Costa Rica elimina penas de cárcel contra periodistas por injurias y calumnias
Asamblea Legislativa aprueba reforma histórica que fortalece la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este miércoles, en segundo y último debate, una reforma legal que elimina las penas de prisión contra periodistas por los delitos de injurias y calumnias, en una decisión considerada histórica para la protección de la libertad de prensa y el fortalecimiento del sistema democrático.
El proyecto fue aprobado con 43 votos a favor y deroga dos artículos de la Ley de Imprenta que actualmente contemplaban penas de cárcel por delitos contra el honor cometidos en el ejercicio del periodismo. Con esta votación, el texto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su firma y posterior publicación oficial.
Un avance para la libertad de expresión
La reforma busca garantizar el libre ejercicio de la profesión periodística, evitando el uso del derecho penal como mecanismo de presión, censura o intimidación contra comunicadores que investigan y publican información de interés público.
Diversos sectores nacionales e internacionales han señalado que la criminalización del ejercicio periodístico mediante sanciones penales resulta incompatible con los estándares modernos de derechos humanos y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que promueve el uso del derecho civil, y no el penal, para dirimir conflictos relacionados con el honor.
Con esta modificación, Costa Rica se alinea con las mejores prácticas internacionales en materia de libertad de expresión, consolidando su imagen como una democracia sólida, respetuosa del derecho a la información y del debate público abierto.
Protección al debate público y al control ciudadano
La eliminación de las penas de cárcel representa una garantía adicional para que los periodistas puedan ejercer su labor de investigación, denuncia y fiscalización del poder, sin temor a represalias penales.
Especialistas en derecho constitucional y comunicación han advertido que el riesgo de prisión genera autocensura, debilitando la función social del periodismo como pilar del control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas.
La reforma no elimina la posibilidad de reclamar por eventuales daños al honor, sino que traslada estos conflictos al ámbito civil, manteniendo un equilibrio entre la protección de la reputación y el derecho colectivo a estar informado.
Un paso clave para la democracia
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa, colegios profesionales y colectivos de periodistas han celebrado la aprobación del proyecto, señalando que se trata de una conquista histórica para el gremio y para la sociedad costarricense en su conjunto.
La decisión legislativa fortalece el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, oportuna y de interés público, y reafirma el compromiso del país con los principios democráticos, la transparencia y los derechos fundamentales.
Con la firma presidencial pendiente, Costa Rica se encamina a cerrar definitivamente una etapa de criminalización del ejercicio periodístico, avanzando hacia un modelo más garantista, moderno y respetuoso de la libertad de expresión.
