George Rodríguez/Foto-Medios
En Estados Unidos, los centros de detención de migrantes indocumentados se parecen a versiones modernas de los campos de concentración que existieron en Alemania bajo el criminal régimen nazi (1933-1945).
Es uno de los numerosos aspectos de la xenofóbica y racista política de “cero tolerancia”, que el gobierno del cuestionado y derechista presidente Donald Trump aplica a los miles de personas -incluida una proporción importante de mujeres, algunas de ellas embarazadas, y niños- quienes realizan difíciles desplazamientos principalmente por tierra, a lo largo de miles de kilómetros, en procura de las oportunidades y la seguridad personal que no pueden hallar en sus países de origen.
Se trata, mayoritariamente, de ciudadanos del Triángulo Norte Centroamericano -El Salvador, Guatemala, Honduras-, una de las regiones más violentas a nivel mundial, personas cuya única opción de salvar su vida -y la de sus hijos menores y adolescentes-, y de buscar el trabajo y el salario que allá no encuentran, es la migración forzada.
En algunos -demasiado numerosos- casos, la solución -ante la imposibilidad de pagar a los “coyotes” (“contrabandistas de personas”) por el traslado de la familia completa- consiste en enviar a los menores, sin acompañamiento de parientes, a que recorran los más de cuatro mil kilómetros hasta llegar a territorio estadounidense, donde familiares los esperan.
Esta medida extrema obedece a la cruel opción socioeconómica de que los niños y los adolescentes sean captados por las “maras” (“pandillas” que operan como estructuras de crimen organizado) -los varones, para convertirse en “mareros”, y las mujeres para ser violadas y, también, incorporarse a esas organizaciones delictivas-.
Pero todos -adultos y niños- son, invariablemente, detenidos por agentes de Immigration and Customs Enforcement (Control de Inmigración y Aduanas, ICE), al cruzar -si lo consiguen- la frontera sur de Estados Unidos, el límite terrestre de 3155 kilómetros entre ese país y México.
En ese preciso instante, quienes huyen, precisamente, del crimen organizado en sus países de origen, se convierten, según los parámetros xenofóbicos del régimen de Trump, en “delincuentes” -lo que incluye a niños cuyas edades están, en algunos casos, en el nivel de cinco años, o menos, quienes, si llegan acompañados, son brutalmente separados de sus madres o de sus núcleos familiares-.
Todos son alojados en centros de detención, en algunos casos en instalaciones militares donde permanecen en jaulas, en condiciones, de higiene y de trato, inhumanas y humillantes.
Algunos de esos campos de concentración son administrados por empresas privadas que se dedican, específicamente, a eso: manejar, arbitraria e impunemente, instalaciones de detención de migrantes indocumentados –o sea, “criminales”, de acuerdo con lo reiteradamente afirmado, públicamente, por Trump-.
Las condiciones en las cuales los migrantes se encuentran en tales establecimientos han sido objeto de denuncia por parte de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, lo mismo estadounidenses que internacionales, contexto que ha empeorado dramáticamente a causa de la negligente conducta de las autoridades, en materia de salud, ante la pandemia del coronavirus -que golpea con particular fuerza a Estados Unidos, el país con el mayor número de casos y de víctimas fatales, a nivel mundial-.
La norma de hecho, que data de antes de la crisis sanitaria, en esas prisiones, consiste en que las mujeres y los niños permanecen en situación de particular vulnerabilidad.
Entre las numerosas denuncias dadas a conocer al respecto, figura una queja, presentada el 14 de este mes, por el no gubernamental Project South (Proyecto Sur) y otras tres organizaciones defensoras de derechos humanos, a autoridades del gubernamental Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Interna, DHS) y del Irwin County Detention Center (Centro de Detención del Condado de Irwin, Icdc) -concesionado a la privada LaSalle Corrections, empresa administradora de prisiones-.
De acuerdo con lo revelado en el documento de 27 páginas, a mujeres recluidas en el Icdc se las somete, sin su autorización, al procedimiento quirúrgico conocido como histerectomía (extirpación del útero), que puede, en algunos casos, incluir la extirpación de las trompas de Falopio y los ovarios.
La queja se basó, principalmente, sobre el testimonio de una enfermera del lugar -la afroestadounidense Dawn Wooten-, así como sobre declaraciones de víctimas.
Respecto a Wooten, en la que se advierte que es una whistleblower (“silbatera”, denunciante) representada por dos organizaciones estadounidenses defensoras de los derechos humanos -Project South, y Government Accountability Project (Proyecto de Responsabilidad Gubernamental)-.
La denuncia de la whistleblower es parte de la sección titulada “Detained immigrants and ICDC nurses report high rates of hysterectomies done to immigrant women” (“Inmigrantes detenidas y enfermeras de ICDC denuncian altos niveles de histerectomías hechas a mujeres inmigrantes”).
La enfermera indicó que las mujeres son engañadas, o reciben información que las confunde, respecto a la supuestas razones por las cuales se las somete a la operación.
