George Rodríguez/Foto-Medios
La tradicional institución latinoamericana del fraude electoral, está metamorfoseando.
Sin embargo, mantiene intacto su componente histórico básico/imprescindible: ganar, a como dé lugar.
Y la tropical subregión centroamericana, caracterizada por el caudillismo autoritario y corrupto, no es la excepción.
Tampoco lo es la servilmente llamada “democracia modelo” -la gringa-, en cuya supuesta asepsia cívica no hay fraude electoral -específicamente, en la votación presidencial-.
La realidad es que lo hay, pero está legitimado en la legislación del caso.
Según el hipócrita mecanismo, sin perjuicio de los resultados que surjan del sufragio de la gente -el de verdad, el de millones de votantes reales-, son 270 electores -la mayoría necesaria, del total de 538 privilegiados, elitistas integrantes del Colegio Electoral- los autorizados para determinar quién llega a la Casa Blanca.
O sea, 270 personas en un país de casi 340 millones, y poco menos de 214 millones de votantes registrados -a este año-.
Fue, exactamente, lo que ocurrió en la votación presidencial de noviembre de 2016.
Antes de eso, en 2000, en el caso del intelectualmente limitado -muy limitado- GW, hubo señalamientos de manipulación de sufragios -obviamente, en Florida, gracias al hermano gobernador-.
Pero, más recientemente, el legitimado fraude electoral funcionó, a la perfección, en el caso de Donald Trump -el corrupto/nefasto personaje a quien, mientras duró su vergonzosa autocracia, el medio de comunicación electrónico estadounidense Daily Kos etiquetó, con genial precisión, como “the orange idiot” (“el idiota anaranjado”)-.
Trump fue arrolladoramente derrotado, con margen nacional de aproximadamente tres millones de votos, por la insoportable Hillary Clinton -la que, como secretaria de Estado de Barack Obama, entre otros delitos, apoyó el golpe de 2009 en Honduras, y a quien Trump, en su natural patanería machista, dio el apodo de “crooked Hillary” (“delincuente
Hillary”)-.
Pero, en el colegio, 304 votaron por el anaranjado, mientras que 227 apoyaron a su adversaria -ridícula ventaja de 77 votos-.
De modo que, en el mecanismo electoral modelo de la democracia ejemplar, 77 votos pesaron más que casi tres millones.
Si eso no es fraude electoral, no sé qué es.
El problema de la candidata demócrata -la verdadera ganadora de esa votación presidencial- fue que no triunfó en los estados con las mayores cantidades de electores en el colegio.
Por lo tanto, el loser (perdedor) -uno de los insultos favoritos del anaranjado- por voluntad de la gente, fue el winner (ganador) según la elite colegiada.
Y, así, el derrotado candidato impulsado por los republicanos, se convirtió -carente de legitimidad- en el inquilino número 45 de la Casa Blanca.
Lo cierto es que, con esas dos antiopciones –“the orange idiot” y “crooked Hillary”-, la de ese año, en Estados Unidos, fue una elección presidencial para no votar.
De modo que Trump perdió la elección de verdad, pero -al igual que Juan Orlando Hernández, su contraparte en Honduras, un año después-, se instaló en oficina presidencial, a pesar de la voluntad popular en contrario.
Y, no contento con eso, en su vulgar intento continuista, cuando, en 2020, perdió las dos votaciones -la de verdad y la fake-, empezó a inventar un fraude electoral -narrativa que sigue diseminando, en sus insosteniblemente falsas vociferaciones conspirativas, dos años después de su estrepitosa derrota-.
Eso incluyó un intento de golpe de Estado, cuando mandó a centenares de sus ignorantes e incondicionales huestes -el masivo escuadrón paramilitar redneck trumpiano- a tomarse por asalto la sede del Poder Legislativo, en un flagrante intento golpista.
Dictatoriales maneras mediante las cuales “el idiota anaranjado” convirtió, a Estados Unidos, en una banana republic (república bananera) -revirtiendo, al imperio, la racista/discriminatoria/xenofóbica expresión históricamente aplicada a los países latinoamericanos-.
Pero, en una más de seis viles manifestaciones, durante una reunión gubernamental sobre la crisis migratoria -que aún afecta a Estados Unidos-, el autócrata de república bananera, etiquetó, a estos países -junto a las demás naciones empobrecidas del planeta- como “shithole countries” -traducido, muy libremente, como “países de mierda”, aunque, literalmente, la soez expresión significa “países con hoyo en el suelo para cagar”-.
Patán, se nace, no se hace -aunque se perfecciona-.
