Dos mil veintidós fue el año en que se intensificó, en Nicaragua, la violación de los derechos humanos -en el marco de la violenta crisis sociopolítica estallada hace algo más de cuatro años-, pero 2023 puede resultar peor, vaticinó, en su más reciente estudio, el no gubernamental Centro de Asistencia Legal Interamericano en derechos Humanos (Calidh).
Al anunciar, en un comunicado que emitió el 31 de enero, la presentación pública del “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua 2022”, Calidh advirtió, respecto al análisis, que “su contenido no es alentador”.
“Dos mil veintidós fue el año en el que más se aceleró la restricción de los derechos humanos”, indicó, al evaluar la dramática situación nicaragüense, en materia de garantías fundamentales, durante el período estudiado.
Sin embargo, “este año, 2023, podría ser peor”, vaticinó, a manera de advertencia, en comunicado contenido en dos páginas, que dio a conocer en Buenos Aires -la capital argentina-, donde tiene sede.
“Cuando nos hallábamos concentrados en las tareas de elaboración del informe, nuestro equipo se encontró muy preocupado por el desolador panorama general de los derechos humanos en Nicaragua”, indicó.
“La desarticulación consumada del estado social de derecho que proclama la constitución del país ha provocado un retroceso dramático del goce de derechos tan básicos de las y los nicaragüenses como la libertad de expresión”, explicó.
También aclaró que, “en el caso de muchos derechos, el escenario no es de restricción, sino de supresión total entre ellos la libertad de asociación y religiosa, los derechos políticos y la autonomía municipal”.
En las conclusiones de su informe de nueve capítulos contenidos en 71 páginas, Calidh abordó la perspectiva para este año, derivada de las acciones represivas que la dictadura mantuvo, el año pasado, contra toda manifestación opositora -particularmente contra la Iglesia católica-.
En ese sentido, expresó “profunda preocupación” respecto, entre otros componentes, a “la potenciación de la grave situación de los grupos analizados y el desinterés estatal en el cumplimiento de sus obligaciones generales y específicas contenidos en los tratados internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos y la propia legislación nicaragüense respecto de ellos.
Asimismo, en cuanto a “la agenda conservadora de abordaje de la violencia de género por parte del gobierno de Nicaragua”, señaló.
Esa agenda está “centrada en (1) el aumento de la severidad de las penas en abandono de los deberes de prevenir y garantizar derechos; (2) el modelo de familiarismo forzado y (3) la concentración total del sistema penal nicaragüense en las tareas de ejecución del patrón de castigo y censura contra las voces disidentes y opositoras, y en general, del control de la población nicaragüense”, precisó.
También es motivo de preocupación “la ausencia de políticas integrales para resarcir a víctimas sobrevivientes de violencia de género; para tutelar y ayudar económicamente a los familiares y especialmente a los encargados de niños, niñas y adolescentes huérfanos producto de la perpetración de femicidios”, expresó.
A ello se suma “la falta de políticas integrales de reparación de familiares, en especial, niños, niñas y adolescentes que quedaron en situación de orfandad tras la ejecución de sus padres en la etapa más letal de la crisis actualmente en curso”, agregó, en referencia a la dramática situación estallada en abril de 2018 -con saldo, desde entonces de centenares de víctimas fatales y desaparecidos, así como de presos políticos-.
Calidh también señaló “la presunción de comisión de posibles crímenes de lesa humanidad por el atraque (la agresión armada) sistemático a las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe”.
Tales hechos, que son recurrentes, ocurren “con la connivencia y la inacción del Estado en cuanto a las incursiones de invasores, y la participación directa de las autoridades autonómicas y municipales de la región norte”, planteó, en referencia a las comunidades atacadas en la nororiental Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (Raccn).
La oenegé regional hozo, igualmente referencia a “la supresión de la libertad de asociación como mecanismo de la demolición absoluta de los espacios de participación, articulación y expresión de las y los ciudadanos”.
Entre otros componentes de este contexto, destacó “el sometimiento a juicios carentes de garantías del debido proceso a las voces opositoras y disidentes que hoy día son personas privadas de libertad por motivos políticos”.
Asimismo, “el abandono del deber de brindar atención médica oportuna a las personas bajo privación de libertad con alguna situación de salud crónica o de riesgo”, además de lo que describió como “el especial patrón de persecución contra la dirigencia de la Unidad Democrática Renovadora (UNAMOS), activistas sociales, feministas y defensores de derechos humanos, periodistas, líderes estudiantiles y en general, cualquier persona opositora que alce su voz en el país”.
Calidh señaló, puntualmente, “los ataques contra la Iglesia Católica, en especial, la criminalización de sus clérigos y laicos”, y “los ataques contra grupos religiosos”, hechos que “son inaceptables en cualquier circunstancia y están prohibidos por el Derecho Penal Internacional”.
El centro expresó igual preocupación ante “la incapacidad del Estado de poder contener a la migración económica que evidencia el deterioro del empleo y de las condiciones de vida en Nicaragua”.
Se trata de un sector de la masiva migración nicaragüense, forzada, mayoritariamente, por las violaciones a los derechos humanos y por la ausencia de oportunidades, desplazamiento que tiene, como destino principal, a la limítrofe Costa Rica.
En ese contexto, desde el estallido de la crisis -en 2018- hasta diciembre de 2020, según estimaciones de diversas fuentes, algo más de 220 mil personas ingresaron a territorio costarricense -la mayoría cruzando, ilegalmente, por puntos ciegos, la frontera binacional terrestre de unos 309 kilómetros.
