La Asamblea Legislativa de Costa Rica está evaluando un proyecto de ley que obligaría a los sacerdotes a revelar información compartida en confesión en casos de abuso sexual contra menores y personas con discapacidad.
Esta iniciativa ha generado un intenso debate, especialmente con la oposición de la Iglesia Católica, que sostiene que dicha medida atenta contra la doctrina y la libertad religiosa.
La propuesta de ley presentada por el diputado Antonio Ortega Gutiérrez, del partido Frente Amplio, el proyecto plantea reformas al Código Procesal Penal de Costa Rica. Se busca que figuras de poder, incluidos los sacerdotes, enfrenten responsabilidades legales y económicas si facilitan o encubren delitos sexuales.
Además, propone que las personas en posiciones de autoridad —como médicos, abogados, funcionarios públicos y ministros religiosos— puedan ser obligados a testificar si la víctima libera el secreto profesional.
Esta reforma permitiría citar a religiosos en casos donde el testimonio de la víctima revele detalles de un posible delito. Así, con el consentimiento de la víctima, el secreto de confesión podría dejar de ser un impedimento para la justicia.
Respuesta de la Conferencia Episcopal
En un comunicado emitido el 30 de octubre, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) calificó la propuesta como «un ataque directo a la Doctrina y la Liturgia de la Iglesia Católica». La Iglesia se basa en el canon 983 del Código de Derecho Canónico, que establece el sigilo sacramental como inviolable, prohibiendo al confesor divulgar lo confesado bajo ninguna circunstancia.
Además, el canon 1386 estipula excomunión automática para quien infrinja este secreto.
Los obispos advirtieron que la ley podría forzar a los sacerdotes a revelar detalles confidenciales recibidos durante el sacramento de la confesión, incluso si no existen pruebas externas del delito.
La CECOR convocó a los católicos a «defensor de nuestra fe y la libertad religiosa en Costa Rica».
Controversia y llamados al diálogo
El 31 de octubre, en una reunión con la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Ortega solicitó a la CECOR rectificar su postura, asegurando que «la manipulación y la desinformación» solo obstaculizan la lucha contra la violencia sexual.
La oficina de comunicación de la CECOR respondió con un documento que enfatizaba su compromiso con la protección de los menores y la colaboración en políticas preventivas.
La Iglesia Católica sostiene que el sigilo sacramental no se opone a la justicia, sino que preserva la confesión como espacio seguro para el arrepentimiento y la guía espiritual.
La CECOR también manifestó que este proyecto de ley pone en peligro la libertad de culto al intentar «levantar el sigilo sacramental», considerado como un derecho fundamental para los creyentes.
Próximos pasos
El proyecto sigue en revisión y será debatido en la Asamblea Legislativa. La aprobación de esta ley implicaría cambios profundos en la relación entre la Iglesia y el Estado en Costa Rica, afectando tanto los derechos de las víctimas de abuso como las prácticas religiosas.
