La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adjudicó este viernes 25 de abril un procedimiento especial de contratación urgente con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios de atención primaria en siete áreas de salud, beneficiando a aproximadamente 550.000 habitantes distribuidos en 138 Ebáis.
Las áreas de salud adjudicadas son: Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, Tibás, San Pablo y Barva. La decisión fue tomada por la Junta de Adquisiciones, integrada por los cinco gerentes de la CCSS (Médica, Administrativa, Financiera, Logística e Infraestructura y Tecnologías), luego de analizar informes técnicos, administrativos, financieros y legales, además de seguir la recomendación de la Gerencia Médica.
Esta adjudicación se da en un contexto sensible para la institución, ya que estos contratos fueron el centro del llamado Caso Barrenador, investigación que involucra a la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel y a otros siete exdirectivos de la Caja.
Cooperativas a cargo de la prestación de servicios
La prestación de los servicios de salud estará en manos de las siguientes cooperativas:
COOPESANA R.L. (Santa Ana)
COOPESIBA R.L. (Barva)
COOPESALUD R.L. (varias áreas)
COOPESAIN R.L. (varias áreas)
El contrato adjudicado tendrá una duración de 30 meses, comenzará el 1.º de julio de 2025 y no tendrá prórroga. El monto asignado asciende a ¢64.738 millones. La CCSS destacó que todas estas cooperativas tienen más de 20 años de experiencia brindando servicios de salud, respaldando así su idoneidad para asumir esta responsabilidad.
Áreas sin adjudicar y plan de contingencia
No todas las áreas de salud fueron adjudicadas. En el caso de La Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho, la adjudicación fue declarada infructuosa debido a que el proveedor actual no presentó ofertas. Para atender a los 90.000 usuarios de estas zonas, la CCSS activará un plan de contingencia, según confirmó el gerente médico, doctor Alexander Sánchez.
El plan de contingencia ya había sido preparado y presentado a la junta directiva el 27 de marzo, previendo esta situación.
Un procedimiento especial bajo justificación legal
La contratación se amparó en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, que permite adjudicar directamente a un “proveedor idóneo” cuando se justifica que es el mejor capacitado para atender la necesidad pública.
Además, se realizó un análisis de razonabilidad de precios por parte del área de Contabilidad de Costos de la CCSS, que concluyó que los montos adjudicados son coherentes con los precios históricos, considerando ajustes correspondientes.
La CCSS recordó que el plazo máximo para concretar esta contratación vencía el 30 de abril de 2025. El procedimiento especial se activó luego de la anulación de una licitación mayor previa, ordenada en marzo pasado debido a la detección de vicios en el proceso.
