George Rodríguez/Foto-Medios
En el caso de no facilitar un proceso electoral justo, con miras a los comicios generales de noviembre de este año, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cruzaría una línea roja, advirtieron seis integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
La comunidad internacional debe unirse en asegurar que, de persistir el actual ambiente previo a la votación, en el país centroamericano, Ortega estaría colocándose en esa posición, aseguraron, en una declaración, los congresistas demócratas Albio Sires, Juan Vargas, y Debbie Wasserman Schultz, y los republicanos Mario Diaz-Balart, Mark Green, y Maria E. Salazar.
Ante la perspectiva realista de que Ortega no modifique su actitud, Estados Unidos debe esforzarse por lograr que, entre otros aspectos, los comicios se lleven a cabo bajo escrutinio internacional, expresaron, en el pronunciamiento que emitieron el 16 de abril.
“La comunidad internacional debe estar unida en afirmar que la descalificación de cualquier candidato opositor, por Ortega y sus cómplices, restricciones a la participación de partidos opositores, o el fracaso en otorgar pleno acceso a observadores internacionales, durante la totalidad del proceso electoral, significaría cruzar una línea roja”, plantearon, como advertencia.
En ese sentido, aclararon que “no estamos bajo ninguna ilusión de que Daniel Ortega cambiara su conducta”.
“Estados Unidos debe, por lo tanto, hacer todo lo que pueda para asegurar elecciones, en Nicaragua, libres y limpias, multipartidistas, observadas internacionalmente”, recomendaron, a continuación.
Al respecto, asumieron el compromiso de que, “como miembros del Congreso de Estados Unidos, trabajaremos para asegurar que toda herramienta del Gobierno de Estados Unidos sea usada para avanzar en ese esfuerzo”.
El grupo de parlamentarios, encabezado por Sires -presidente del Subcomité sobre Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración, y Política Económica Internacional, del Comité sobre Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes-, también se refirió al contexto de violaciones a los derechos humanos que persiste en Nicaragua.
“Al aproximarse las elecciones de noviembre, Ortega ha profundizado la represión del estado contra los derechos y las libertades básicos de los ciudadanos”, indicaron los parlamentarios.
Además, “en lugar de cumplir un compromiso de implementar reformas democráticas, Ortega ha impulsado nuevas leyes que amplían su control”, advirtieron.
“La más atroz de todas, que fue aprobada avanzado 2020, le da el poder de, arbitrariamente, impedir que candidatos de oposición se postulen en las próximas elecciones”, precisaron, a manera de ejemplo.
Por otra parte, “las ‘reformas’ propuestas, esta semana, por su obsecuente parlamento, muestran desprecio por las modestas solicitudes hechas por la comunidad internacional”, y “son otra cortina de humo, que hará poco para enmascarar los planes de Ortega para noviembre”, expresaron.
Los congresistas hicieron así alusión a las leyes y reformas de legislación aprobadas, al final del año pasado y al inicio de este año, que cierran, aun más, el escaso espacio político nicaragüense.
Se trata, entre otras medidas, de las leyes de Regulación de Agentes Extranjeros, Especial de Ciberdelitos, de Crímenes de Odio, y de Defensa de los Derechos del Pueblo, Independencia, Soberanía, y Autodeterminación de la Paz, respectivamente aprobadas, por la abrumadora mayoría parlamentaria oficialista -71 de los 92 diputados-, el 15 de octubre y el 27 de octubre del año lasado, el 10 de enero de este año, y el 21 de diciembre del año pasado.
Mediante la primera, se elimina el financiamiento a partidos políticos y organizaciones de sociedad civil de oposición.
La segunda, prohíbe la divulgación de acciones represivas del régimen de Ortega, además de que es violatoria de la privacidad de la información, al obligar a los operadores de redes sociales a colaborar con el gobierno.
La referida a crímenes de odio, establece la pena de prisión perpetua para quienes se pronuncien contra el régimen orteguista, mientras que la cuarta inhibe de participar en elecciones a quienes se pronuncien a favor de bloqueos económicos y otras sanciones contra el gobierno.
