En Costa Rica, más de 104,000 adultos mayores subsisten con una pensión mensual de ₡82,000 proveniente del Régimen no Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta asignación, inalterada desde 2019, ha generado preocupación debido a su falta de ajuste con el incremento del costo de vida, dejando a miles de personas vulnerables en condiciones económicas precarias.
Rodrigo Arias López, matemático y miembro de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, recalca que estas pensiones se encuentran subvaloradas en un 22% con respecto a su valor en 2010, indicando que en la actualidad deberían situarse en ₡99,933. Esto resalta un retraso significativo en el mantenimiento del poder adquisitivo para los adultos mayores que dependen de estas pensiones.
Arias enfatiza que es esencial la actualización periódica de estas pensiones, no solo para cumplir con acuerdos internacionales, sino también en concordancia con la legislación nacional y los principios establecidos en la Constitución Política de Costa Rica.
La falta de ajustes en estas pensiones ha generado críticas por parte del grupo de Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social. Se señala que los reajustes se realizan de manera esporádica y dependen de las decisiones discrecionales de los gobiernos, desviando los recursos hacia otros destinos en lugar de garantizar el bienestar de los adultos mayores.
El incumplimiento de convenios internacionales y legislaciones nacionales, como la Ley del Adulto Mayor y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, pone de manifiesto una clara discriminación hacia este grupo poblacional. Mientras otros regímenes de pensiones se actualizan cada seis meses, el RNC ha experimentado revaluaciones mínimas en los últimos años.
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) se ha visto presionado para actuar y exigir al Ministerio de Hacienda que libere los fondos adeudados al RNC, actualizándolos al menos conforme a la tasa de inflación. Además, se demanda un ajuste retroactivo de la pensión básica del RNC a ₡100,000, partiendo del 1 de enero de 2023.
La situación se complica aún más al constatar que los presupuestos asignados por los ministerios de Hacienda y Trabajo no son suficientes para cubrir las necesidades y mejorar el monto de estas pensiones. La falta de recursos impacta directamente en la calidad de vida de los beneficiarios del RNC.
La reciente recomendación de la Defensoría de los Habitantes al Conapam de asegurar al menos ₡236,000 de las pensiones como inembargables, en medio de denuncias sobre deducciones abusivas en las pensiones de los adultos mayores, destaca la urgencia de proteger los derechos de este sector de la población.
Conapam ha prometido seguir las recomendaciones, actuando para resguardar una parte de las pensiones y presentando un proyecto de ley que garantice la intangibilidad de cierto porcentaje de estos ingresos.
En conclusión, la falta de ajustes periódicos en las pensiones del RNC ha generado un escenario preocupante para los adultos mayores, desafiando la seguridad financiera y el acceso a una vida digna para quienes dependen de estas asignaciones. La demanda de actualizaciones justas y consistentes es una necesidad imperante para respetar los derechos fundamentales de esta parte esencial de la sociedad costarricense.