Citada por la revista estadounidense Cut (Corte) -especializada en temas de interés femenino, principalmente moda y relaciones-, la directora Legal y de Defensa de Project South, Azadeh Shahshahani, dijo que las mujeres recluidas en el Icdc –“quienes son principalmente Negras o de piel oscura”-, en realidad, “no tienen control sobre sus cuerpos”.
Respecto a las histerectomías, dijo que “es una situación de mucha explotación”, y señaló que “no parece haber consentimiento informado (…) en realidad, no tuvieron espacio de opinión en cuanto a lo que exactamente ocurrió”.
En ese sentido, también citada por la publicación, la directora de la no gubernamental Families Belong Together (Las Familias Deben Estar Juntas), Paola Luisi, aseguró, enérgicamente, que “la esterilización de mujeres inmigrantes es otro horror que agregar a la lista de maltrato y abuso documentados en las prisiones privadas de ICE”. “Es un récord inaceptable”, agregó.
Según Cut, entre otros aspectos del maltrato que las migrantes detenidas reciben en el Icdc, “la administración Trump ha sido acusada de rastrear los periodos menstruales de las adolescentes, para evitar que aborten, introdujo una política de negar visa de visitante a mujeres embarazadas, y literalmente arrancó, a bebés, de sus madres, durante las separaciones de familias”.
En cuanto a la queja elaborada por las organizaciones de derechos humanos, en el documento se indica que “varias mujeres inmigrantes han denunciado a Project South su preocupación respecto a cuántas mujeres inmigrantes han recibido un histerectomía durante su detención en ICDC”.
“Una mujer dijo a Project South en 2019 que Irwin envía a muchas mujeres a ver a un ginecólogo en particular, fuera de las instalaciones, pero que algunas mujeres no confían en él”, indicaron las entidades.
Si bien el nombre del médico no se menciona en el extenso documento, versiones periodísticas estadounidenses lo han identificado como Mahendra Amin, sin proporcionar detalles adicionales, respecto a quien Wooten dijo, en la queja, que el médico actúa como si fuese “coleccionista de úteros”.
La inmigrante “también afirmó que muchas mujeres aquí pasan por una histerectomía, en ICDC. Más recientemente, una inmigrante detenida dijo a Project South que había hablado con cinco mujeres diferentes detenidas en ICDC entre octubre y diciembre de 2019 a quienes les fue hecha una histerectomía”, agregaron los autores del extenso documento.
“Cuando les habló sobre la cirugía, las mujeres ‘reaccionaron confundidas al explicar por qué se las habían hecho’. Una de las mujeres dijo a Project South que parecía que las mujeres ‘trataban de decirse a sí mismas que todo va a estar OK’”, precisaron las organizaciones.
“Ella agregó: ‘Cuando conocí a todas estas mujeres quienes habían tenido cirugías, pensé que esto es como un campo de concentración experimental. Fue como que están experimentando con nuestros cuerpos’”, señalaron, a continuación.
Otro tema respecto al cual Wooten también manifestó preocupación fue el referido la amplia cantidad de mujeres inmigrantes detenidas en ICDC quienes son obligadas a someterse a la histerectomía, según el texto.
“El útero de todas no puede estar tan mal”, reflexionó Wooten, quien agregó que “todas a las que ve, tienen una histerectomía, casi todas”, y precisó que “hasta le ha sacado el ovario equivocado a una joven (inmigrante detenida)”.
“Se suponía que, a ella, había que removerle su ovario izquierdo porque tenía un quiste en el ovario izquierdo, él le para que le quitara el izquierdo y terminó con una histerectomía total”, agregó la enfermera.
“Ella todavía quería tener hijos, así que ahora tiene que regresar y decirle a su marido que no puede tener hijos”, aseguró, para plantear que “ella dijo que no había salido todavía de la anestesia y lo escuchó (al doctor) decirle a la enfermera que le había quitado el ovario equivocado”.
De acuerdo con lo señalado en el largo texto, Wooten también dijo que algunas mujeres detenidas le expresaron dudas respecto a por qué someterse al procedimiento.
“Varias prisioneras me han dicho que fueron a ver al doctor y que tuvieron histerectomías y que no saben por qué fueron o van a ir”, expresó la profesional.
En la queja se indicó, además, que el ritmo al cual se lleva a cabo las histerectomías le llamó la atención, al igual que a otras enfermeras.
Al respecto, reafirmó que, “a todas a quienes ve, les quita los úteros, o les ha quitado las trompas. Qué está pasando?”.
Según Wooten, las víctimas no están debidamente informadas sobre esa práctica.
“Estas mujerers inmigrantes, no creo que realmente, totalmente, del todo, entienden lo que va pasar”, señaló, para agregar que el grado de claridad “depende de quién se los explica”.
Según lo informado en el texto, “una inmigrante detenida denunció a Project South que ni el personal de ICDC ni el consultorio del doctor le explicaron correctamente a qué procedimiento se la iba a someter”.
De acuerdo con lo indicado en la queja, el contexto en el cual se viola, específicamente en el Icdc, los derechos humanos de los inmigrantes encarcelados -lo mismo mujeres y niños que hombres-, no es nuevo.
