Argentina está bajo una nueva dictadura, tiene nuevos presos políticos.
Transcurridas cuatro décadas desde el fin del último sanguinario y corrupto régimen militar, el rioplatense y andino país sudamericano repite, con actualizaciones civiles, la tradicional subversión del orden democrático.
Milei, el soez y procaz “liberal libertario” -eufemismo por: ultraderechista- cumple el nuevo manual golpista, consistente en, básicamente: manipulación de masas acríticas, oratoria colmada de mentiras e inexactitudes, desnaturalización de las instituciones democráticas, ficticio combate a la corrupción tradicional -para reemplazarla-, autoritarismo disfrazado de firmeza ética.
Según el actual modus operandi de la ultraderecha global, las dictaduras son presentadas como gobiernos verdaderamente democráticos, apoyados sobre sólidos principios, prometedores de difíciles pero seguras políticas inspiradas en lograr el objetivo supremo: el bienestar de la gente, la salvación del país, el desarrollo con oportunidades para todos.
Por lo tanto, en una proporción creciente, los golpes de Estado ya no aparentan serlo, porque no requieren masiva movilización de tropas -al menos, no inicialmente-, porque son presentados, por quienes los perpetran, como, precisamente, lo opuesto: operaciones antigolpistas.
Lo que, al igual que sus antecesoras, las modernizadas dictaduras siguen necesitando es la imposición del terror de Estado, mediante la represión brutal, la neutralización de cualquier expresión de oposición -o de, apenas, disenso-, la masificación de la inseguridad individual y grupal estableciendo, explícita e implícitamente, la interiorización de que nadie que proteste/se oponga está libre de persecución.
El crescendo autoritario mileísta -que empezó con la motosierra, se mantuvo en el lenguaje soez y en la conducta procaz, y se consolidó en los seis meses transcurridos desde la juramentación presidencial, el 10 de diciembre-, tuvo punto culminante en la brutal represión lanzada contra la masiva manifestación popular de oposición a que el bicameral Congreso de la Nación aprobase -como hizo, de momento, parcialmente- la megaley de criminal reconstrucción del Estado.
Ante la claramente anunciada oposición a su claramente anunciado plan de destrucción del Estado -engañosa presentación de su maniobra para, corruptamente, restructurar al Estado-, Milei amenazó, en su discurso inaugural, con autocrática cero tolerancia respecto al derecho humano a la protesta.
En ese sentido, al afirmar que, llevándolo a la presidencia, los argentinos eligieron un nuevo contrato social, aseguró que “este nuevo contrato social, nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas sino que vele por nuestros derechos”.
Y, en previsión a las protestas populares que -como era entonces previsible- están ocurriendo, aclaró que se trata de “un país en el que el que las hace, las paga; un país en el que quien corta la calle (manifestándose), violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad”, y precisó -ahora, gritando-: “puesto en otros términos: el que corta no cobra!”.
Las amenazas se hicieron realidad, cuatro días después, cuando Bullrich firmó, el 14 de diciembre, la Resolución 943/2023, que contiene el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación.
Entre los conceptos contenidos en el manual de represión antipopular, las manifestación de protesta callejera son acciones realizadas para “alterar el orden público”.
El instructivo demuestra que Milei y Bullrich se autoperciben -junto con el estamento de seguridad- como una casta que tiene licencia para violar los derechos humanos.
Los cinco considerandos y los 15 artículos contenidos en el bando de Bullrich, lo demuestran con meridiana claridad.
“La urgencia de la situación, así como la confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública demandan la impartición de instrucciones a la Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, según el cuadro de situación planteado -sin mucho apego a las normas de puntuación-.
Ello, “a fin de ofrecerles un marco de certidumbre para su actuación, sin perjuicio de las decisiones de las autoridades judiciales o del ministerio Público Fiscal, cuando corresponda”.
Dicho sin hipocresía: se trata de legalizar la brutalidad policial -lo que parece constituir una obsesión, o una adicción, de la ministra-, lo que, necesariamente, implica la manipulación de la institucionalidad judicial.