Una creciente proporción de esos migrantes está optando por desplazarse -la mayoría, también ilegalmente, combinando vía aérea y vía terrestre- hacia Estados Unidos.
Ello, a causa de que Costa Rica enfrenta una compleja situación nacional y de seguridad social, lo que limita las oportunidades de ,los migrantes, en general, de acuerdo con lo indicado lo mismo por organizaciones de sociedad civil que por el gobierno nacional.
Además del informe que dio recientemente a conocer, Calidh emprendió, el año pasado, acción judicial penal, en Argentina, contra algunas de las principales figuras del régimen.
En ese sentido, la oenegé informó, mediante un comunicado que emitió el 2 de diciembre que presentó, al sistema judicial de argentina, una denuncia -entre otros altos funcionarios de la dictadura, contra el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo-, por crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el estallido de la crisis.
La denuncia, que fue presentada “ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de la Nación Argentina”, se refiere a la “comisión de delitos de lesa humanidad en arreglo con la (argentina) Ley 26.200 ‘Ley de Implementación del Estatuto de Roma’ y el artículo 118 de la Constitución Nacional”, explicó el centro.
Además de la pareja gobernante, los funcionarios señalados en la acusación, son el director de la Policía Nacional (PN), comisionado general Francisco Díaz; el subdirector de la PN, comisionado Ramón Avellán; el asesor presidencial para Políticas de Seguridad, Néstor Moncada; el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, entre otros.
Díaz es consuegro de los dictadores, mientras Moncada y Moreno figuran entre los más cercanos allegados a Ortega y a Murillo.
Avellán fue jefe policial en la occidental ciudad de Masaya, uno de los puntos focales de la masiva oposición popular al inicio de la crisis, y, como tal, es responsable de la brutal acción policial y paramilitar que, durante semanas tuvo lugar en el lugar -un destacado bastión insurreccional, en la década de 1970, contra la dictadura somocista (1933-1979)-.
Calidh precisó, en el comunicado, que los señalados “son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil”.
El centro hizo, así, referencia al Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional (CPI) que, aprobado durante una conferencia diplomática de alto nivel llevada a cabo en 1998 en la capital italiana, creó ese tribunal mundial.
Los delitos que la CPI investiga y sanciona son crímenes de agresión, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y genocidio.
Lo señalado en la acusación ante la justicia argentina “cometieron los delitos de asesinato, extermino, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, entre otros”, agregó el Calidh.
La información sobre la acción judicial del centro fue conocida casi un mes después de que la justicia argentina anunció el inicio de una investigación penal para determinar si Ortega y otras autoridades de la dictadura han cometido crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con versiones periodística internacionales.
Este procedimiento legal se originó, el 15 de setiembre, mediante una denuncia -elaborada por los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota-, que involucra a Ortega, a Murillo, y a quienes son parte del brutal aparato represivo de la dictadura.
La acción penal -que fue anunciada el 5 de octubre-, se centra en lo que se describe como “aludidas acciones criminales” en el marco de la violenta crisis sociopolítica que tiene lugar, hace algo más de cuatro años y medio en el país centroamericano.
El abogado nicaragüense Danny Ramírez -fundador y secretario ejecutivo de Calidh- explicó, el 3 de noviembre, al respecto, que el señalamiento contra Ortega, Murillo, y otros funcionarios de la dictadura nicaragüense deriva del análisis de numerosas denuncias que la organización ha recibido.
“Para Calidh es muy importante la presentación de esta denuncia, porque es el resultado del trabajo que venimos haciendo de las denuncias que (nos) han presentado muchas personas”, indicó entonces el jurista, a la plataforma informativa nicaragüense La Mesa Redonda -medio de comunicación que opera, en el exilio, en Costa Rica-.
La acusación “se suma a la que ya había presentado el fiscal nacional en lo Penal y Correccional, (Eduardo) Taiana, a mediados de octubre”, explicó, al medio de comunicación que funciona en el exilio, en Costa Rica.
“Lo que hicimos nosotros, fue presentar una denuncia particular, donde escogimos a una cantidad determinada de funcionarios, sobre la base de las denuncias que hemos recibido en el Calidh”, agregó.
Más recientemente, el centro anunció, el 27 de diciembre, que proyecta presentar, en algún momento del primer trimestre de 2023, a organizaciones internacionales, un informe sobre el estado de la laicidad y de la libertad religiosa en Nicaragua.
El texto será llevado a entidades tales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa, el Consejo Mundial de Iglesias, así como al Vaticano.
El documento abordará, entre otros aspectos, el uso de símbolos religiosos en actividades partidistas y gubernamentales, así como la brutal persecución anticlerical -agudizada en
mayo de 2022-, indicó Ramírez, en Twitter.
“Denunciaremos el uso de recursos públicos en simbología, actos y eventos que contradicen la laicidad constitucional”, y también serán abordados “los ataques a la iglesia (católica) y otras confesiones”, tuiteó, a continuación.
Además, en declaraciones a La Mesa Redonda, el abogado señaló, respecto a la motivación para la elaboración del documento, que “partimos de nuestra profunda preocupación porque el Estado de Nicaragua no puede garantizar la libertad religiosa”, por lo que es necesario “denunciar las intervenciones abusivas del Estado, contra la Iglesia católica”.
Fundado en 2020, en Buenos Aires, Calidh -presidido por el abogado argentino Alejandro Mamani- se define, al inicio del informe 2022, como “una organización de la sociedad civil argentina establecida con la finalidad de promover, defender y justiciabilizar los derechos humanos en Latinoamérica, en especial, los de grupos en situación de vulnerabilidad”.