“Durante años, inmigrantes detenidos en ICDC han denunciado abusos de derechos humanos, tales como ausencia de asistencia médica y de salud mental, violaciones al proceso debido, condiciones insalubres de vida, y más, tal como se denuncia en el informe de Project South, de 2017, titulado ‘Imprisoned Justice’ (‘Justicia Encarcelada’)”, señalaron los autores de la queja.
“En particular, inmigrantes detenidos han denunciado que no pudieron ver a un profesional en medicina, durante semanas, a pesar de haber presentado múltiples solicitudes por enfermedad, que consistentemente no han recibido medicación vital, y que no recibieron la atención médica adecuada una vez que lograron ver a un profesional en medicina”, precisaron.
“Inmigrantes detenidos han levantado banderas rojas respecto a las condiciones insalubres en ICDC, en general. ‘Este lugar no está equipado para humanos’, dijo un recluso en Irwin. Otro inmigrante aseguró: ‘Esta es la instalación más sucia en la que he estado: todo está sucio; una ducha para más de cincuenta personas; un baño para todos nosotros; ni siquiera sé cómo dar más detalles, porque todo es desagradable, realmente desagradable; sólo Dios se encarga de nosotros aquí’”, de acuerdo con lo relatado en la queja.
Respecto a una específica omisión institucionalizada y violatoria de los derechos de los inmigrantes detenidos, la no gubernamental American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU) -junto con otras cinco organizaciones afines- dirigió, en setiembre de 2017, a autoridades del DHS, una denuncia -actualizada al mes siguiente- sobre el trato que las reclusas embarazadas recibe del ICE.
“Conjuntamente, presentamos esta queja en nombre de numerosas mujeres quienes están embarazadas y detenidas por Immigration and Customs Enforcement (ICE)”, indicaron.
Las organizaciones expresaron, asimismo, profunda preocupación “por la omisión de la agencia (ICE) en cuanto a ceñirse a su propia política contraria a la detención de mujeres embarazadas, las condiciones de detención que han sido denunciadas por mujeres embarazadas en varias instalaciones de detención a nivel nacional, y la ausencia de atención de médica de calidad para las mujeres quienes han sufrido abortos mientras estaban bajo custodia”.
“Exhortamos, a ustedes, a llevar a cabo una pronta y exhaustiva investigación de los casos descritos más más abajo (en la queja) así como a plenamente investigar, e informar, sobre los pasos que ICE ha dado para implementa y supervisar sus políticas sobre detención y trato respecto a mujeres embarazadas”, plantearon, además, en el extenso documento, ilustrado con varios casos puntuales.
Al proporcionar un contexto de tiempo, las organizaciones denunciantes plantearon que ya “al final de abril de 2016, aproximadamente 4,829 mujeres estaban detenidas en instalaciones de ICE, incluidos centros de detención de familias, lo que constituía 14.6 por ciento del total de la población detenida en custodia de ICE, ese día”.
Al citar versiones periodísticas, señalaron que “las detenciones de mujeres, por autoridades migratorias, aumentaron en 35 por ciento en los primeros cuatro meses de 2017, frente a igual período de 2016, y que hubo 292 mujeres embarazadas detenidas por ICE en los primeros cuatro meses de este año (2017)”.
Se trata de cifras significativas, “considerando que la política de ICE prohíbe tales detenciones, excepto (…) en ‘circunstancias extraordinarias’”, aseguraron.
“Para las mujeres embarazadas quienes están en detención, el estrés ya existente respecto a cuidar la propia salud es severamente recargado por las circunstancias extremas de estar detenidas no pueden acceder a la asistencia y al apoyo médicos necesarios, frecuentemente experimentando separación de su familia, incluidos niños de escasa edad, y la incertidumbre de los procesos migratorios”, plantearon, además.
Respecto a los menores, en un artículo que publicó en febrero del año pasado, Cut denunció el abuso sexual que miles de ellos han padecido.
“Nuevos documentos gubernamentales revelan que más de 5,800 quejas de abuso sexual por parte de menores no acompañados fueron presentadas al gubernamental Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS) y al Department of Justica (Departamento de Justicia, DOD) entre los años de 2014 y 2018”, indicó la publicación.
Los documentos fueron dados a conocer por el congresista demócrata Ted Deutch, durante una audiencia legislativa referida a la política de “cero tolerancia” de la administración Trump, “que ha conducido a un dramático aumento en el número de personas -específicamente niños- detenidos por el gobierno de Estados Unidos”, precisó.
“Estoy profundamente preocupado por los documentos que ha presentado HHS, que registran un alto número de ataques sexuales contra niños no acompañados, en custodia de la Office of Refugee and Resettlement (Oficina de Refugiados y Reasentamiento)”, expresó Deutch, citado por Cut.
Según el legislador, “los detalles de estas denuncias de abuso sexual son impactantes”, lo que agrega al hecho de que “era nuestra responsabilidad, la responsabilidad de esta administración, mantener seguros a estos niños, pero fallamos”.
