Camino a constituirse en la primera mujer que ejerce la presidencia de Honduras, Xiomara Castro está enfrentada, antes de inaugurar su mandato, a una fuerte crisis política e institucional, de consecuencias imprevisibles.
Sin perjuicio del violento machismo históricamente posesionado en la patriarcal cultura nacional, la nueva jefa de Estado ganó la votación presidencial -enmarcada en las elecciones generales llevadas a cabo el 28 de noviembre- con margen de alrededor de medio millón de sufragios.
Castro -postulada por la alianza de los centroizquierdistas partidos Liberación y Refundación (Libre) y Salvador de Honduras (PSH)- reunió algo más de 1.7 millones de votos, frente a los aproximadamente 1.2 millones obtenidos por su principal adversario, del gobernante y derechista Partido Nacional (PN), Nasry “Tito” Asfura -el pintoresco alcalde de Tegucigalpa, la capital nacional, popularmente conocido como “Papi a la orden”.
El padrón electoral para esos comicios estuvo constituido por 3.6 millones de hondureños.
La mandataria electa, cuyo esposo, el ex presidente Manuel “Mel” Zelaya fue derrocado mediante el cruento golpe de Estado político-militar-institucional que se llevó a cabo el 28 de junio de 2009 -siete meses antes de finalizar su mandato constitucional (enero de 2006-enero de 2010)-, está se apresta a asumir el cargo, en medio de una preocupante crisis política -que dividió a su partido- e institucional -que dividió al parlamento-.
Reunido, el 23 de enero para instalarse y elegir a los 14 integrantes de la Junta Directiva correspondiente a la legislatura 2022-2026, -cuatro días antes de la juramentación de Castro-, el unicameral Congreso Nacional fue el escenario en el cual, con momentos de violencia física entre diputados, estalló el caos.
Los incidentes ocurrieron a raíz de que un grupo de la bancada de Libre ignoró lo acordado por las máximas autoridades de ambos partidos, y apoyó, para la titularidad de la presidencia del organismo legislativo, a su correligionario Jorge Cálix, en lugar de Luis Redondo -diputado por el PSH-.
Cálix obtuvo, en total, 85 votos -de los 128 integrantes del Congreso-, incluidos 21 de los 50 de Libertad y Refundación.
Ello determinó que los respetuosos de la decisión de apoyar a Redondo, se reunieran, en las afueras de la sede parlamentaria -por su peculiar estilo de construcción, en el área debajo del edificio, el sector popularmente denominado “los bajos del Congreso”-.
Esta sesión legislativa determinó la elección de Redondo, acción que fue reconocida por la dirigencia de Libre -cuyo coordinador y cofundador es Zelaya-, aunque algunos medios de comunicación indicaron que carecería de legalidad.
En un comunicado emitido el 23 de enero, y firmado por Zelaya, la conducción de libre anunció que reconoce a Redondo como presidente de la Junta Directiva del Congreso.
Por su parte, en un mensaje que difundió en la red social Twitter, la mandataria electa denunció que “la traición se ha consumado”.
De acuerdo con versiones periodísticas locales, 18 de los 21 disidentes fueron expulsados de Libre.
Entretanto, y en el marco de la crisis política y parlamentaria que enfrenta, Castro tiene, ante sí, tres alternativas, contenidas en la Constitución, para cumplir, el 27 de enero, su promesa (juramentación) presidencial.
Según lo establecido en el artículo 244, “la promesa de Ley del Presidente y del Vicepresidente de la Republica será presentada ante el Presidente del Congreso Nacional, si este estuviere reunido, y, en su defecto, ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia”.
Y se prevé, a continuación, que, “en caso de no poder presentarla ante los funcionarios antes mencionados podrá hacerlo ante cualquier Juez de Letras o de Paz de la Republica”.
De acuerdo con versiones de medios de comunicación locales, como consecuencia del caos generado en el Congreso, Castro habría optado por la tercera opción.
La ambiciosa hoja de ruta para su inminente administración -el Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026- aborda temas extremadamente sensibles para el establishment nacional -o sea, las cúpulas de poder catrachas-.
A partir del concepto clave -que es transversal a esa iniciativa-, Castro plantea -en el documento de 16 capítulos, contenidos en 68 páginas- la necesidad de construir un país apoyado en nuevos principios, en renovadores conceptos, a partir de una necesaria reforma a la Constitución.
