Cinco funcionarios del golpista Ministerio Público (MP) de Guatemala, se parecieron más a una junta militar de un régimen de facto que a personal civil de una institución estatal, cuando, participaron en la más reciente conferencia de prensa enmarcada en el intento que está en marcha, hace semanas, por quebrar el orden constitucional del país centroamericano.
La soberbia amenazante con la que se refirieron a la comunidad internacional, reveló el grado de impunidad con el cual el MP está, flagrantemente, impulsando el golpe de Estado con el cual la corrupta clase política tradicional guatemalteca trata de impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera, respectivamente presidente y vicepresidenta electos, asuman, el 14 de enero, los cargos para cuyo desempeño, durante el período 2024-2028, los designó la mayoría del electorado nacional.
Cinco de los conspiradores visibles se presentaron al diálogo con periodistas, llevado a cabo el 8 de diciembre, en la sede del MP: el secretario general, Ángel Arnoldo Pineda; el primer subsecretario general, Erick Eduardo Schaeffer; el secretario contra la corrupción, Estuardo Ávila; el desprestigiado jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; la agente fiscal de la Fiscalía especial Contra la Impunidad, Leonor Eugenia Morales.
Pineda, Curruchiche -popularmente bautizado, en manifestaciones populares antigolpistas, como “Corrupchiche”-, y Morales fueron los voceros de la conspiración, y se encargaron, en sus extensas intervenciones, de usar la conferencia de prensa, para dar muestra de la impunidad con la que están llevando adelante el golpe de Estado.
Recurrentemente, calificaron la espuria acción de la que son cómplices, como una investigación correctamente llevada a cabo en el caso manipuladoramente denominado “Corrupción Semilla”, cuya pesquisa el MP tituló “Ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral 2023”.
Expresiones tales como “contundente”, “objetiva”, “apegada a la ley” fueron usadas, hasta el cansancio, por los tres -quienes se sucedieron, repetidamente, en sus intervenciones- para describir la conspiración golpista presentada como una investigación en defensa de los resultados electorales y de la democracia guatemalteca.
La atmósfera de autoritarismo -con intención intimidatoria- en la cual se desarrolló la presentación de la versión oficial del caso, se generó no sólo verbal sino también visualmente, ya que el quinteto se sentó a una extensa mesa, delante de un telón de fondo con el logo y la denominación del MP, debajo de lo cual se leía la inscripción: “Ministerio Público, fuerte y firme”.
Quizá, mediante esa absolutamente irreal aseveración, se trata de emitir un mensaje que sea intimidatorio, o que, por su presunta contundencia, oculte la realidad de corrupción que impera en esa institución -aunque el fracaso es evidente, en ambos casos-.
Al manejar un lenguaje de supuesta precisión jurídica para justificar lo que, en realidad, no es sino una cacería de brujas, los tres voceros del golpismo, en realidad, demostraron que, en las semanas transcurridas desde el 25 de junio -cuando la fórmula Arévalo-Herrera pasó a la segunda votación residencial-, el MP -dirigido por su jefa y fiscala general de la República, Consuelo Porras- ha tenido tiempo más que suficiente para construir la -obviamente fabricada- narrativa oficial.
Porras y Curruchiche, figuran en la lista de jerarcas guatemaltecos señalados, por el gobierno de Estados Unidos, como funcionarios corruptos quienes atentan contra la democracia.
Según Pineda -encargado de iniciar la conferencia de prensa, y de abrir el fuego contra la comunidad internacional, y, sobre todo, contra la inteligencia de las personas-, los periodistas fueron convocados para conocer -y difundir- “los resultados contundentes, producto de una investigación objetiva, imparcial, y apegada a la ley, que, hoy, presenta la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público”.
En opinión del secretario general del MP, “hoy, es un día histórico para la institucionalidad democrática de nuestro país”, porque, “hoy, es el día en que la evidencia y los datos se impondrán a los relatos”.
“Hoy, estamos dando a conocer, al pueblo de Guatemala, los resultados de varios meses de investigación con responsabilidad técnica y jurídica, no política”, aseveró, sin siquiera pestañear.
“Se han generado indicios y evidencias, a través de una investigación penal objetiva”, por la cual “agradecemos la valentía de los fiscales que, aun siendo objeto de ataques a su integridad y a su familia, han continuado desarrollando su trabajo de manera profesional y jurídica”, siguió desvariando, sin aportar prueba alguna sobre la segunda aseveración.
“Guatemala, se merece fiscales valientes y comprometidos”, aseguró Pineda, para agregar que “su trabajo es un pilar fundamental para la democracia y para el Estado de Derecho”.
