En un contexto de alta relevancia para la prestación de servicios de salud a más de 587 mil costarricenses, la cooperativa Coopesalud R.L. ha expresado su respaldo a la decisión de la Fiscalía General de Costa Rica de continuar con el denominado Caso Barrenador. Esta decisión se tomó pese a la inmunidad parlamentaria que podría adquirir Marta Esquivel, expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La cooperativa enfatiza que el artículo 400 del Código Procesal Penal permite la separación de los miembros de los supremos poderes de los procedimientos judiciales, sin que ello detenga la continuidad del proceso para otras partes involucradas. Según Coopesalud, esta medida es esencial para salvaguardar tanto su reputación como la estabilidad de los servicios de salud brindados por las cooperativas, quienes afirman haber generado un ahorro significativo para la CCSS.
Cuestionamientos al Informe de Contabilidad de Costos de la CCSS
Coopesalud argumenta que los supuestos sobreprecios señalados por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS carecen de sustento y que, al contrario, las cooperativas han generado un ahorro de más de 55 mil millones de colones en los procesos de adjudicación. El abogado de la cooperativa, Sergio Castillo, abogó por la realización de pericias contables que permitan determinar los hechos de forma técnica y objetiva.
“La continuidad del proceso permitirá demostrar que las ofertas adjudicadas representan ahorros importantes para la institución y que los señalamientos de irregularidades no tienen base técnica”, afirmó Castillo.
Denuncia Contra la Fiscalía de Probidad
Además, el equipo jurídico de Coopesalud ha presentado una denuncia ante la Inspección Fiscal en relación con el manejo de una prueba clave en el caso: un documento preliminar del Estudio de Razonabilidad de Precios. Según la cooperativa, la Fiscalía de Probidad declaró falsa esta prueba sin realizar una revisión técnica exhaustiva ni verificar su versión digital.
“La Fiscalía emitió un criterio subjetivo sin basarse en un análisis técnico adecuado, lo que ha generado confusión y daños reputacionales significativos para nuestra organización”, añadió Castillo, quien aseguró que el documento en cuestión proviene del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS y que su contenido puede ser verificado mediante metadatos.
