San José, Costa Rica. Un grupo internacional de abogados en derechos humanos presentó una demanda contra el Estado costarricense ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, alegando que el país violó los derechos fundamentales de 81 niños migrantes detenidos en condiciones precarias tras ser deportados desde Estados Unidos en febrero.
Los menores, algunos de tan solo dos años, formaban parte de un grupo de aproximadamente 200 personas originarias de Afganistán, China, Rusia y otros países asiáticos. Estas personas fueron deportadas como parte de una política migratoria endurecida bajo la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, que buscaba externalizar los procesos de deportación hacia países centroamericanos como Costa Rica y Panamá.
Según el Consejo Global de Litigios Estratégicos (GSLC), junto con otros organismos defensores de derechos humanos, los niños fueron retenidos durante casi dos meses en una antigua fábrica convertida en centro de procesamiento migratorio, conocida como CATEM, ubicada cerca de la frontera con Panamá. La demanda alega que estuvieron en “detención indefinida”, sin acceso adecuado a servicios de salud mental ni educación, y sin acompañamiento legal apropiado.
“La mayoría de estas familias no habla español y fueron dejadas en un limbo legal y emocional”, explicó la abogada Silvia Serna Román, una de las firmantes de la demanda. “Estamos hablando de menores que ya venían de contextos traumáticos y que ahora enfrentan condiciones de encierro, aislamiento y falta de claridad sobre su futuro.”
El gobierno costarricense ha sostenido que las personas migrantes pueden abandonar el centro si solicitan asilo en Costa Rica o aceptan regresar a sus países de origen. No obstante, muchas familias han optado por permanecer en el lugar por temor a quedarse en la calle sin recursos, expuestas a riesgos aún mayores.
“La única certeza que tienen dentro del CATEM es que ahí hay comida, un techo y algo de seguridad”, añadió Serna Román.
Las condiciones en el centro han sido duramente cuestionadas. Aunque el acceso a la prensa ha sido restringido, reportes previos indican que las familias duermen en el suelo, en cartones o tiendas de campaña, con escasez de alimentos y filtraciones de baños portátiles.
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ya había alertado sobre el estado físico y emocional de los deportados a su llegada, advirtiendo que muchos presentaban signos visibles de angustia. Sin embargo, dichas denuncias fueron minimizadas por autoridades gubernamentales.
El presidente Rodrigo Chaves, al ser consultado en febrero, defendió la colaboración con Estados Unidos, alegando que “Costa Rica estaba ayudando a su hermano del norte”. Esta declaración ha generado controversia entre sectores que denuncian una supuesta sumisión del país a intereses externos, a expensas de los derechos humanos de poblaciones vulnerables.
La demanda contra Costa Rica se suma a otras acciones legales similares interpuestas por GSLC en contra de Panamá y El Salvador, países señalados por condiciones inhumanas de detención a migrantes, en algunos casos incluso con denuncias de detenciones arbitrarias y falta de pruebas sobre supuestas vinculaciones con pandillas.
El caso pone de relieve una nueva y preocupante dinámica regional, en la que países centroamericanos podrían estar actuando como intermediarios en procesos migratorios que atentan contra tratados internacionales de protección a la niñez y a personas solicitantes de asilo.