Consecuentemente, el primer artículo determina que “la Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal”.
Y el segundo, determina que “la intervención a la que se refiere el artículo anterior se producirá sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina; sin perjuicio de comunicación inmediata al juez o fiscal competente”.
Esa disposición del código señala, además: “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
El protocolo de Bullrich, determina, en el tercer artículo, que, “por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario”.
Ello, “aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas”, según la misma disposición, la que prevé que “no se tomará en cuenta, a tales efectos, el hecho de que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación”.
De modo que, invariablemente, se reprime.
Eso es apenas natural, en Bullrich, una de cuyas más notorias actuaciones, durante y luego de su primer paso por el ministerio, consistió en su decidido apoyo al agente policial Luis Chocobar, quien, en la mañana del 8 de diciembre de 2017, en Buenos Aires, a balazos por la espalda, a un adolescente quien huía tras haber asaltado, violentamente, a un turista estadounidense.
A demás de la represión armada, el protocolo también prevé espionaje.
Sus artículos 6 a 8, y 12, lo determinan.
El sexto lo establece, claramente, al ordenar que, respecto a las protestas que bloqueen vía pública, “deberán ser identificados los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales no manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente”.
En el siguiente, se determina que “también serán identificados los vehículos con los cuales los manifestantes hubieran sido transportados”.
En el octavo, Bullrich impone la represión, puntualmente, por la vía del monitoreo de información sobre personas y organizaciones -o sea, espionaje-.
“Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores que hubieren podido ser registrados por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales -ya se trate de organizaciones formales o informales, con o sin personería jurídica- serán remitidos al Ministerio de Seguridad para su comunicación a la autoridad de aplicación correspondiente”, indica.
Lo anterior, “para su comunicación a la autoridad correspondiente, a los efectos de las medidas administrativas que corresponda”, agrega.
A todo ello, se suma la satanización de agrupaciones opositoras.
Para eso, de acuerdo con el artículo 12, “por vía de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, o el área que en el futuro la remplace, de este Ministerio, se creará un registro de organizaciones que participan de las acciones referidas en el artículo 1º, así como el número de infractores identificados de cada una de esas entidades”.
Quizá en calidad de acto fallido -o como implícito anuncio a su proyecto autoritario-, el supuesto paladín de la libertad se abstuvo, en su verborrea inaugural, de hacer referencia al hecho de que, exactamente 40 años antes, terminó la pesadilla militarista argentina, y se instaló el primero de la decena de gobiernos civiles fruto de elecciones -la administración del centroderechista Raúl Alfonsín (1983-1989)-.
Milei llegó a la presidencia argentina, proyectando -por encima de su desagradable aspecto, de su lenguaje corporal y su expresividad facial, reveladores de modesto nivel intelectual, además de su insultante leguaje verbal- la imagen de personaje políticamente irreverente, de inflexible combatiente anticorrupción, de aliado/defensor de la gente, de “liberal libertario” blindado con ética inquebrantable.
Todas esas máscaras detrás de las cuales Milei trató de ocultar -durante la campaña electoral- el fraude que, en realidad, es, ahora están cayendo tan rápida cuanto inevitablemente.
El soez motosierrista no es políticamente irreverente sino un vulgar patán, un matón cuya conducta pareciera -por momentos- delatar bipolaridad, quien -documentado en por lo menos un video-, en un estallido ira, durante una presentación proselitista en una radioemisora argentina, gritó, gesticulando exageradamente/fuera de control, a alguien de la audiencia participando en el programa: “andáte a la concha de tu madre!” (un insulto desmedidamente ofensivo, usado en Argentina y en Uruguay).
Y más recientemente, al defender a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ante planteamientos opositores de que tiene que renunciar, advirtió que “nadie le va a tocar el culo, a Caputo, acá!”, y amenazó -molesto, empezando a gritar- que, a quien lo intente,, “le corto la mano!”.