En el caso de nuestro vecindario centroamericano, la institución del fraude electoral -que no está legalizada, pero ha sido, históricamente, un reflejo condicionado en el quehacer político regional, en términos generales- está pasando por un proceso de actualización/perfeccionamiento, al ritmo del avance de la tecnología -y la ampliación, de ésta, a los procesos de votación popular-.
No obstante, y al margen de la modernización tecnológica, la base, la esencia, es -siempre- la misma: la corrupción.
Y las tres autocracias que Centroamérica está soportando -respectivamente, las de El Salvador, Honduras, Nicaragua, en orden estrictamente alfabético-, están compartiendo, con matices de diferencia, un libreto en ese sentido.
Las tres constituciones prohíben la reelección -en Honduras y Nicaragua, sin excepción, mientras que en El Salvador, la inmediata-.
La solución hallada, por los tres, para eliminar ese obstáculo: reformar, al antojo de cada uno, la Constitución del caso.
El instrumento para ello, según la necesidad individual: el parlamento o la máxima autoridad judicial -o un mix-.
En Nicaragua, donde -en el dramático marco actual de violación a los derechos humanos, y de grosera ausencia de gobernabilidad democrática- no existe separación/independencia entre los poderes del Estado, ocurrió el mix.
En la patria de Diriangén y Sandino, de Rubén y Rigoberto, el comandante Daniel-el máximo concentrador de poder en un país que ha sido históricamente golpeado, sin piedad, por el caudillismo dictatorial-, se valió de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como punto de apoyo para que la atropelladora locomotora oficialista en la Asamblea Nacional -el parlamento unicameral- reformase la Constitución.
La corte determinó, en 2009, que la limitación era inaplicable, y la asamblea completó el trabajo, cuando modificó, en 2014, el texto constitucional, ratificando la continuidad presidencial.
Se enmendó así, de acuerdo con la interpretación del régimen, la supuestamente flagrante violación al derecho humano, que tienen todos los nicaragüenses -sin excepción-, a elegir y ser elegidos.
Sin comentario -en un país que avanza, por un camino de fraude, hacia una farsa electoral-.
Así fue cómo quedó establecida la reelección indefinida.
De modo que, este año, el comandante se anotó para ir -dentro de, exactamente, un mes-, por la tercera, en cadena -o sea, buscando el cuarto período presidencial consecutivo-.
Este ejemplar de la nueva generación de dictatoriales caudillos centroamericanos, está, en materia de ilegal permanencia en el poder, en seria competencia con varios tiranos que colman la brutalmente dolorosa historia política latinoamericana -incluidos los Somoza, en Nicaragua-.
Al triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en 1979, cayó el último dictador del criminal clan Somoza, lo que puso fin a una de las más extensas tiranías militares latinoamericanas: 46 años.
Pero uno de los nueve comandantes, el que entonces se constituyó en referente mundial de esa revolución triunfante -la tercera, en América Latina, en el siglo pasado, después de la mexicana (1917) y la cubana (1959)-, traicionó.
- La traición del comandante Daniel Ortega fue múltiple.
- Traicionó la esencia de lo que es una revolución.
- Traicionó, en particular, a la revolución sandinista.
Traicionó a Sandino, el líder de una lucha no solamente independentista sino de dignidad nicaragüense -y latinoamericana-.
- Traicionó a Rigoberto, el poeta ejecutor del primer Somoza.
- Traicionó a quienes combatieron, en la guerrilla, contra la dictadura somocista.
- Traicionó a quienes cayeron en la lucha contra esa tiranía hereditaria.
- Traicionó a quienes combatieron a la contra, la fuerza de los “freedom fighters” (“combatientes por la libertad”) del pésimo actor hollywoodense y peor presidente estadounidense, el delincuente llamado Ronald Reagan.
- Traicionó a quienes cayeron en el prolongado combate a la contra.
Sumado a todo ello, traicionó a quienes apoyamos, de diferentes maneras, a la revolución sandinista.
De modo que el comandante está en competencia histórica con los Somoza, con Trujillo, con Pinochet, y con otros varios dictadores ultraderechistas, en materia de criminal perpetuación dictatorial -y corrupción-, y va igualándolos -quizá, hasta superándolos, en modus operandi-.
Al contabilizar sus años en el poder, hay que tener en cuenta que Ortega empezó siendo coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) -instalada cuando cayó la dictadura somocista-, cargo que desempeñó desde 1979 hasta 1985.
A continuación, su primer período presidencial -como resultado de las primeras elecciones nicas sin somocismo- se extendió de 1985 a 1990.
Luego de tres derrotas electorales seguidas -1990, 1996, 2001-, logró ganar la votación de 2006.
