El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) ha presentado su respuesta ante la Sala Constitucional en relación a las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley Marco de Empleo Público. Estas acciones fueron interpuestas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD), generando un debate sobre la constitucionalidad de esta legislación.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, ha manifestado que Mideplan, en su papel de ente rector del empleo público en el país, ha brindado argumentos sólidos en respuesta a ambas acciones, sosteniendo que la Ley Marco de Empleo Público no presenta vicios de inconstitucionalidad.
«Como ministerio rector del empleo público, hemos presentado argumentos contundentes en relación a los puntos planteados en ambas acciones. Reiteramos que la Ley Marco de Empleo Público se ajusta a la Constitución», afirmó la ministra Fernández.
La respuesta de Mideplan se centra en los siguientes puntos principales planteados por las acciones de inconstitucionalidad:
- Independencia del Poder Judicial y autonomía de gobierno y organizativa: El Ministerio argumenta que la ley no vulnera la independencia del Poder Judicial ni afecta la autonomía de las instituciones gubernamentales en su toma de decisiones.
- Rectoría política y no injerencia política: Mideplan sostiene que su papel como enter rector no implica una intromisión política en las decisiones de las instituciones. Asegura que no existe una transgresión al orden constitucional en este sentido.
- Cumplimiento de la Constitución: El Ministerio afirma que la Ley Marco de Empleo Público no contiene disposiciones que violen la Constitución costarricense.
Fernández explicó además que la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, incluyendo su reglamento correspondiente, ha sido llevada a cabo de manera responsable, en beneficio de la institucionalidad y el país. También destacó que Mideplan ha brindado asistencia a las instituciones y ha respondido a numerosas consultas relacionadas con la rectoría del empleo público.
«Todos estos procesos de trabajo los hemos realizado de manera responsable, cumpliendo con nuestro deber de fortalecer la institucionalidad y en beneficio del país. Del mismo modo, asumimos con seriedad y responsabilidad la respuesta a ambas acciones de inconstitucionalidad», agregó Fernández.
Ahora corresponde a la Sala Constitucional evaluar los argumentos presentados por Mideplan y tomar una decisión en relación a la constitucionalidad de la Ley Marco de Empleo Público. Este caso ha generado un amplio debate en el país sobre la regulación del empleo público y el equilibrio entre la independencia institucional y la rectoría estatal en esta materia. Se espera que la resolución de la Sala Constitucional arroje luz sobre esta controversia y establezca las pautas para el futuro del empleo público en Costa Rica.
