George Rodríguez/Foto-Medios
Grupos afines al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han lanzado ataques, en redes sociales, contra la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humanos, y han intentado el sabotaje de los sistemas informáticos de la entidad.
Las acciones han tendido lugar, durante el pasado fin de semana, luego que fue anunciada la creación del Tribunal de Conciencia, que, esta semana, juzgará crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno orteguista, indicó la fundación, en un comunicado.
“La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano denuncia el ataque del que es objeto por parte de grupos afines a la dictadura Ortega-Murillo”, señaló la entidad, en un Comunicado de Prensa Urgente que tituló “Fundación Arias sufre ataque de grupos orteguistas”.
Citada en el texto de seis párrafos, la directora ejecutiva de la organización, Lina Barrantes, informó que, “desde el viernes y hasta ayer domingo oscuros seguidores de la dictadura Ortega-Murillo han atacado sistemáticamente las redes sociales de la Fundación y hemos tenido intentos de sabotaje de nuestros sistemas informáticos”.
La fundación advirtió, asimismo, que ha iniciado “una recopilación de los ataques de los partidarios de la dictadura como evidencia para ser presentados ante organizaciones internacionales de Derechos Humanos”.
De acuerdo con lo señalado, además, en el comunicado, “el ataque ocurre luego del anuncio de la creación del Tribunal de Conciencia sobre crimines de lesa humanidad en Nicaragua”.
“El Tribunal creado por la Fundación Arias iniciará mañana martes sus primeras sesiones y estudiará casos relacionados con el uso de violencia sexual como crimen de lesa humanidad en el vecino país”, agregó.
La entidad precisó que “actúa en representación de la Plataforma de Acceso a la Justicia, que reúne a un grupo de organizaciones nicaragüense, las cuales han tenido que ocultar su identidad en vista del recrudecimiento de la represión en ese país contra los defensores de los derechos humanos”.
El tribunal, que tiene previsto sesionar del 8 al 11 de este mes en San José, la capital costarricense, está integrado por media docena de expertos latinoamericanos y europeos -la mayoría, cinco de los seis, mujeres-.
“Este Tribunal de Conciencia buscará determinar las responsabilidades institucionales y personales de los que han promovido el uso de la violencia sexual en Nicaragua”, explicó Barrantes, en declaraciones difundidas el fin de semana, por la fundación.
También “procurará demostrar que la violencia sexual ha sido sistemática y generalizada”, agregó respecto al grupo de expertos cuyo trabajo se desarrollará enmarcado en el tema general “Violencia sexual: crímenes de lesa humanidad en Nicaragua”.
Los integrantes del panel son las juristas costarricenses Alda Facio y Sonia Picado, los abogados españoles Almudena Bernabéu y Jared Gensler, la psicóloga colombiana Clemencia Correa, y la activista nicaragüense de derechos humanos Bianca Jagger.
Las acciones de peritaje del tribunal están a cargo de los nicaragüenses Roberto Samcam-mayor retirado del ejército Popular Sandinista (EPS)- y Javier Meléndez -psicólogo-, además de Soraya Long -ex directora del Programa para Centroamérica y México, del Center for Justice and International Law (Centro por la Justicia y el Derechos Internacional, Cejil)-.
El tribunal sesionará en el capitalino Hotel Radisson.
Nicaragua es escenario, desde el 18 de abril de 2018, de una violenta crisis sociopolítica, en cuyo marco sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivamente-, exigen la renuncia de la pareja gobernante, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar -ahora, más selectiva que masiva-.
Según los más actualizados datos de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), la violencia antiopositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en canto a implementar medidas para tratar de evitar la propagación de la enfermedad.