Milei tampoco es el héroe de la anticorrupción que dice que es.
No obstante el discurso de aplicar una motosierra ética como acción para adecentar la política argentina, erradicando a “la casta” -los dirigentes corruptos-, llegó a la presidencia gracias, exactamente, al apoyo de dos -entre otros- de sus principales exponentes: el corrupto/pésimo/derechista ex presidente (2019-2023) Mauricio Macri, y su represora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La gestión presidencial de Macri -cuya familia lucró, empresarialmente, durante el período militarista- fue en tal grado nefasta, que dio origen a la popular y rítmica consiga, coreada nacionalmente: “Mau-ri-cio-Macri: la puta que te parió!”.
Durante su desempeño como ministra de Seguridad del macrismo, entre otras barbaridades, Bullrich promovió la política de “gatillo fácil”, para garantizar impunidad a los agentes policiales culpables de asesinato y otros abusos de autoridad.
Tras su derrota electoral, el año pasado, como candidata presidencial -se ubicó en tercer lugar-, Bullrich anunció que, para la segunda vuelta, apoyaba a Milei, oxigenándolo ante el estrecho margen que, en el segundo lugar, lo separaba del candidato más votado -el peronista centroizquierdista Sergio Massa-.
Los números revelan, irrefutablemente, cómo “la casta” macrista determinó que el “liberal libertario” fuese el ganador de la segunda vuelta.
La primera, llevada a cabo el 22 de octubre de 2023, determinó los tres primeros lugares: Massa (36.7 por ciento), Milei (29.9), Bullrich (23.8), de acuerdo con versiones periodísticas que entonces citaron cifras oficiales.
Diferencia entre los dos primeros: 6.7 puntos porcentuales.
La segunda vuelta -el ballotage, como se denomina en Argentina-, llevada a cabo el 20 de noviembre, dio los siguientes números: Milei (55.6 por ciento), Massa (44.3).
Diferencia entre los dos adversarios: 11.3 puntos.
Como por arte de Bullrich, el caudal mileísta de votos se disparó en 25.7 puntos -o sea: básicamente, el porcentaje de la tercera opción.
El pago del “anticasta” Milei, a la castista Bullrich, por el fenomenal favor político: el Ministerio de Seguridad.
Sumado a todo lo anterior, el motosierrista no es el aliado/defensor de la gente que pretender ser, lo que está demostrado en la masiva destrucción del poder adquisitivo de los argentinos, a causa de su tóxica y clasista política económica.
Respecto a ese controversial tema en particular -que está en el centro de la demencial gestión del régimen-, números oficiales, lo mismo que de analíticos tanques de pensamiento, y de organizaciones especializadas, citados por medios de comunicación, vienen revelando las devastadoras consecuencias de la política de shock que viene implementando el supuestamente experto economista.
Es necesario tener en cuenta que se trata de un experto economista quien se jacta de contar con varios títulos universitarios -algunos, inexistentes-, además de que es autor de libros que alaban el economicismo libertario -colmados de textos que el autor flagrantemente plagió, mediante el procedimiento “copiar y pegar”, el torpe recurso que es favorito de los intelectualmente mediocres quienes roban ideas para proyectarse como los intelectuales que no son-.
Algunos datos de la desastrosa política que está convirtiendo a Argentina en el Hindenburg de la economía, han puesto en evidencia la destrucción, por ejemplo, del poder adquisitivo de la mayoría de la población -en apenas el primero de los ocho semestres previstos de la cuatrienal gestión mileísta (2023-2027)-
En términos de costo de vida, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), citados, el 14 de junio, por el medio de comunicación europeo France 24, “la nación suramericana se mantiene a la cabeza del ranking de los países con el Índice de Precios al Consumidor -IPC- más alto, al ubicarse por arriba del 276%”.
Por su parte, el especializado periódico argentino Ámbito Financiero, reprodujo, dos días después, números de encuestas de opinión indicativos de que la situación económica personal de la mitad de la población ha empeorado.
