A pesar de que la Ley 10113 —que regula el cannabis con fines médicos y terapéuticos en Costa Rica— ya cuenta con reglamento vigente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no tiene aún investigaciones en curso ni ha proyectado implementar tratamientos con cannabis medicinal dentro de su sistema de salud.
Así lo confirmó la institución a través de su Oficina de Prensa, luego de una consulta enviada por este medio sobre el papel que asumirá la CCSS tras la entrada en vigor del reglamento que operativiza esta ley. La respuesta oficial provino del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), órgano técnico-científico de la Caja.
“No se ha realizado ningún estudio aún; no se tiene proyectado hacer un estudio clínico o investigación al respecto ahorita, pero el tema sí quedó dentro de los temas de prioridades de investigación, enmarcado dentro de tratamientos emergentes”, señaló Jorge Arturo Jiménez Brizuela, director del CENDEISSS.
La confirmación revela una postura cautelosa por parte de la institución, que si bien reconoce el interés científico, no ha dado pasos firmes para avanzar en la investigación ni en la integración de productos terapéuticos derivados del cannabis a su oferta institucional. Tampoco se han anunciado protocolos clínicos ni lineamientos para el uso de estos tratamientos bajo prescripción médica.
Esta falta de acciones contrasta con la demanda creciente de pacientes que, amparados en la legalidad de la Ley 10113, buscan opciones más accesibles y seguras dentro del sistema público para tratar dolencias crónicas, dolor, epilepsia refractaria, efectos secundarios de quimioterapia y otros padecimientos donde el cannabis medicinal ha mostrado beneficios terapéuticos en múltiples países.
Además, queda en suspenso el posible rol que podrían tener las farmacias de la CCSS en la futura distribución de estos productos, así como los procedimientos que deberían seguir los pacientes interesados en acceder a tratamientos avalados por el Estado.
La omisión de una ruta clara y la falta de vocerías institucionales para informar públicamente sobre este tema generan incertidumbre en una población que, con justificación legal, espera respuestas sobre la implementación de una política de salud pública integral e inclusiva en esta materia.
Desde el Periódico Informativo reiteramos la necesidad de un diálogo abierto, responsable y transparente con las autoridades de la CCSS sobre esta temática, y extendemos la invitación para una futura entrevista con personal técnico o directivo que pueda brindar mayores luces sobre cómo la institución abordará, en el corto o mediano plazo, la regulación del cannabis medicinal como parte de su estrategia de atención.
¿Qué sigue?
Mientras la CCSS define su hoja de ruta, corresponderá al Ministerio de Salud y a otras instituciones públicas avanzar en la implementación de la ley, garantizando que las personas usuarias puedan ejercer su derecho a tratamientos innovadores sin barreras económicas ni burocráticas.