A partir de ahí, y fruto de la irregular reforma constitucional, ha estado tres quinquenios consecutivos en la presidencia (2007-2012, 2012-2017, 2017-2022) -el primero, por elección, los otros dos, por reelección-.
Ahora, va, demencialmente, por la tercera turbia ratificación, para llegar a cuatro períodos presidenciales en cadena.
Por lo tanto, sumando los cinco años de coordinación de la junta, los cinco de presidencia durante el gobierno revolucionario, más los quince desde el regreso al cargo, Ortega acumula, de momento, 25 años en el poder.
Y, en lo inmediato, con el previsible triunfo en la actual farsa electoral -que culmina en la votación del 7 de noviembre-, está apuntado a 35.
En un demoledor llamado a la cordura -y, simultáneamente, una fenomenal lección de ética-, el ex presidente brasileño (2003-2007, 2007-2011) Luiz Inácio “Lula” da Silva, un izquierdista obrero metalúrgico, reprendió, al comandante, por mantenerse ilegítimamente en el poder.
“Toda vez que un gobernante comienza a verse insustituible, y toda vez que un gibernante comienza a verse imprescindible, está surgiendo un poco de dictadura, en ese país”, expresó Lula, en un ejemplarizante análisis que circuló, en video, el 11 de setiembre, en redes sociales.
Siendo presidente, y con popularidad de 87 por ciento, en 2010, “mucha gente quería que yo tuviese un tercer mandato”, pero “yo no acepté un tercer mandato, porque yo soy, ampliamente, favorable a la alternancia del poder”, agregó.
“Yo creo que, cuando uno piensa que no hay nadie para sustituirlo, estamos volviéndonos dictadores, y, a mí, no me gusta eso”, expresó, como advertencia.
Respecto a Nicaragua, aseguró que, “si yo pudiese dar un consejo a Daniel Ortega, yo le doy un consejo, a él -y a cualquier otro presidente-: no abandone la democracia, no deje de defender la libertad de prensa, la libertad de comunicación, la libertad de expresión”.
“Porque es eso lo que fortalece a la democracia”, agregó.
“Creo que, para Nicaragua, la alternancia en el poder sería bueno”, aseguró.
“No es importante que alguien se quede mucho tiempo, no es importante”, porque “es importante que haya relevo, para que la sociedad se sienta tranquila”, reafirmó.
“Creo que, para Nicaragua, la alternancia en el poder sería buena”, volvió a expresar.
También en noviembre -específicamente, el 28-, Honduras se apresta a ser escenario de elecciones generales.
Hernández -popularmente conocido como JOH, sus iniciales- está en fraudulento desempeño de la presidencia del país que comparte, con Nicaragua, frontera terrestre de 922 kilómetros.
Un “artículo pétreo” -o sea, imposible de modificar, imposible de cambiar por ninguna vía legal- de la Constitución catracha, impide la reelección presidencial.
- Sin matices.
- La reelección.
- Punto.
En 2009, el entonces presidente Manuel “Mel” Zelaya, propuso la realización de una consulta popular, que determinase si la gente estaría de acuerdo con llevar a cabo un referéndum respecto a la prohibición de reelección.
Tal osadía hizo que el sueño de Zelaya fuese violentamente interrumpido, cuando amanecía el 28 de Junio de 2009 -faltando siete meses para el fin de su mandato (2006-2010)-, con la irrupción, en su residencia capitalina, por parte de un exageradamente numeroso contingente militar.
El presidente fue trasladado, bajo arresto, a un avión militar hondureño, y, tras una escala -para que la tripulación recibiese instrucciones- en la base militar estadounidense conocida como Palmerola, a 80 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital nacional, fue dejado, “en pijama y sin ropa interior” -según su narración-, en la pista de la policial Base 2, en un extremo del Aeropuerto Internacional “Juan Santamaría”, en las afueras de San José, la capital de Costa Rica.
Sin embargo, seis años después, en el ejercicio del primero de sus dos mandatos presidenciales (2014-2018, 2018-2022), mediante manipulación de la Corte Suprema de Justicia, JOH consiguió que el “pétreo” artículo 239 de la Constitución hondureña -que prohíbe la reelección presidencial- fuese declarado -como en el caso nicaragüense- inaplicable.
De modo que, tres años antes de terminar su primer período al frente del gobierno, Hernández comenzó a planificar su permanencia en el cargo -solamente por un cuatrienio más, porque el país necesitaba que continuase su maravillosamente buena obra gubernamental-.
Ahora, no hubo golpe de Estado.