“Esa construcción comienza, y la expresión suprema de esa nueva democracia será la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como el episodio siguiente de nuestra historia, la que debe surgir y promulgar el nuevo Pacto Social”, según lo planteado en el documento.
También se expresa la necesidad de que el pacto “refleje una voluntad concertada dentro de la correlación de fuerzas políticas, sociales y económicas, capaz de superar la crisis y transformar al país”.
En tal sentido, “la participación amplia, consciente, que ese proceso requiere, despertará la energía y articulaciones sociales de todos los sectores, que deberán entender que la patria no está en venta”.
Esto, en alusión a la denunciada corrupción que, históricamente, ha caracterizado a gobiernos hondureños, en particular, y más recientemente, la administración (2014-2018, 2018-2022) del cachureco (perteneciente al tradicional y derechista Partido Nacional) Juan Orlando Hernández -popularmente conocido como JOH, sus iniciales- señalado, entre otros hechos iliciticos, de mantener vínculos con el narcotráfico, y de haberse beneficiado monetariamente de esa actividad de crimen organizado.
De acuerdo con lo expresado en el plan, “ese Pacto nuevo solo puede forjarse en una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) originaria; y que se convocará el primer día de mi gobierno por medio de una consulta al soberano, y cuyos integrantes serán electos de forma directa y expresamente, y su producto final será ratificado por el pueblo en referéndum”.
También se plantea que “no es posible pensar en un nuevo Estado democrático sin la participación del pueblo en la economía”, y se agrega que “las élites tienen que superar la tara bicentenaria del miedo al pueblo”.
La alusión es a los doscientos años de independencia respecto a la monarquía española que Honduras -al igual que Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua- cumplió el 15 de setiembre.
Y, para los sectores preocupados con el rumbo ideológico que seguirá su gobierno, Castro pasa a explicar, en el punto referido a “organizar el Poder del Pueblo”, que “el socialismo democrático que plantea LIBRE se sustenta en la construcción del Poder Popular, antiautoritario”.
“Es decir, se apoya sobre la base de mecanismos que garanticen la organización y movilización para la defensa de sus intereses, del común”, agrega.
Y explica que “el pueblo mismo -articulado en federaciones étnicas, patronatos y juntas de agua, cajas rurales, asociaciones de productores y pobladores, cooperativas y sindicatos- es quien conoce mejor sus realidades concretas”, marco en el cual “las instituciones de la sociedad democrática y sus autoridades se nutren de legitimidad consultando permanentemente a ese pueblo organizado”.
Y, en lo que tiene que ver con política de género, el plan incluye -en el quinto capítulo: “Género: nada sobre nosotras, sin nosotras”- nueve propuestas.
Se trata, en primer lugar, de “introducir la perspectiva de equidad de género mediante la participación de verdad paritaria en todo proceso político”, seguida de la intención de “aumentar el presupuesto para asegurar el abastecimiento de métodos de planificación familiar para las mujeres en los centros de salud y educativos”.
La segunda propuesta se refiere a “facilitar la distribución, venta y uso de la PAE” -en alusión a la píldora anticonceptiva de emergencia-, medicamento “que permite interrumpir la fertilización en sus primeras horas”.
En el cuarto punto, se incluye propuesta referida a “despenalizar el aborto por 3 causales: 1. en caso de violación, 2. en caso de que la vida de la madre corra riesgo y de 3. malformaciones fetales que impidan una vida digna”.
De inmediato, “aprobar e implementar en todos los niveles educativos, la educación sexual integral que en primer lugar enseñe respeto para el otro”, además de “impulsar la reactivación económica y social mediante una estrategia de inserción y participación efectiva y beneficiosa de la mujer en la economía del país, que incluya el reconocimiento de todo tiempo laborado”.
También, “crear refugios de mujeres y niños víctimas/sobrevivientes de violencia”, además de “impulsar proyectos agroecológicos productivos en las comunidades, con miras a construir una alternativa de ingreso para las mujeres”.
La novena propuesta se refiere a “establecer un centro de atención integral especializado para mujeres migrantes que impulse la reinserción social para las mujeres migrantes retornadas”.
Se aborda, así, la dramática situación miles de mujeres y niñas quienes, golpeadas por la violencia de género, se suman a la masiva ola de migrantes hondureños quienes procuran, principalmente en Estados Unidos, las oportunidades y la seguridad que no encuentran en su país de origen.
