El más reciente informe de Latinobarómetro, sobre el estado de la democracia en América Latina, tendría que activar la alarma política, y conducir a una inmediata y activa reflexión sobre el panorama planteado -de modo de revertirlo, o, al menos, frenarlo-.
Según los indicadores presentados y analizados en el estudio, la democracia latinoamericana está en retroceso, el apoyo al sistema va hacia abajo -principalmente en la población joven-, y, aún más dramáticamente, se dispara la indiferencia respecto al tipo de régimen que gobierne -complementada por una ascendente simpatía respecto al autoritarismo-.
La incapacidad, o la falta de voluntad -o ambas cosas-, de una alta proporción de gobernantes, para verdaderamente servir a la gente, incide, directamente, en el desencanto de la población respecto al modelo democrático.
Cuando los niveles de corrupción, en sistemas democráticos, parecen de ciencia ficción
-en países como, por ejemplo, Guatemala, Honduras, Perú-, la gente, la base de la injusta pirámide socioeconómica, se desilusiona, se siente traicionada, y busca opciones.
Cuando las clases políticas nacionales fallan, la decepción popular se fortalece, y conduce a escuchar engañosos discursos populistas, que derivan en pésimas decisiones electorales
-cuando las votaciones no son manipuladas-.
En su más reciente análisis –“Informe 2023”-, dado a conocer el 25 de julio, Latinobarómetro señaló, en ese sentido, “la debilidad de la elites simbolizadas en los presidentes de la república”.
El desglose del caso presenta “21 presidentes condenados por corrupción, 20 presidentes que no terminan su mandato, presidentes que fuerzan su estadía en el poder rompiendo las reglas de reelección”, indicó la plataforma regional especializada en el análisis de la democracia en América Latina.
A ello se suma el hecho de que “un tercio de los presidentes elegidos (…) han transgredido las reglas de la democracia”, agregó.
En tal contexto de degradación del sistema democrático, “valen más los personalismos, que terminan opacando a los partidos políticos”, señaló, a continuación, para precisar que “esta debilidad lleva a la atomización del sistema de partidos, donde se desploma su imagen y legitimidad”.
La corrupción se constituye en el principal factor de erosión de la voluntad democrática de la población.
En el caso de los tres ejemplos mencionados antes, Guatemala es, al momento de redactar este comentario, el convulsionado escenario de una ilegal movida política, por parte de los ultraderechistas poderes fácticos, para impedir que, en la votación presidencial de segunda vuelta -programada para agosto-, participe el candidato centroizquierdista Bernardo “tío Bernie” Arévalo.
El aspirante al más codiciado trabajo nacional, dio una fenomenal sorpresa, habiendo pasado, del octavo puesto en la intención popular de voto -con 2.9 por ciento, menos de un punto por encima del margen de error: 2.8 por ciento-, a ser la segunda opción -con 11.8 por ciento, apenas a 3.9 puntos de la centroderechista Sandra Torres, en su cuarto intento presidencial, con 15.7 por ciento-.
En la limítrofe Honduras, después de haber violado la Constitución y manipulado la votación para hacerse reelegir como presidente (2014-2018, 2018-2022), el corrupto Juan Orlando Hernández -conocido como JOH, por sus iniciales- fue extraditado, en 2022, a Estados Unidos, para ser procesado por actos de corrupción -incluidos participación, con abundante lucro, en actividades de narcotráfico-.
El caso de Perú es particularmente ilustrativo de la criminal erosión del sistema democrático por parte de dirigentes políticos profundamente corruptos -y, por lo tanto, flagrantemente ineficientes para gobernar-.
Después de tres mandatos presidenciales cumplidos -en este siglo- según los tiempos constitucionales -Alejandro Toledo (2001-2006), el segundo de Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala, un militar retirado, ex comandante del Ejército del Perú, (2011-2016)-, el agitado ambiente político del andino país sudamericano registra, en el período 2016-2022, seis titulares de la presidencia surgidos de elecciones -en promedio estrictamente matemático/estadístico, a demencial razón de uno por año-, más la interina actual.
Al inicio de la lista figura Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio de 2016 a 23 de marzo de 2018), quien renunció y, al año siguiente, fue detenido bajo cargos de corrupción y lavado de dinero.
Mantenido durante 36 meses en prisión preventiva, fue liberado bajo fianza, en 2022.
Kuczynski fue reemplazado por su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien desempeñó, desde el 23 de marzo de 2018 hasta el 9 de noviembre de 2020, la jefatura del Estado.
Vizcarra fue destituido por el parlamento, que -haciendo uso de lo previsto en numeral 2 del artículo 113 de la Constitución- lo declaró en “permanente incapacidad moral”.
Una particularmente fugaz presidencia, durante el caótico período, fue la de Manuel Merino, el reemplazo de Vizcarra: efímeros cinco días -del 10 al 15 noviembre de 2021-.
Merino renunció, en un contexto de protestas populares -con saldo de dos manifestantes fallecidos en el marco de la represión policial-.
A continuación, el entonces presidente del congreso, Francisco Sagasti, se convirtió en presidente del país, e inauguró, el 16 de noviembre de 2020, lo que denominó un “gobierno de transición y emergencia”.
Los conflictos sociales se agudizaron -incluida una protesta rural que resultó en cinco manifestantes fallecido-, todo lo cual llevó al fin de su administración, el 28 de julio de 2021.
En tal cuadro de absoluta inestabilidad, incontenible desorden político/institucional, Pedro Castillo inició, el 28 de julio de 2021, el primer gobierno de no solamente un outsider político, ajeno al establishment gubernamental peruano, sino, además, de humilde origen socioeconómico, un docente rural de educación primaria, además de líder sindical del magisterio nacional.