Tratando de negar lo obvio, y leyendo el libreto de su monólogo inicial, el peón del golpismo guatemalteco, aseguró que “es una falacia que el Ministerio Público quiera alterar los resultados electorales, o se haya vulnerado la voluntad popular”.
Por lo tanto, “rechazamos todas esa narrativas falsas y maliciosas, que, únicamente, buscan confundir, desinformar, tergiversar los hechos, y evitar que la investigación que se ha realizado presente los resultados”, agregó.
“Es penoso (vergonzoso) que, incluso, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, debiendo ser garantes de la pureza electoral, se hayan sumado a esas narrativas espurias y malintencionadas, pretendiendo confundir a la opinión pública”, dijo.
“Sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos, no nos sorprenden los ataques ni las obstrucciones contra nuestros compañeros fiscales, de parte de dicha autoridad electoral”, expresó.
Pineda hizo, así, referencia a los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quienes, por su actitud de resistencia ante el embate golpista, debieron exiliarse -Irma Elizabeth Palencia (ex presidenta, Gabriel Aguilera, Mynor Franco, Ranulfo Rojas-.
En su referencia a las presuntas irregularidades en la constitución de Semilla -en 2017-, y al supuesto fraude electoral que dio el triunfo a la fórmula Arévalo-Herrera, habló de un componente político mafioso -obviamente, sin aludir a la clase política tradicional-.
“Lamentablemente, el pueblo de Guatemala ha sido víctima de una estructura criminal perversa e inescrupulosa, que, por ansia de poder, ha socavado la democracia y la buena fe de todo un país, y que busca -a toda costa, y sin importar las consecuencias- que no se sepa la verdad”, empezó a exponer su demencial argumentación.
“El pueblo de Guatemala, no se merece que le engañen, no es justo, no es correcto, y no lo vamos a permitir”, agregó, como lanzando una advertencia.
“Como Ministerio Público, queremos ser enfáticos en que una de nuestras obligaciones legales es impedir consecuencias ulteriores, de los delitos cometidos, y verificar el daño causado por los hechos punibles, razón por la cual los resultados que hoy presentaremos, serán comunicados a diversas instituciones, para que resuelvan lo que, en derecho, corresponde”, siguió afirmando.
En ese contexto de ilimitada hipocresía, anunció que, entre otros destinatarios, “(…) remitiremos una copia, al Tribunal Supremo Electoral, para lo que tenga a bien disponer”.
Y en el ataque al resto del planeta y sus instituciones, Pineda exhibió la arrogancia que caracteriza a los golpistas -universalmente-.
“A la comunidad internacional, queremos enviarle un mensaje claro y contundente”, empezó a decir.
“Este Ministerio Público responde a la constitución Política de la República de Guatemala, y a las leyes vigentes del país, y se somete a las cortes de justicia nacionales, para dirimir los conflictos jurídico-penales de los asuntos domésticos, y no a instancias multilaterales que, por su ausencia de mandato legal, por su selectividad política, por acoger prófugos de la justicia, en su seno, han perdido la credibilidad de los hermanos de Latinoamérica, y han dejado de ser referentes de la democracia y del Estado de Derecho”, agregó.
“En tal sentido, hemos rechazado, y rechazaremos, siempre en forma enérgica, cualquier insinuación abusiva, a través de la intromisión de entes o de personas extranjeras, que tenga el ilegal propósito de dejar de investigar los delitos que, por mandato legal, estamos obligados a esclarecer”, dijo, señaló a continuación.
“Desde ya, nos reservamos el derecho de accionar jurídicamente, en el ámbito del Derecho Internacional Público, como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y los tratados y convenios internacionales ratificados por el estados de Guatemala”, amenazó, de inmediato.
“Vamos a seguir, fuertes y firmes, en nuestra labor, no vamos a dar un paso atrás, porque, únicamente, nos debemos a Dios y al pueblo de Guatemala, y tenemos la tranquilidad de actuar de manera transparente”, anunció, para agregar que “no hacerlo, es corrupción, no hacerlo, es promover la impunidad”, y para garantizar que “doblaremos nuestras rodillas sólo ante Dios, con la ley en la mano”.
En términos conceptualmente idénticos a lo dicho por Pineda -algo que no es, en los absoluto, sorprendente-, Curruchiche exhibió -como lo hace siempre que puede- lo que pareciera ser su obsesión de irrespetar al secretario general de la Organización de los estados americanos (OEA), el ex canciller uruguayo Luis Almagro, respecto a quien se refirió en términos de insultante condescendencia.
