George Rodríguez/Foto-Archivo
El régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, no es un gobierno revolucionario sino una dictadura corrupta que se apoya sobre las armas de sus fuerzas policiales y militares, denunció el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), el abogado Álvaro Leiva.
Al participar en modo virtual, la mañana del 16 de noviembre, en una sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, para abordar la crisis nicaragüense, Leiva aseguró que se requiere mayor presión internacional para que el régimen Ortega-Murillo implemente reformas democráticas, con miras a las elecciones generales programadas para noviembre del año próximo.
También es necesaria la implementación de lo que describió como sanciones económicas más drásticas, contra el régimen lo mismo que contra sus aliados a nivel internacional, con el propósito de menguar la capacidad represiva gubernamental, aseguró Leiva al grupo de trabajo del organismo legislativo regional con sede en Bruselas, la capital de Bélgica.
“Desde hace mucho tiempo, la dictadura Ortega Murillo que desgobierna el Estado de Nicaragua, dejó de ser un gobierno revolucionario o inspirado en alguna ideología de avanzada, a favor de los más pobres, para convertirse en un gobierno de cúpulas que opera al mejor estilo de las mafias internacionales con involucramiento en negocios propios del crimen organizado”, denunció el activista, asilado, desde 2018, en la limítrofe Costa Rica.
Leiva aludió así al hecho de que Ortega es un ex comandante del guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que, durante casi dos décadas (1961-1979), combatió -hasta derrocarla- a la corrupta y sanguinaria dictadura (1967-1979) del general Anastasio Somoza Debayle -ajusticiado en 1980 en Asunción, la capital de Paraguay, donde residía exiliado-.
El régimen “fundamenta su poder en las armas del ejército y de la policía, instituciones que ha convertido en instrumento de represión familiar y partidaria”, denunció Leiva, un abogado especializado, entre otros campos, en el de los derechos humanos.
También se apoya sobre “la demolición de la separación de poderes, ejerciendo total control del tribunal electoral, del sistema judicial y de la Asamblea Legislativa, a través de la cooptación, el chantaje, la intimidación y la amenaza”, agregó, en el informe que leyó a los integrantes de la subcomisión.
Al denunciar actos de corrupción gubernamentales, el activista señaló que “los negocios realizados por la dictadura únicamente benefician a una reducida cúpula de cómplices y allegados, pues la mayor parte de la riqueza obtenida es para engrosar la cuenta familiar Ortega Murillo”.
También planteó que “es una falacia del régimen y sus cómplices afirmar que más sanciones políticas y económicas perjudican al pueblo nicaragüense, pues en su inmensa mayoría este pueblo ha sido empobrecido hasta la miseria, obligándolo a migrar hacia países vecinos o a quedarse en el país en una economía de subsistencia”, dijo.
En tal contexto, es urgente que la comunidad internacional intensifique la presión en las áreas de la diplomacia y la economía, además de logre aislar, globalmente, al régimen, expresó.
Pero también ers necesario que se castigue a los gobiernos y las empresas que apoyan a Ortega, precisó el defensor de los derechos humanos.
“Es nuestro criterio que el régimen Ortega Murillo no cederá a realizar cambios democráticos en el país, a menos que la comunidad internacional inicie acciones en su contra en el campo diplomático y económico”, señaló.
Para ello, “se requiere de una acción concertada de aislamiento, desconociéndolo por su ilegitimidad de origen, así certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el fraude electoral de 2011 y las violaciones a la Constitución Política de Nicaragua que le permitieron reelegirse, en complicidad con sus operadores políticos en el Poder Judicial”, recomendó.
Leiva hizo así alusión a la cuestionada permanencia de Ortega en el poder -actualmente en su tercer período consecutivo en la presidencia de Nicaragua-, mediante cuestionadas reelecciones y siempre postulado por el nuevamente gobernante FSLN.
Luego de tres derrotas electorales consecutivas -1990, 1996, 2001-, Ortega ha triunfado en otros tres comicios consecutivos -2006, 2011, 2016-.
De ese modo, además del período como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) (1979-1985) -tras la caída de Somoza-, Ortega acumula, hasta ahora, cuatro mandatos presidenciales quinquenales (1985-1990, 2007-2012, 2012-2017, y el actual, 2017-2022), con aspiración a una nueva reelección -la tercera consecutiva-, en la votación de 2021.
En materia de medidas internaciones que procuren asfixiar al gobierno orteguista, Leiva planteó, a los parlamentarios europeos, que “otra acción indispensable es la aplicación de sanciones económicas más drásticas, con el fin de restringir la capacidad represiva de la dictadura”.
En opinión del activista, esto debe llevarse a cabo “aplicando también sanciones a aquellos gobiernos y empresas que continúen suministrando, al régimen, implementos que puedan ser utilizados para reprimir a la población nicaragüense”.
Leiva hizo así referencia al hecho de que Nicaragua es, hace casi 31 meses, campo de permanente acción armada antiopositora.
Ello, en al marco de la violenta crisis sociopolítica estallada en abril de 2018, contexto en el cual sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel personal -aunque masivamente-, exigen la renuncia de Ortega y Murillo, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar -inicialmente masiva, y actualmente selectiva-.
Según los más actualizados datos de la Anpdh -que opera, desde 2018, en el exilio, en Costa Rica-, los ataques contra la oposición han cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La dramática situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la emergencia sanitaria causada por la pandemia mundial del nuevo coronavirus, ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en canto a implementar medidas para tratar de evitar la el contagio masivo.