De acuerdo con los resultados de uno de los muestreos, “el 50% de los consultados afirman que su situación económica empeoró desde que Milei es presidente y un 54% afirma estar ‘quemando’ ahorros para llegar a fin de mes”, indicó Ámbito.
El campo del trabajo, y el rubro poder adquisitivo, tampoco escaparon a la demoledora política mileísta de shock, según lo informado por el mismo medio de comunicación.
“Por otro lado, otra encuesta (…) analizó el mercado laboral y señaló que cuatro de cada diez personas tiene temor a perder el empleo, ante un escenario económico donde persiste la recesión”, indicó.
“Entre los sectores de menor poder adquisitivo, esa preocupación alcanza el 50%”, precisó, para revelar que, “además, la mitad de las personas consultadas respondió que su situación laboral es inestable”.
“A su vez, 37% de los encuestados tiene ‘temor de perder el empleo’ en los próximos meses”, mientras “el 72% de los consultados señaló que los ingresos de su hogar están por debajo de la inflación”, señaló, a continuación.
“En cuanto al consumo, el 54% de la gente consultada consideró que la capacidad de compra de su hogar ‘es peor o mucho peor’ que hace un año”, agregó.
En materia de consumo, el esencialmente clasemediero pueblo argentino ha bajado notoriamente el nivel, de acuerdo con datos oficiales de entidades sectoriales citados, en junio, por la organización no gubernamental (ONG) Chequeado.
En su sitio en Internet, la oenegé se describe como una entidad “sin fines de lucro, no partidaria, cuya misión es contribuir a mejorar la calidad del debate público para fortalecer el sistema democrático” -o sea que, automáticamente, es la antítesis ética del mileísmo-.
Y explica: “lo hacemos a través de la verificación del discurso público, la lucha contra la desinformación, la promoción del acceso a la información y la apertura de datos en entornos innovadores para aportar evidencia a la discusión pública y alentar el pensamiento crítico de la sociedad” -nuevamente: lo diametralmente contrario al mileísmo-.
De acuerdo con datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla), reproducido por Chequeado, el consumo de leche, durante el primer cuatrimestre de 2024, bajó 17.6 por ciento respecto a igual período de 2023.
Según números de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo de carne descendió, a abril de 2023, un seis por ciento respecto al índice equivalente de 2023.
Por su parte, el Inec registró, para marzo de 2024, que las ventas de electrodomésticos cayeron un 47 por ciento respecto al mes equivalente de 2023.
El particularmente tóxico rasgo “antigente” que evidencia el “anticasta” quedó definitivamente comprobado, cuando efectivos de varias fuerzas de seguridad -incluida la Policía Federal Argentina (PFA)- reprimieron, el 12 de junio, con ensañamiento dictatorial, la masiva/pacífica manifestación opositora que comenzó a generarse en la espaciosa plaza frente a la sede parlamentaria.
La protesta apuntó -infructuosamente- a presionar al Congreso para que no aprobase la nefasta Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -más conocida como Ley Bases-, que es el instrumento principal con el que Milei cuenta para implementar su declarado plan de desmantelamiento del Estado -al que dice odiar-.
La proyectada legislación -que tuvo ajustada aprobación en el Senado, y pasó a la cancha de la Cámara de Diputados- prevé, entre otras barbaridades, permitir a Milei la declaración de “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética”, otorgándole, por un año, facultades extraordinarias -que son, por naturaleza constitucional, de carácter legislativo-.
El autócrata apunta, así, a legislar en esas áreas.
La proyectada arma antipopular también se enfoca en el sector trabajador, obviamente favoreciendo al empresariado privado.
Entre otras medidas, apunta a la creación de UNA figura laboral, que se denominaría “trabajador independiente con colaboradores”, según la cual es posible la contratación de personal sin relación formal, oficializando, por una parte, el aumento del trabajo informal, y, por otra, la arbitrariedad patronal.
