En un contexto legal complejo, el oficio C-049-97, fechado el 3 de abril de 1997 y dirigido por el Lic. Omar Rivera Mesén, Profesional III, al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, destaca la interacción crucial entre leyes y la necesidad de adecuar la normativa a nuevas realidades sociales.
Contexto y problema planteado
El principal problema abordado en este oficio es la falta de concordancia entre dos leyes fundamentales para el trato de las personas con discapacidad en Costa Rica: la Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y la Ley Nº 5347, que crea el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Mientras que la primera ley establece que las organizaciones de personas con discapacidad deben tener una representación del 25% en el órgano directivo del todo rector, la segunda ley no contempla explícitamente a estas organizaciones en su composición.
El inciso b) del artículo 12 de la Ley Nº 7600 manda que las organizaciones de personas con discapacidad constituidas legalmente deben contar con un 25% de representación en el órgano directivo del Consejo. Sin embargo, la Ley Nº 5347, que regula la estructura del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, no incluye representantes de estas organizaciones, lo que plantea un conflicto en la implementación de la nueva normativa.
Análisis y Solución Propuesta
El oficio sostiene que, a pesar de que la Ley Nº 7600 no modifica explícitamente la Ley Nº 5347, la inclusión de un 25% de representantes de organizaciones de personas con discapacidad en el Consejo debe considerarse una reforma implícita a la Ley Nº 5347. Esto implica que el órgano directivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial debe ampliarse para incluir a estos representantes.
En términos prácticos, si el Consejo estaba compuesto originalmente por doce delegados, la reforma implícita requiere que se agreguen cuatro nuevos miembros, totalizando dieciséis delegados. Estos cuatro nuevos miembros representarían al 25% de la composición del Consejo, como lo establece la Ley Nº 7600.
Reglamentación y Responsabilidad
Otra cuestión abordada en el oficio es la reglamentación de la Ley Nº 7600. Según el artículo 82 de la misma ley, es responsabilidad del Poder Ejecutivo la elaboración del reglamento necesario para implementar la ley. Esta reglamentación debe aclarar y precisar las disposiciones de la ley para asegurar su correcta aplicación.
El oficio también menciona que el Poder Ejecutivo ha constituido una comisión para redactar este reglamento, el cual debe tener en cuenta todos los aspectos de la Ley Nº 7600 para garantizar su efectividad y adecuada ejecución.
Conclusión
El oficio C-049-97 subraya la importancia de la reforma implícita de la Ley Nº 5347, enfatizando que el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial debe integrar a las organizaciones de personas con discapacidad de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 7600. Además, reafirma la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la reglamentación de la ley para asegurar su correcta implementación.
Este caso ejemplifica cómo las reformas legislativas pueden requerir ajustes y adaptaciones en las estructuras existentes para cumplir con los nuevos principios legales, garantizando así una mayor inclusión y representación de las personas con discapacidad en los órganos de toma de decisiones relevantes.