Por lo tanto, Castillo fue blanco brutal oposición por parte de la derecha y de la ultraderecha, empoderadas en el Congreso -el unicameral parlamento peruano-, el corrupto bloque político que tuvo que llevar a cabo cuatro intentos, para remover a Castillo, valiéndose del numeral 2 del artículo 113 de la Constitución, para declararlo en “incapacidad moral”.
El maestro rural fue destituido y encarcelado el 7 de diciembre de 2022, y fue reemplazado por su vicepresidenta, la derechista Dina Boluarte, quien ha reprimido inmisericordemente las manifestaciones populares contra su espurio régimen.
De modo que, en el contexto de erosión de la democracia latinoamericana en general -que incluye numerosos otros ejemplos-, la decepción de la gente, respecto al sistema, es de lógicas proporciones preocupantes.
Al respecto, en su más reciente informe, Latinobarómetro señaló que “los motivos que explican la recesión democrática de la región expresada en el bajo apoyo que tiene la democracia, el aumento de la indiferencia al tipo de régimen y preferencia por el autoritarismo se pueden expresar en principalmente tres dimensiones”.
“Por una parte, las crisis económicas que influyen negativamente pero no de manera principal en el declive de la democracia”, comenzó a explicar, para agregar que “las crisis económicas aumentan las desigualdades, aumenta el número de pobres y tensiona las demandas de la población que se vuelven totalmente inelásticas”.
“Por otra parte, deficiencia de la democracia en producir bienes políticos que demanda la población”, teniendo en cuenta que “los principales bienes políticos son la igualdad ante la ley, la justicia, la dignidad, la justa distribución de la riqueza”, indicó, a continuación.
En este punto, precisó que “la corrupción, los personalismos, el uso del poder para otras cosas que no son el bien común, entre otras cosas, minan el avance de la producción de bienes políticos”.
“En tercer lugar el desplome del desempeño de los gobiernos, su falta de capacidad de responder a las demandas de políticas públicas”, planteó.
La entidad especializada explicó, asimismo, que “examina el respaldo a la democracia en la región mediante el indicador de ‘Apoyo a la democracia’, que incluye tres alternativas: la primera mide el ‘apoyo’, la segunda la ‘indiferencia’ y la tercera el ‘autoritarismo’”.
Respecto al primer caso, reveló que, “en 2023, solo el 48% apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 63% de 2010”.
“El autoritarismo se ha ido validando poco a poco, en la medida que no se le condena, ni se sabe bien cuál es el umbral donde un país deja de ser democrático”, continuó señalando.
“Mas aún, en el período aumentan aquellos a quienes les da lo mismo el tipo de régimen, lo que implica que un populismo o un autoritarismo les son indiferentes”, precisó.
“Al analizar el apoyo a la democracia, por país, se observan, entre 2020 y 2023, aumentos y disminuciones”, contexto en el cual “en siete países este indicador aumenta y en nueve disminuye, mientras que en uno no hay variación entre 2020 y 2023”, aseguró, como ejemplo.
“Los países con mayor disminución de apoyo a la democracia son Venezuela (-12%), Costa Rica (-11%) y Guatemala y México (-8%)”, puntualizó, además de indicar que “se puede decir que esta caída es abrupta”.
En el rubro de apatía -o indiferencia- en cuanto al régimen político, Latinobarómetro planteó que “aquí se observan altibajos entre 1995 y 2010, con un mínimo de un 14% en 1997 y un máximo de un 22% en 2003”.
“A partir de 2010 comienza una tendencia persistente al aumento, desde un 16% en 2010 a un 28% en 2018 y 2023”, informó.
“En 12 países aumenta esta indiferencia entre 2020 y 2023, siendo Costa Rica y Guatemala los que registran la mayor alza (10%)”, mientras “en Brasil y Panamá disminuye de manera significativa la indiferencia a la democracia, en seis puntos porcentuales en ese período”, puntualizó.
“El aumento de la indiferencia en 12 países refleja un fenómeno más estructural de las democracias latinoamericanas”, señaló, en calidad de reflexión, para advertir que “no es casualidad que a todas les suceda lo mismo”, y asegurar que, “en general, estos datos confirman la recesión democrática como un problema regional”.
Respecto al tema del autoritarismo, existe “un contingente minoritario, pero estable, de ciudadanos que prefieren un régimen” de tal naturaleza.
En ese sentido, “se observa un aumento significativo desde el 13% en 2020 al 17% en 2023”, reveló.
Adicionalmente, informó que “el 17% es un porcentaje que se presenta ocho veces entre 1995 y 2023; es más, el autoritarismo alcanza un 18% (1997 y 1998) y hasta un 19% (2001), su punto más alto”.
Además, advirtió que “hay un aumento de cuatro puntos porcentuales entre 2020 y 2023”, lo que significa que “estamos frente a un contingente sustantivo y persistente de ciudadanos que prefieren el autoritarismo”.
Los alarmantes datos producidos por Latinobarómetro, hacen recordar, por ejemplo, cómo una democracia de “la Suiza Latinoamericana” -Uruguay-, similar a que caracteriza a “la Suiza Centroamericana” -Costa Rica-, fue minada por un par de sucesivos presidentes civiles partidarios del autoritarismo -dando espacio a una de las más brutales dictaduras militares en la región
Para quienes no vivieron bajo las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, y para quienes pasaron por esa brutal realidad pero al parecer olvidaron lo que eso fue, se impone rescatar y mantener vigente la memoria histórica.
Es la obligación moral de quienes ni olvidamos ni perdonamos a los dictadores.
