El aumento de las estafas electrónicas en Costa Rica ha alcanzado cifras alarmantes, convirtiéndose en un problema urgente que afecta a miles de ciudadanos. En respuesta a esta situación, se ha propuesto una reforma legislativa con el objetivo de fortalecer la protección de los consumidores y agilizar los procedimientos para la devolución de los fondos sustraídos.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 2023 fue el segundo peor año en la historia del país en cuanto a estafas electrónicas, con un perjuicio económico de aproximadamente ₦19.827 millones y $2,2 millones de dólares. Esta realidad ha generado una fuerte presión social para reformar la normativa vigente y adaptarla a las nuevas formas de ciberdelincuencia.
El Calvario de las Víctimas
Las personas afectadas por este tipo de delitos enfrentan un proceso tortuoso, lento e inefectivo al tratar de recuperar sus fondos. Muchas entidades bancarias no devuelven el dinero sustraído, obligando a los afectados a recurrir a servicios legales costosos que, en muchos casos, resultan inaccesibles.
Además, el marco legal actual no establece claramente la responsabilidad de las instituciones financieras, lo que deja a los consumidores en una situación de indefensión.
Entre los testimonios de las víctimas se encuentran casos desgarradores, como el de una mujer que mientras daba a luz fue despojada de sus ahorros o el de un hombre que, al llegar al aeropuerto, descubrió que su cuenta había sido vaciada.
La impotencia y la angustia generadas por estas situaciones han llevado a muchas personas a enfrentar problemas de salud mental debido al estrés y la frustración.
Puntos Claves de la Reforma
Esta iniciativa busca establecer un marco jurídico más justo y eficaz para las víctimas de estafas electrónicas, contemplando los siguientes cambios fundamentales:
- Responsabilidad de las Entidades Financieras: Los bancos, tanto públicos como privados, serán responsables de la custodia de los fondos de sus clientes y deberán indemnizar los perjuicios ocasionados por la sustracción de dinero, salvo en casos de fraude cometido por el propio usuario.
- Aceleración de Procesos de Denuncia: Se establecerán plazos más cortos para que las entidades bancarias atiendan las denuncias de fraude y devuelvan el dinero a los afectados.
- Registro de «Cuentas Mulas»: Se creará un registro de cuentas utilizadas para recibir dinero fraudulento, con el fin de identificar y sancionar a quienes faciliten estos delitos.
- Capacitación de Funcionarios Bancarios: Se exigirá que los empleados de las entidades financieras reciban formación especializada para atender de manera eficiente a las víctimas de fraude.
- Supervisión del Banco Central de Costa Rica: Esta institución deberá implementar mecanismos para prevenir fraudes y colaborar con el sistema financiero en la lucha contra estos delitos.
- Endurecimiento de Sanciones: Se tipificará el «auto fraude», para evitar que personas simulen ser víctimas con el fin de obtener beneficios indebidos.
Hacia una Justicia Más Eficiente
La reforma también plantea modificaciones en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N.° 7472), estableciendo la inversión de la carga de la prueba en favor de las víctimas de fraude, lo que significa que será responsabilidad de las entidades bancarias demostrar que cumplieron con los estándares adecuados de ciberseguridad.
Este esfuerzo legislativo representa un paso crucial para garantizar una justicia pronta y cumplida a los afectados, asegurando que los consumidores no queden desprotegidos ante los avances tecnológicos utilizados por el crimen organizado.
Con esta normativa, se espera cerrar brechas legales, dotar a las víctimas de herramientas efectivas para recuperar sus bienes, proteger su estabilidad económica y emocional.
El país enfrenta un desafío significativo en la lucha contra el fraude digital, la aprobación de esta reforma sería un paso decisivo en la defensa de los derechos de los ciudadanos, en la consolidación de un sistema financiero más seguro y transparente.
