativa costarricense para enfrentar de manera más efectiva la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, ampliar mecanismos de prevención, atención y sanción, y endurecer las penas del Código Penal. La reforma también pretende mejorar la coordinación interinstitucional mediante la integración de ministerios, órganos de justicia, PANI, INAMU, CCSS, el sector privado y organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer la CONATT y el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI).
Entre los aspectos positivos señalados por la asociación destacan: el fortalecimiento institucional, el enfoque en datos y evidencia a través de indicadores confiables sobre casos y víctimas, la protección diferenciada de grupos vulnerables como niños, adolescentes, personas mayores y con discapacidad, y la accesibilidad de la información pública, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, el análisis también identificó puntos débiles del proyecto, como la ambigüedad en la distribución de funciones entre las instituciones participantes, los estrictos requisitos de participación para organizaciones no gubernamentales, la ausencia de criterios claros de agravación de penas en casos complejos de explotación y una baja tasa histórica de persecución y condenas bajo la legislación vigente.
Para mejorar la reforma, la asociación propuso clarificar responsabilidades institucionales, establecer criterios objetivos de selección de ONG, alinear la ley con estándares internacionales como el Protocolo de Palermo, y fortalecer la investigación y persecución penal mediante unidades especializadas dentro del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Adjunta.
En su conclusión, la organización reconoce los avances del proyecto en coordinación, protección de derechos y transparencia, pero enfatiza que el éxito de la reforma dependerá de una implementación clara, coherente y técnicamente robusta, con participación social efectiva y mecanismos de persecución penal fortalecidos.