En el marco de la protesta llevada a cabo el 12 de junio frente a la sede legislativa, integrantes de organizaciones sindicales, participantes a título personal, y un grupo de legisladoras y legisladores -quienes incursionaron en el área exterior de la sede legislativa, caminando detrás del cordón policial, para verificar lo que ocurría- fueron brutalmente atacados.
Los manifestantes recibieron balas, gas lacrimógeno, gas pimienta, fuertes chorros de agua, además de inmisericorde agresión garrotera, entre otras formas de exceso de violencia policial.
Los parlamentarios fueron -algunos, a pocos centímetros de distancia- rociados con la sustancia irritante.
En ese contexto, un automóvil del medio de comunicación Cadena 3, fue volcado y quemado.
Según la manipuladora narrativa oficial, la acción fue perpetrada por manifestantes-aunque el hecho no ameritó intervención policial para evitarlo-.
De acuerdo con versiones periodísticas, se trató de uno de los incidentes -incluidas brutales golpizas a manifestantes- llevados a cabo por provocadores infiltrados quienes, vestidos como civiles -algunos, usando pasamontañas-, complementaron la represión policial uniformada.
Testigos, además de medios de comunicación, denunciaron el caso de uno de esos supuestos manifestantes quien, luego de haber agredido físicamente -junto con varios carcelarios de Buenos aires -la capital nacional- y su periferia.
La inmediata reacción del gobierno se materializó en el sitio de la Oficina del Presidente-o será, Milei-, en la red social X, mediante un comunicado de felicitación a las fuerzas de represión, y la tan manipuladora cuanto ridícula acusación de que los manifestantes protagonizaron un intento golpista.
“La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a grupos que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento delo Congreso de la Nación Argentina”, según la versión oficial de lo ocurrido.
De modo que, según el mileísmo, Argentina presentó un hecho sin precedente en la historia del golpismo universal: el arsenal de los golpistas no incluyó armas de guerra, tanques militares, bombarderos sino palos y piedras.
La mención de “granadas” es una flagrante falacia, ya que, de acuerdo con versiones periodísticas, el manifestante detenido por tenerla en su poder declaró que la tomó, del suelo, para demostrar el grado de violencia que caracterizó a la agresión policial.
La alabanza del régimen a la brutalidad de las fuerzas de seguridad, fue reiterado, al día siguiente, en su habitual conferencia de prensa, por el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni.
En su característico discurrir monótonamente inexpresivo -no obstante autoritario-, y leyendo un libreto que trató, por momentos de reproducir como declaraciones improvisadas, el burócrata elogió la gestión del Senado -la ajustada aprobación de la Ley Bases, que pasó, así, a la Cámara de Diputados-.
Ello, no obstante la negada realidad de que la victoria del régimen tuvo fuertes visos de derrota, ya que la votación -empatada, en 36 votos-, fue definida por la vicepresidenta, Victoria Villarruel -quien preside el Senado-.
Adorni aseguró, además, que el gobierno es infinitamente respetuoso de la democracia, no obstante lo cual insultó a los manifestantes, al etiquetarlos como “delincuentes” y “terroristas”.
Adorni describió -en flagrante negación de la realidad-, a la Argentina bajo el régimen mileísta, como “un país que, efectivamente, tomó la decisión de avanzar, y que quiere terminar con cien años de decadencia, y que empezamos a respetar -como un mantra- la libertad y la democracia”.
También aseveró que la “Argentina que vimos ayer, fue la Argentina salvaje-absolutamente salvaje-, las de las caras tapadas, las de las bombas molotov, las de las granadas, las de las toneladas de piedras y botellas, la de las banderas de Palestina, que nada tenían que ver con lo que estaba ocurriendo, ayer, en Argentina” -usando, por momentos, el artículo determinado femenino la, en erróneo plural-.
“Esta Argentina salvaje es la que destruyó autos de trabajadores, la que prendió fuego a tachos de basura -o cestos, o contenedores de basura-, las que arrancaron baldosas del piso, las que rompieron mobiliario público, y las que actuaron con una violencia absolutamente reprochable, detestable, y condenable”, dijo, a continuación -incurriendo en el mismo error gramatical-.
