La seguridad de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica se encuentra bajo escrutinio público tras el asesinato de figuras opositoras y las denuncias sobre presuntas células sandinistas operando en el país. Aunque el gobierno costarricense ha reiterado que el modelo de seguridad no discrimina entre nacionales y refugiados, las respuestas institucionales parecen insuficientes frente a los temores latentes de la comunidad exiliada.
El Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, instó a los refugiados que se sientan amenazados a acudir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y a la Unidad de Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial. Estas entidades coordinan medidas de protección civil, pero el llamado ocurre después de reclamos reiterados de activistas, exfuncionarios y familiares de víctimas por la aparente indiferencia estatal.
La violencia reciente ha avivado estas preocupaciones. El asesinato del Mayor retirado Roberto Samcam —crítico del régimen Ortega Murillo— con ocho impactos de bala en su vivienda en Moravia, y los atentados sufridos por el también opositor Joao Maldonado, han sembrado dudas sobre la efectividad del sistema de seguridad pública. A esto se suma el silencio del presidente Rodrigo Chaves, lo que ha sido interpretado como falta de voluntad política para enfrentar hechos considerados por muchos como crímenes transnacionales.
Desde distintas voces diplomáticas y ciudadanas se advierte que si existen agentes extranjeros operando en territorio costarricense, se trata de una afrenta directa a la soberanía nacional. Y aunque no se ha descartado una motivación política detrás del crimen de Samcam, las autoridades se limitan a señalar que cualquier hipótesis debe ser comprobada por el OIJ antes de considerarse como crimen político.
La situación actual interpela la tradición humanitaria del país y plantea un dilema de fondo: ¿cómo garantizar el derecho a la vida de quienes buscan refugio, sin dejar fisuras que amenacen la integridad territorial?