Entretanto, dos leyes fueron refirmabas por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), respectivamente, el 2 y el 3 de febrero de este año.
En el primer caso, se elimina la presunción de inocencia, ya que se amplió, de las anteriores 48 horas, a 90 días, el plazo de detención sin acusación.
La segunda reforma, protege a allegados a Ortega, y otros funcionarios gubernamentales, sancionados por Estados Unidos y por la Unión Europea, ya que permite que sus familiares posean cuentas bancarias y tengan acceso a otros servicios financieros.
Más recientemente, 65 diputados progubernamentales presentaron un proyecto de ley de reformas electorales, consistente en 234 artículos contenidos en 85 páginas, entre los cuales se prevé, entre otros componentes, “la cancelación y suspensión de la personalidad jurídica de los partidos políticos”.
En ese sentido, el artículo 72 prevé que “el Consejo Supremo Electoral, de oficio, o a solicitud de la Fiscalía General de la República o de otros partidos políticos, podrá cancelar o suspender la personalidad jurídica a los partidos políticos por el incumplimiento comprobado de los deberes establecidos en la presente ley.
El artículo siguiente, indica que “son causales de suspensión el incumplimiento de: las Normas Éticas de la campaña electoral, de la presente ley o de las contempladas en los estatutos de cada partido”.
El artículo 74 señala, entre otras “causales de cancelación (…) la violación a las disposiciones que sobre el origen y uso del financiamiento se establecen en la ley para los partidos políticos en cuanto a sus responsabilidades”.
En materia de financiamiento, el artículo 103 establece que “los partidos políticos, alianzas de partidos o cualquiera de sus candidatos y candidatas (…) no podrán recibir donaciones de ningún tipo de entidad extranjera para ningún fin”.
Los legisladores estadounidenses hicieron, asimismo, referencia al estallido, el 18 de abril de 2018, de la violenta crisis sociopolítica ajora, a causa de la pandemia mundial del coronavirus, también sanitaria- que golpea a Nicaragua.
“El 18 de abril marca el tercer aniversario del inicio de las masivas protestas contra el régimen de Ortega en Nicaragua”, expresaron.
“En 2018, manifestantes pacíficos fueron enfrentados con indescriptibles actos de violencia aprobados por el estado, llevados a cabo por las fuerzas de seguridad de Ortega”, denunciaron.
“Lamentablemente, la perversión y la impunidad exhibidas por el régimen de Ortega han demostrado ser parte de una tendencia mayor”, advirtieron.
“Apoyamos, solidariamente, al pueblo de Nicaragua, y nuestros corazones están con los muchos miles quienes han sufrido crímenes de lesa humanidad a manos de esa brutal dictadura”, aseguraron.
Estallada hace tres años, la crisis nicaragüense ha cobrado por lo menos 712 vidas, generado algo más de 840 desaparecidos, casi 515 presos políticos, poco más de 5,100 heridos, y alrededor de 100 mil exiliados en la vecina Costa Rica, de acuerdo con los datos más recientes difundidos por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), organización que trabaja, desde entonces, en San José, la capital costarricense, en el exilio.
En el contexto de la dramática situación sociopolítica, diferentes sectores de la población vienen exigiendo, masivamente, la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, lo que ha recibido la invariable respuesta de implacable represión policial y paramilitar –lo mismo masiva que selectiva-.
En cuanto al presente proceso con miras a los comicios de noviembre, Ortega proyecta, en la votación presidencial, mantenerse en el cargo.
El mandatario está en su tercer período consecutivo, lo que ha logrado mediante cuestionadas reelecciones, siempre postulado por el nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Luego de tres derrotas electorales consecutivas -1990, 1996, 2001-, Ortega ha triunfado en otros tres comicios consecutivos -2006, 2011, 2016-.
De ese modo, además del período como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) (1979-1985) -tras la caída de la dictadura somocista-, Ortega acumula, hasta ahora, cuatro mandatos presidenciales quinquenales (1985-1990, 2007-2012, 2012-2017, y el actual, 2017-2022), con aspiración a una nueva reelección -la tercera consecutiva-, en la votación de este año.