“Afuera del Congreso, había terroristas queriendo llevarse, puesta, la democracia, terroristas que se arrogaban la representación del pueblo, pero que jamás fueron votados por nadie -y que, probablemente, no sean votados, nunca, por, absolutamente, nadie”, siguió imponiendo la narrativa oficial.
También informó, amenazando, que “un total de -hasta ahora- 31 delincuentes fueron detenidos, bueno, y, por supuesto, las organizaciones (…) y muchos de los que se arrogan la representación de los trabajadores, van a pagar por los daños que causaron”.
En igual tono de intimidación, agregó que, “a esta Argentina salvaje, por supuesto que, este gobierno -por el aval de la gente, por supuesto, en la urnas- vino a ponerle fin”.
Traducción de ese discurso dictatorial: cero tolerancia al disenso, guerra sin cuartel -por los medios que sea- a la oposición-, represión garantizada para quien proteste.
Y, personalizando el mensaje del régimen, el intérprete de los hermanos gobernantes -el motosierrista y su hermana la secretaria general de la Presidencia, apodada “El Jefe”- dijo que, “en ese sentido, nos gustaría destacar -me gustaría destacar- a cada uno de los agentes de la policía o de las diferentes fuerzas de seguridad que, con fuerza y prudencia, velaron por el orden”.
Lo mismo, “a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, por su temple y liderazgo para garantizar la continuidad de la sesión, y a los equipos técnicos que trabajaron a contrarreloj para que, lo que ocurrió ayer, haya, efectivamente ocurrido, que se haya aprobado la ley, allí, en la Cámara de Senadores”, agregó -formulando una necesaria aclaración-.
Como no podía ser de otra manera, la versión del régimen no se ciñó a la realidad de lo ocurrido, pero fue, inevitable y contundentemente, desmentida cuando el diario argentino Página 12 publicó, tres días después de lo dicho por Adorni, una reveladora nota informativa -cuyo contenido confirmó lo que era evidente-.
En el detalladamente revelador relato que tituló “Infiltrados, la operación de los servicios para romper la protesta en Plaza Congreso”, el periódico puso en evidencia “cómo se construyó el sabotaje policial a la movilización opositora”.
También mostró “el papel de Bullrich y la Policía Federal, el ataque a los diputados para preparar el terreno, la absurda inacción de los uniformados ante el incendio del auto, los dos hombres que participaron en el hecho y no fueron molestados, el ‘terrorista’ que fue recibido con abrazos por los represores”.
“La operación (…) tuvo un objetivo primordial: romper la concentración del miércoles contra la Ley Bases antes que llegara el grueso de la gente. O sea, antes que llegaran los gremios (sindicatos) y, sobre todo, evitar que la plaza se llene con ciudadanos comunes que se acercarían”, planteó.
Al describir la agresión al grupo de legisladores, el diario precisó: “el mensaje era ‘no se acerquen a la plaza, porque si le hacemos esto a los diputados, se imaginan lo que les haremos a los demás’”.
En síntesis, el modus operandi de toda dictadura: la implementación del terror de Estado, de la impunidad represora, de la inseguridad individual y colectiva ante la represión.
Página 12 se refirió, puntualmente, además de otros acontecimientos, al hecho de que “habiendo decenas de motos (policiales), ninguna llegó enseguida al lugar donde prendían fuego al móvil de Cadena 3”.
“Tampoco llegaron cuando, minutos después, dos hombres terminaron de vandalizar el móvil y se fueron tranquilamente en un viejo vehículo con la patente (placa de circulación automotriz) NBO 056 dada vuelta”, indicó, a continuación, para agregar que “la patente es trucha (falsa), no existe”.
Asimismo, hizo mención de la “imagen del hombre que participó de los disturbios y luego fue muy bien recibido detrás de las vallas por los policías”, y señaló el hecho de que “entre los detenidos no están los que quemaron el auto, sino manifestantes apresados a 5 o 6 cuadras de la plaza”.
