La polémica en torno al exmagistrado Celso Gamboa —actualmente requerido en extradición por los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico— escaló este lunes 30 de junio, cuando el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez, insinuó en redes sociales que figuras del crimen organizado podrían haber tenido acceso al exclusivo residencial Monterán, donde vive el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
El epicentro de la controversia es un video filtrado que muestra a Gamboa ingresando al condominio Monterán, ubicado en Curridabat, lo que bastó para disparar especulaciones sobre posibles nexos entre el exmagistrado —quien enfrenta una solicitud de extradición por parte de Washington— y miembros del círculo de poder político costarricense.
La publicación de Ortega en la red social X (antes Twitter) fue directa en su ironía:“Todo indica que las excursiones guiadas a Monterán a la casa del presidente Rodrigo Chaves las ofrecía don Celso Gamboa. ¿Harían descuento a grupos (carteles)?”
Aunque el comentario tiene un tono sarcástico, el fondo del mensaje sugiere una grave insinuación: que Gamboa, con supuestos vínculos con el narcotráfico, podría haber facilitado el acceso de actores criminales al entorno inmediato del presidente.
La respuesta presidencial no se hizo esperar. En un comunicado oficial, Chaves rechazó categóricamente cualquier relación con Gamboa: “No conozco a Celso Gamboa, nunca he intercambiado mensajes con él, ni mucho menos ha sido visitado en mi residencia”, aseguró el mandatario, quien además tildó de “malintencionada” la publicación del video.
Chaves instó a las autoridades judiciales a investigar cualquier vínculo real y legítimo entre Gamboa y miembros del Poder Ejecutivo, dejando claro que —de existir pruebas— deberán tomarse las medidas del caso.
El trasfondo político y judicial del caso
Celso Gamboa, exmagistrado y exfiscal adjunto, ha sido una figura controversial en el ámbito judicial costarricense. Su posible vinculación con redes criminales transnacionales ha desatado una tormenta política y mediática, al punto que el Gobierno estadounidense formalizó una solicitud de extradición.
La aparición de Gamboa en Monterán ha generado sospechas sobre sus movimientos y conexiones actuales, especialmente por tratarse de una zona de alta seguridad residencial y porque la coyuntura política no es menor: Costa Rica ha sido señalada internacionalmente por su vulnerabilidad ante la penetración del narcotráfico en la institucionalidad del Estado.
Ortega y el papel del Frente Amplio
El diputado Ortega ha sido una de las voces más críticas dentro del Congreso respecto a la gestión de Chaves y su política de seguridad. Aunque su comentario puede parecer frívolo, forma parte de una estrategia de confrontación más amplia del Frente Amplio, que exige mayor transparencia y rendición de cuentas en materia de lucha contra el crimen organizado.
Su publicación provocó reacciones divididas en redes sociales: mientras sectores oficialistas la consideraron una irresponsabilidad y una falta de respeto institucional, otros la vieron como una alerta necesaria sobre los riesgos de que personajes cuestionados sigan operando con impunidad en las cercanías del poder.
¿Casualidad o señal de alarma?
El caso deja abiertas varias preguntas:
¿Cómo logró Gamboa ingresar a un condominio con seguridad privada como Monterán?
¿Estaba visitando a alguien en particular?
¿Se tomarán medidas para esclarecer sus movimientos y posibles vínculos?
Más allá de las formas, lo que está en juego es la credibilidad institucional en un momento de creciente presión internacional para que Costa Rica endurezca su combate contra el crimen organizado.
Mientras el Ministerio Público y la Corte Suprema avanzan en otros procesos de alto perfil —incluida una solicitud para levantar la inmunidad del propio presidente Chaves por un caso distinto—, la presencia de Gamboa en Monterán y la reacción política que ha generado podrían ser solo el inicio de una cadena de revelaciones aún por esclarecer.
Este artículo forma parte del seguimiento especial a los casos de corrupción y crimen organizado que afectan a las estructuras políticas e institucionales en Costa Rica.