Durante el proceso hacia las elecciones generales de 2017 -el año de la ilegal reelección-, el entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, aseguró, recurrentemente, que el nuevo sistema electrónico adquirido para el conteo de votos, era algo así como blindado, aseguraba que nada podía interferirlo.
Por lo tanto, según Matamoros, la transparencia del conteo de sufragios estaba más que garantizada .
Así, cerrada la jornada de votación del 26 de noviembre, e iniciada, por la noche, la cuenta de sufragios, el candidato por el opositor Partido Anticorrupción (PAC), el popular reportero deportivo y presentador de televisión Salvador Nasralla, se ubicó, desde el inicio del escrutinio, como el candidato ganador, seguido por el aspirante a la reelección.
Sorprendentemente, el escrutinio de sufragios se desarrollaba según lo vaticinado por Matamoros, y las actualizaciones de cifras, en tiempo real, online, por parte del TSE, ocurrían puntualmente, sin contratiempo.
Pero, de pronto -y para sorpresa de nadie-, el infalible sistema, falló.
Transcurridas algunas horas de apagón electrónico, el sistema fue restablecido, ahora produciendo -igualmente, para sorpresa de nadie, aunque para indignación velozmente masificada- cifras que ubicaban, a JOH, como ganador.
Aval del soez fraude fue la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Eso, tampoco fue, en lo absoluto, sorprendente, dado que el grupo estaba encabezado por Jorge “Tuto” Quiroga, un mediocre ultraderechista -la redundancia es válida- en cuyo patético currículum político figura, destacadamente, la deshonra de haber sido vicepresidente de Hugo Banzer, uno de los criminales dictadores militares que -por decenas, el siglo pasado- oprimieron, sanguinaria y corruptamente, a Bolivia.
Durante su período de facto (1971-1978), su antecesor inmediato, el militar progresista Juan José Torres (1970-1971) -a quien derrocó-, fue asesinado, en Buenos Aires, en el marco del multidictatorial Plan Cóndor.
El derrocamiento de Torres -quien, a diferencia de Banzer, no era un facho- marcó el golpe de Estado número 187 -en el año 146 de historia boliviana de independencia-.
Efectivamente, Bolivia llegó a tener más golpes de Estado que años de independencia.
Mientras encabezaba su gobierno dictatorial Banzer fundó, en 1973, la ultraderechista y delictiva -otra vez, la redundancia es válida- Alianza Democrática Nacionalista (ADN), con la cual, tras dos frustrados intentos electorales, llegó, en 1997, a la presidencia.
Cuando renunció, en 2001 -un año antes de fallecer-, fue reemplazado, en la presidencia del mediterráneo país sudamericano, por Quiroga, su vergonzoso vicepresidente.
De modo que no debe causar extrañeza, ni sorpresa, la corrupta gestión de una MOE/OEA encabezada por alguien absolutamente carente de autoridad moral para evaluar un proceso electoral, un patético personaje cuya fenomenal ausencia de ética, y cuya monumental mediocridad, lo llevaron a ser vicepresidente de un oscuro criminal militar.
El burdo fraude electoral catracho de 2017, condujo a inmediatas protestas masivas, a nivel nacional, con saldo de víctimas fatales, heridos, detenidos, comercios saqueados, bloqueos callejeros.
Todo fue estéril.
JOH fue juramentado, el 27 de enero de 2817, para su segundo y flagrantemente ilegal cuatrienio en la presidencia.
Ahora, señalado como destacada figura de la narcopolítica de Honduras, Hernández se apresta a entregar el cargo, al ganador de la contienda entre quince aspirantes a sucederlo-solamente dos mujeres-, lo que será definido el 28 de noviembre -casi tres semanas después de Nicaragua-.
Curiosamente, Juan Orlando no siguió el ejemplo de Daniel, en cuanto a perpetuarse en el poder.
Está por verse si, cuando deje de ostentar la banda presidencial, continuará siendo protegido por los gringos -como su ficha en Centroamérica-, o si seguirá los pasos de su hermano y ex diputado “Tony”, quien cumple condena a prisión perpetua, como narcotraficante, en Estados Unidos.
En un reciente juicio, en Nueva York, contra el narco hondureño Geovanny Fuentes -quien fue declarado culpable-, un testigo aseguró que vio, al acusado, entregar, personalmente, a JOH, 25 mil dólares -cash-, a cambio de protección, cuando Hernández era presidente del Congreso Nacional y estaba en su primera exitosa campaña por la presidencia del país.
Mientras tanto, observando desde El Salvador, Nayib Bukele, un turbio personaje de ideología oportunistamente fluctuante, proyectado como millenial cool, avanza, tras su fake imagen, por el corrupto camino de autoritarismo de sus dos contrapartes regionales.