De acuerdo con la precisa versión periodística, “el control total de la operación lo tuvo la (Policía) Federal, con Patricia Bullrich monitoreando desde el Departamento Central”, contexto en el cual “la brutal agresión a los diputados, cuando no había conflicto y sin justificación alguna, fue defendida por la ministra”.
“Parece evidente de dónde salió la orden”, planteó el diario.
La bestialidad policial dejó claramente establecido que, bajo el régimen del “liberal libertario”, el respeto a la libertad y a la democracia -el mantra mencionado por Adorni, obviamente, sin saber de qué hablaba- se aplica según de quién se trate.
En tal contexto, la jauría policial tiene plenamente respetada la libertad que el motosierrista, autoritariamente, le otorga para violar los derechos humanos, pero la gente no tiene respetada la libertad de reunirse pacíficamente para protestar -una de las garantías aseguradas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos-.
Adoptada, en 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas -con el voto favorable de 48 países, incluida Argentina-, la declaración determina, en el 20 de sus 30 artículos, que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”, y, en el 19, establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, lo que incluye “no ser molestado a causa de sus opiniones”.
Los más de treinta detenidos -los primeros presos políticos del régimen mileísta-, fueron, en su mayoría, puestos en libertad -días después de su captura-, a causa de la absoluta ausencia de elementos probatorios de que existió un intento golpista.
No obstante ello, 16 de esos rehenes de la autocracia permanecían -al momento de redacción de esta nota- en detención, probablemente para ser revictimizados bajo alguna acción ejemplarizante de terrorismo de Estado -peor que la agresión a los parlamentarios- que indique, con claridad plena, el presente cuadro de situación imperante en Argentina.
Detalles de la captura de los secuestrados por el régimen, fueron revelados por familiares de las víctimas, en testimonios que proporcionaron, el 18 de junio -casi una semana después de la represión-, a la radioemisora argentina a AM 750.
Grisel Lyardet, hermana de Saya -manifestante detenida-, relató que la víctima “salió de la Universidad, con Camila Juárez -también detenida-, y con Nico, que se conocen aunque hacen diferentes carreras, pero también (…) organizan ollas populares, juntan ropa para la gente, y ayudan, con información, a quienes no tienen muchos recursos, con respecto a trámites como subsidios”.
“Se fueron para el Congreso, y, a veinte cuadras, cuando ya se estaban retirando, a Camila, la llama la mamá, y le dice que tengan cuidado, porque empezaron a reprimir”, agregó Grisel.
“Entonces, se empezaron a alejar”, siguió narrando, para precisar que, al hacerlo, “empiezan a escuchar las motos, los tiros (disparos de arma de fuego), las persecuciones, y los gritos”.
“Ahí, se asustan, y corren por la vereda (acera), Cami se cae, y Saya vuelve a levantarla, y, ahí, se suben tres motos de la Policía de la Ciudad (de Buenos aires), a la vereda, y empiezan a amedrentarlas”, agregó.
“Les dicen que se corran, si no, lo van a hacer (los agentes policiales) tirándoles de los pelos”, precisó, para puntualizar: “todo, en un lapso de cinco segundos, con ellas en el piso”.
Al indicar que, ese día, estaba cumpliéndose una semana de detención de ambas, Grisel denunció que “están imputadas con cargos muy graves: daños, intimidación pública, incitación a la violencia, delitos contra los poderes públicos, atentado y resistencia a la autoridad, y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”.
“Estas imputaciones reciben penas de nueve años a cadena perpetua, y nosotros, lo que estamos pidiendo, en este momento, es la excarcelación, porque no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento de la causa”, explicó.
La denunciante aclaró, asimismo, que “no hay pruebas fehacientes de que, a ellas, se les pueda imputar ningún cargo, pero enfrentan penas muy altas”.
Se trata del modernizado libreto dictatorial: etiquetar a opositores como golpistas, detenerlos -tortura física y tortura sicológica, o ambas, obviamente incluidas-, fabricarles delitos, someterlos a ilegales procesos penales, aplicarles ilegítimas penas de años de prisión.