Seguramente, Almagro -quien fue canciller en el gobierno (2010-2015) del ex presidente, ex guerrillero tupamaro, y ex preso político, José “Pepe” Mujica-, no pierde el sueño porque lo critique un personaje como Curruchiche -más bien, puede ser un indicio de que está manejándose correctamente en el caso de Guatemala-.
El fiscal empezó, diciendo que “vamos a presentarle, el día de hoy, al pueblo de Guatemala, el valiente trabajo de los fiscales del Ministerio Público -especialmente, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad-, pese a amenazas -incluso de muerte-, a coacciones, a bloqueos, y que, según fuentes abiertas de información, están siendo financiadas por un país extranjero” -al que, obviamente, no identificó-.
“El pueblo de Guatemala, merece saber la verdad, y, en el marco de nuestras funciones constitucionales, para eso estamos aquí, el día de hoy”, agregó, sin leer su intervención inicial -al parecer, conoce, de memoria, su libreto-.
“Me hubiera gustado que estuviera acá, el día de hoy, el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, así que, no sé si él está, todavía, en Guatemala, pero lo invito a que venga, y, personalmente, yo lo puedo atender, y le puedo explicar lo que ustedes van a ver más adelante”, planteó, hipócritamente.
“También a todos aquellos diplomáticos, embajadores, senadores de países extranjeros que, tengo entendido, están, en este momento, también, en Guatemala, que de forma abusiva, quieren interferir en que el Ministerio Público no investigue”, ahora, disparando insultos en ráfaga.
“También, a ellos, los invito a que se acerquen al Ministerio Público, y nosotros les podemos dar pormenores de la investigación”, aseguró.
En su intervención inicial, Morales trató de restar legitimidad al reciente proceso electoral, afirmando que la dirigencia de Semilla cometió actos ilícitos -por, ejemplo, en la inscripción de simpatizantes, para registrarse, en 2017, como partido, así como en el manejo de fondos de la agrupación-, que las autoridades del TSE encubrieron -al no denunciarlas-.
No obstante las irregularidades -falsificación de firmas y de datos de afiliados- cometidas por Semilla, el tribunal inscribió a la organización, “participando, de esa manera, de los delitos cometidos, con actos sin los cuales no hubiera sido posible la participación, en la política, del partido político Movimiento Semilla”, aseveró la agente del MP.
También acusó, a los magistrados del TSE, de haber sobrevaluado costo del equipo electrónico de cómputo que el tribunal adquirió para ser usado en los comicios generales de junio y en los presidenciales en segunda vuelta de agosto de este año.
Todos los planteamientos -incluidas acusaciones de lavado de dinero por parte de la dirigencia del partido- apuntaron a desacreditar a Semilla, como organización política legítima, y, por lo tanto, deslegitimar el incuestionable triunfo electoral del binomio Arévalo-Herrera, para impedir que el presidente y la vicepresidenta electos asuman el poder.
La conferencia de prensa tuvo lugar una semana después de que los cuatro perseguidos magistrados electorales se vieron obligados a exiliase.
Es obvio que, a medida que avanza el tiempo sin haber logrado su objetivo, los golpistas guatemaltecos se sienten presionados, y, en su desesperación, diversifican la estrategia, implementado un esquema de prueba y error que, de momento, no les ha resultado -o no del todo-.
Usando al MP para la inconstitucional maniobra, entre otras acciones, trataron, infructuosamente, de entorpecer el conteo de los votos emitidos en la primera vuelta presidencial -el 25 de junio-, en un estéril esfuerzo por evitar lo que ocurrió: el triunfo, en la segunda votación, el 20 de agosto, de la fórmula Arévalo-Herrera.
Entre otras acciones, allanaron, con abuso de autoridad, instalaciones del (TSE), confiscando, ilegalmente, materiales usados en la primera vuelta -incluidas cajas con boletas de votación, y actas de los centros de sufragio-.
Cuestionaron el proceso de recolección de firmas para la creación -en 2017- de Semilla, logrando suspender a la agrupación política.
No conformes con todo eso, lanzaron una cacería de brujas contra cuatro de los cinco magistrados del TSE -Palencia, Aguilera, Franco, Rojas-, excluyendo de la ilegal acción a la actual presidenta, Blanca Alfaro -quien, el 26 de octubre reemplazó a Palencia, al frente del tribunal-.
Esta persecución -que está en desarrollo, como parte del golpe de Estado- se lleva a cabo, esencialmente, en venganza porque, dirigido por Palencia, el TSE no anuló la votación presidencial -el objetivo supremo del golpe-.