Bukele pasó, sin pestañear, del ex guerrillero y dos consecutivas veces gobernante (2009-2014, 2014-2019) Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -con el cual fue, sucesivamente, alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015). y de San Salvador (2015-2018)-, a la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) -con la que llegó a ser presidente-.
En 2017, el FMLN lo expulso de sus filas -precisamente, por su insolvencia ideológica-, lo que determinó que fundase su propio y derechista partido -Nuevas Ideas-.
Ante la imposibilidad de inscribir a tiempo, a Nuevas Ideas, para la votación de 2019, Bukele se insertó en GANA, partido que lo postuló.
GANA es una organización política uno de cuyos dos fundadores es el ex presidente salvadoreño (2004-2009) Antonio “Tony” Saca, quien cumple, desde 2018, en El Salvador, condena a 10 años de prisión, tras habérsele hallado culpable de los delitos de peculado y lavado de dinero, los que cometió siendo gobernante.
Saca fue llevado a la presidencia salvadoreña, por la ultraderechista y escuadronera Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
La alianza fue cofundada, en 1981 -un año después de estallada la guerra salvadoreña (1980-1992) por el mayor Roberto D’Aubuisson -fallecido en 1992-, quien fue señalado-por Naciones Unidas, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- como creador de los escuadrones paramilitares que operaron, desde 1979 hasta 1991, en El Salvador, y, como tal, responsabilizado por el asesinato a balazos, mientras oficiaba misa, en 1980, del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero.
Juramentado el 1 de junio de 2019, para cumplir el quinquenio gubernamental que finaliza en 2024 -tras haber ganado, con 53.1 por ciento de apoyo votante, la elección presidencial realizada el 3 de febrero de ese año-, Bukele, quien durante la campaña electoral se proyectó como un candidato de cambio, ha convertido, a su gobierno, en una autocracia-velozmente encaminada a constituirse en dictadura-.
Tras el triunfo de Nuevas Ideas, en la elección parlamentaria del 28 de febrero de este año, Bukele está -al igual que JOH y Ortega, en sus respectivos países- valiéndose, ilegalmente, de la estructura institucional salvadoreña -principalmente la legislativa y la judicial-, para consolidar su control de los poderes del Estado.
Además, siguiendo el modelo del comandante, ha comenzado a implementar acciones intimidatorias -que, obviamente, incluyen violación a derechos humanos-, para neutralizar toda amenaza a su arbitrariedad.
Con notoria ventaja en la correlación de fuerzas que, desde el 1 de mayo, presenta la unicameral Asamblea Legislativa -64 de los 84 diputados-, Bukele consiguió que sus neoideistas destituyeran, de inmediato, a los siete magistrados titulares -y a los doce suplentes- de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo mismo que al fiscal general de la República, Raúl Melara.
La sala y la titularidad de la fiscalía -encomendada, la segunda, a Rodolfo Delgado- están, ahora, en poder de operadores políticos de Bukele -quien, según la autodefinición que tuiteó recientemente, es “el dictador más cool del mundo mundial”-.
Por su parte, los nuevos magistrados bukelistas no tardaron en empezar a trabajar para el jefe, y, sin haber siquiera calentado las respectivas sillas, allanaron el camino a la continuidad presidencial.
Para ello, solícitamente modificaron el artículo 152 de la Constitución, eliminando la prohibición de reelección inmediata -o sea, para dos quinquenios presidenciales consecutivos-.
En su demencial dictamen, no tuvieron ningún inconveniente en aseverar que “es el mismo artículo 152 ordinal 1 quien permite como máximo que una persona ejerza la Presidencia por 10 años y, de hecho, el Constituyente de 1983 (año de vigencia de la Constitución) obliga a que esos 10 años se ejerzan, si el pueblo así lo decide, de forma consecutiva”.
Además, complementaron, hipócritamente, su ilegítima decisión de jueces ilegítimos-la redundancia es, también, válida-, al establecer que “ha de requerirse al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, deba solicitar una licencia durante los seis meses previos” a la apertura del período inmediatamente siguiente -para el cual aspira a la reelección-.
Argumentaron que, con eso, se mantiene vigente la “prohibición de prevalerse del cargo para realizar propaganda electoral”.
Infranqueable barrera para impedir que un gobernante autoritario -como Bukele-, para quien la ética sale sobrando, utilice la presidencia como sustento de campaña.
Buen trabajo, bukelistas.
Es evidente que Centroamérica sigue, atávicamente, en su histórico amarre a caudillos autoritarios y corrupto -ahora en las variantes comandante, narco, y cool-.