La esencia dictatorial del régimen mileísta, probablemente sea la causa por la cual el “liberal libertario”, el autodeclarado paladín de la libertad, destacó que su asunción presidencial -el 10 de diciembre de 2023- coincidió, calendariamente, con la celebración judía de Hanukah, pero no mencionó lo mismo respecto al inicio -cuatro décadas antes- de la era democrática en Argentina, ni en cuanto a la mundial conmemoración anual -desde 1950- del Día de los Derechos Humanos.
“No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukah, la fiesta de la luz, ya que, la misma, celebra la verdadera esencia de la libertad”, dijo, como parte de su discurso inaugural, ese día, en alusión a la festividad que este año se cumplió del 7 al 15 de diciembre.
“La guerra de los macabeos (movimiento judío de liberación, en 167 AC), es el triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad, y, sobre todas las cosas, de la verdad por sobre la mentira”, planteó.
Además de afirmar que “estoy convencido de que vamos a salir adelante”, y siguiendo le línea religiosa de esta parte de su discurso, mencionó “una cita del Libro de Macabeos, 3:19, que dice que la victoria, en la batalla, no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”.
Sin embargo, el supuesto promotor/defensor/garante de la libertad, omitió destacar el relevante hecho de que en esa fecha, exactamente 40 años antes -el 10 de diciembre de 1983-, terminó la sanguinaria y corrupta dictadura militar (1976-1983) eufemísticamente autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” -que, entre otras barbaridades, desapareció a 30 mil personas-.
En la misma línea negativista, criticó la gestión del centrista Raúl Alfonsín, quien, el 10 de diciembre de 1983, se convirtió en el primer presidente (1983-1989) de la era democrática argentina, y cuya juramentación puso fin al último régimen militar de facto en el país.
También ignoró el igualmente histórico hecho de que las garantías fundamentales se convirtieron, precisamente 75 años antes, por mandato mundial, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó -el 10 de diciembre de 1948-, la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pero ninguna de las dos flagrantes omisiones resulta sorprendente ni inexplicable.
En declaraciones reproducidas, el 7 de abril de 2022, por el medio de comunicación estadounidense Bloomberg, Milei -entonces un temprano aspirante a la presidencia argentina- se refirió, a la última dictadura y a las víctimas -cometiendo, como habitualmente, inexactitudes históricas, profiriendo confusos razonamientos autoritarios, presentando interpretaciones personales como si fuesen hechos comprobados-.
En soez irrespeto a las víctimas -y a los sobrevivientes- de ese régimen, a continuación de plantear que es necesario que “hablemos con la verdad”, se permitió aseverar: “lo primero es que hay que reconocer es que número de 30 mil, es una mentira”, porque según su insultante cálculo, “no fueron 30 mil desaparecidos” -obviamente, no dio una cifra alternativa-.
De modo que no hay nada involuntario, ni casual, ni sorprendente en las dos manifiestas omisiones.
Tomando en cuenta el notoriamente alto componente de hipocresía -quizá, hasta bipolaridad- que presenta la inestable conducta del motosierrista, no es descartable considerar que su declarado plan de destrucción del Estado argentino sea, en realidad, una encubierta maniobra para, en cambio, reconstruirlo como blindada estructura dictatorial, con máxima concentración del poder en la figura del presidente.
Probablemente, en su demencial mentalidad autocrática, el autodefinido “león” esté, inclusive, pensando en un Estado a la exacta medida de lo que quizá esté visualizando como una larga -y aciaga- era “liberal libertaria”.
Siendo candidato -y aún antes de la primera vuelta-, durante una entrevista, habló de su reelección, proyectándose para dos cuatrienios consecutivos.
Quizá, ahora, con un semestre en la silla presidencia, esté pensando en perpetrarse como inquilino en la Casa Rosada.
Viva la dictadura, carajo! (gritado tres histéricas veces).
