San José, martes 3 de febrero de 2026. Concluida la jornada electoral del domingo anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reiteró su preocupación por el incumplimiento de la veda de encuestas, pese a las advertencias realizadas de forma previa y durante el proceso de votación.
La elección, caracterizada por una alta participación ciudadana y un desarrollo mayoritariamente ordenado en los centros de votación, también dejó en evidencia los desafíos que enfrenta la autoridad electoral para hacer cumplir la normativa en el entorno digital, particularmente en redes sociales y plataformas de mensajería.
En la sesión extraordinaria n.º 10-2026, celebrada el domingo 1.º de febrero, la Magistratura Electoral recordó a partidos políticos, candidaturas, medios de comunicación, casas encuestadoras y a la ciudadanía en general que la legislación electoral prohíbe expresamente “la difusión o publicación, total o parcial, por cualquier medio, de sondeos de opinión y encuestas relativas a procesos electorales” durante los tres días previos y el propio día de la elección.
La normativa vigente establece sanciones económicas que oscilan entre los 10 y 50 salarios base —equivalentes a montos que pueden superar los 23 millones de colones— y advierte que el desacato a estas disposiciones podría configurar el delito de desobediencia, sancionado incluso con penas privativas de libertad.
No obstante, durante la jornada electoral se detectó la circulación de resultados parciales de encuestas y sondeos en redes sociales y algunas plataformas digitales, prácticas que contravienen directamente la veda electoral. De acuerdo con fuentes del TSE, estos hechos serán analizados posteriormente y podrían dar lugar a procedimientos sancionatorios.
El Tribunal enfatizó que la prohibición de divulgar encuestas no constituye un simple formalismo legal, sino una medida esencial para garantizar que el voto ciudadano se emita de manera libre, informada y sin presiones externas. “La veda electoral protege la integridad del proceso democrático y evita que información parcial, imprecisa o manipulada incida en la decisión de las personas electoras”, subrayó la Magistratura.
Si bien la mayoría de los centros de votación operaron con normalidad, la difusión informal de datos de encuestas evidenció los retos que impone la inmediatez digital. Según el TSE, este tipo de información puede generar confusión y afectar la percepción pública de los resultados antes de que concluya el escrutinio oficial.
Tras el cierre de las urnas, la autoridad electoral anunció que dará seguimiento detallado a las posibles infracciones relacionadas con la divulgación de sondeos de opinión y que aplicará las sanciones correspondientes cuando así proceda. La Magistratura recordó que la responsabilidad no recae únicamente en medios de comunicación o casas encuestadoras, sino también en la ciudadanía, que debe abstenerse de compartir este tipo de contenidos durante el período de prohibición.
El balance final de la jornada electoral deja una lección clara para futuros procesos: la vigilancia y el cumplimiento de la veda de encuestas siguen siendo un desafío en la era digital. Frente a ello, el TSE reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección del voto libre, pilares fundamentales de la democracia costarricense.
