En Costa Rica, la investigación y la educación ambiental son procesos sustantivos que deben estar intrínsecamente ligados. Sin embargo, la falta de una agenda de investigación coherente ha llevado a que los temas abordados estén determinados por los intereses individuales de los investigadores. Esta situación plantea una serie de desafíos significativos que afectan tanto la eficiencia como la eficacia de la gestión del conocimiento en el país.
Los investigadores señalan la necesidad de flexibilizar los procedimientos para facilitar y promover la investigación, priorizando el valor del conocimiento generado sobre los requisitos formales. Esta llamada a la acción resalta las deficiencias en todo el ciclo de gestión del conocimiento, desde la generación hasta el uso de los resultados.
Una de las debilidades más destacadas se encuentra en la adecuación, divulgación, socialización y uso de los resultados de la investigación. Además, el seguimiento, la continuidad, la evaluación y la retroalimentación muestran grandes vacíos en la práctica. Estas deficiencias obstaculizan la integración efectiva de los resultados de la investigación en la toma de decisiones, lo que resulta en una subutilización del conocimiento disponible.
En un intento por abordar estos desafíos, se ha estimado el costo de implementación de la Estrategia Nacional de Investigación (ENI) en Costa Rica. Según los cálculos, se requeriría un total de ₡433 656 039 distribuidos en diferentes rubros, siendo la capacitación la que requiere más presupuesto. Esto destaca la necesidad de una inversión significativa para mejorar la capacidad investigativa en el país.
Además, se han identificado diversas lagunas y debilidades en el marco legal e institucional que regula la investigación en biodiversidad y recursos naturales en Costa Rica. A pesar de contar con una amplia legislación, incluyendo la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley de Biodiversidad, existen ambigüedades y vacíos que dificultan la aplicación efectiva de estas normativas.
Por ejemplo, la falta de regulación específica para investigaciones en territorios indígenas plantea desafíos adicionales en términos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, la coordinación entre diferentes instituciones y la integración de los procedimientos de investigación son aspectos que requieren una atención más cuidadosa.
En este contexto, se hace evidente la necesidad de una mayor coordinación y colaboración entre los actores involucrados en la investigación ambiental en Costa Rica. Además, es fundamental mejorar la articulación entre la agenda de investigación nacional y los mecanismos de financiamiento disponibles, como los incentivos previstos en la legislación sobre ciencia y tecnología y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
En conclusión, si bien Costa Rica cuenta con un marco legal e institucional sólido para la investigación en biodiversidad y recursos naturales, aún existen desafíos significativos que deben abordarse. La inversión en capacitación, la mejora de los procedimientos de investigación y la coordinación efectiva entre las partes interesadas son elementos clave para fortalecer la gestión del conocimiento y promover una investigación ambiental de alta calidad en el país.