El hostigamiento incluyó, por parte de una cómplice mayoría progubernamental en el Congreso de la República, la suspensión, el 30 de noviembre, de la inmunidad de los cuatro magistrados, con miras a su judicialización, responsabilizándolos por la supuestamente ilegal adquisición del equipo electrónico para cómputo de datos electorales.
Los cargos arbitrariamente tipificados -por el MP- son abuso de autoridad, fraude, incumplimiento de deberes.
El régimen del corrupto y autoritario presidente guatemalteco, el derechista Alejandro Giammattei -uno de los golpistas no visibles-, insistió, inmediatamente después de la acción legislativa, en que no tiene nada que ver con el atentado que está en progreso contra el orden constitucional.
“El Ejecutivo es absolutamente respetuoso del estado de derecho y la independencia de poderes dentro del Estado de Guatemala”, aseveró, el 1 de diciembre, el secretario (ministro) de Comunicación Social, Kevin López, tratando de mantener distancia oficial entre el presidente y los golpistas.
También reiteró el recurrente planteamiento de Giammattei, en el sentido de que la crisis política en desarrollo no altera el proceso de transición gubernamental con miras al 14 de enero -fecha constitucionalmente establecida para la juramentación de Arévalo y Herrera-, y afirmó que el régimen respeta el principio de alternancia en el poder.
La ilegítima acción del organismo legislativo obligó, a los cuatro perseguidos magistrados del TSE, a tomar la inmediata decisión de exiliarse.
Palencia, quien salió el 1 de noviembre, denunció, detalladamente, en el comunicado que difundió cuatro días después, la agresión política y judicial de que los cuatros son objeto.
En el texto de 10 extensos párrafos contenidos en tres páginas, la ex presidenta del TSE exhibió la persecución, y señaló, respecto al retiro de inmunidad, que se violó el derecho de los magistrados a defenderse.
En ese sentido, reveló la combinación de “un entramado político, polarización, y extrema judicialización imperante”, contexto que se agudiza “a medida que transcurren los días, subiendo la intensidad de tales circunstancia, con predecibles e impredecibles resultados”.
“Nos invade la preocupación, cada vez más fuerte, de que el motivo principal de toda esta persecución política -con apariencia de legalidad-, pretende que se integre, el TSE, con nuevos magistrados, cuando aún tenemos nuestra calidad de magistrados, y esta petición sólo sería válida si es unánime del pleno de (los cinco) magistrados”, agregó.
A continuación, Palencia puntualizó, con incuestionable precisión, el objetivo central del plan golpista, denunciando que el accionar ilegal tiene lugar “persiguiendo, posiblemente, cambiar los resultados obtenidos en las elecciones generales de 2023”.
La ex titular del TSE, destacó, asimismo, “la persecución política, sistemática, espuria e ilegítima de que somos objeto”.
Al respecto, reveló que, “al no encontrar amparo alguno de la ley, garantías mínimas, ni justicia, tomamos la decisión de ausentarnos por licencia laboral”, agregó, en alusión a la figura administrativa en cuyo marco los magistrados perseguidos lograron salir de Guatemala, protegiendo, al hacerlo, su seguridad personal.
Respecto a la falsa acusación referida a la adquisición de equipo electoral electrónico, Palencia aclaró que “desde el 2022 iniciaron narrativas, infundadas, de un posible fraude electoral, cuando el Tribunal socializó, por transparencia, sus intentos por modernizar el tribunal y adquirir tecnología para preparar, con antelación (…) las elecciones que se llevaron a cabo en este año 2023”.
También subrayó “el ataque sistematizado de desinformación e información falsa o tergiversada”, que ha tenido lugar al respecto.
Palencia expresó la esperanza personal, y la de sus colegas también exiliados, “de que la Corte de Constitucionalidad -cuyo mandato legal es, precisamente, el de garantizar el estado de derecho, el orden constitucional, los derechos fundamentales y la democracia-, tenga posiblemente la oportunidad de enderezar el rumbo, ante tanta ilegalidad y arbitrariedad”.
Lo contrario, “sólo llevaría, a nuestro país, a un destino inimaginable”, advirtió.
La Corte de Constitucionalidad (CC) -tribunal encargado de la defensa del orden constitucional guatemalteco- tiene “la posibilidad única de incidir en estos momentos tan difíciles para nuestra democracia”.
Se trata de evitar el riesgo de que sea posible “burlar la voz popular, manifestada, libremente, en las urnas, consolidando la democracia”, planteó, a continuación.
También expresó la esperanza de que, “como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tengamos un proceso legítimo y garante de los más elementales derechos fundamentales y procesales, lo que, en contrario, definitivamente impactaría gravemente en la estabilidad política y social de Guatemala”.
