CCSS busca garantizar continuidad del servicio
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se reunió el lunes 10 de febrero pasado con representantes de cuatro cooperativas y una asociación vinculada al Hospital Clínica Bíblica, encargadas de administrar 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) en distintas zonas del país. El objetivo del encuentro fue discutir el próximo vencimiento de sus contratos y garantizar la continuidad del servicio.
Las áreas de salud afectadas incluyen Escazú, La Carpio-León XIII, Pavas, Santa Ana, Tibás, Desamparados, San Francisco-San Antonio, San Sebastián-Paso Ancho, San Pablo y Barva de Heredia. Según la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, el compromiso de la institución es evitar interrupciones en la prestación de los servicios de salud.
Investigación por presuntas irregularidades
El proceso de contratación de estos proveedores ha estado bajo la lupa desde que el Ministerio Público abrió en 2024 una investigación contra la expresidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, y otras siete personas. Se les acusa de haber ejercido un aparente “control” sobre la licitación de estos servicios, lo que habría generado pérdidas para la institución de aproximadamente ₡124 mil millones en un periodo de diez años debido a sobreprecios.
En septiembre de 2024, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó 28 allanamientos y detuvo a Esquivel junto con otros altos funcionarios de la CCSS. La investigación sigue en curso y ha generado preocupación en distintos sectores de la salud.
Garantía del servicio hasta junio de 2025
Por el momento, la CCSS ha asegurado que los 138 Ebáis continuarán operando con normalidad hasta junio de 2025. No obstante, el futuro de estas contrataciones aún es incierto, y las autoridades trabajan en un proceso transparente para definir el nuevo esquema de gestión de estos centros de salud comunitarios.
El debate sobre si la administración de los Ebáis debe seguir en manos de cooperativas o pasar completamente a la CCSS sigue abierto, con opiniones divididas entre quienes defienden la eficiencia de las organizaciones privadas y quienes abogan por una mayor supervisión estatal en la prestación de estos servicios esenciales.
