Alberto Cabezas/Foto-Medios
Olga Rodríguez Murillo y Geoannia Bolaños, son madres de familia que tienen tres comunes denominadores. Primero tienen hijos privados de libertad en Costa Rica. Segundo no les tiembla el pulso para hacer cualquier tipo de manifestación a favor de ellos, ya que están cansadas con lo que sucede según ellas en los centros penitenciarios. Tercero, se sienten respaldas y agradecidas por la Asociación de Privados de Libertad y sus familias en calidad de afiliadas.
Rodríguez considera que esto se debe “a las agresiones en las cárceles costarricenses, toda madre o persona que tenga un alguien privado de libertad lo sabe. Recientemente a mi hijo lo agredieron dentro de la Cárcel de Pérez Zeledón porque le prendió fuego a un colchón y entraron de 5 a 6 oficiales y lo agredieron, no tienen entonces derecho a protestar por lo que pasa en las cárceles con el CORONAVIRUS”.
“Como madre de familia de un hijo agredido, me siento con mucho enojo, es demasiado doloroso ver como los golpean y uno como madre no poder hacer nada. Es por esto que hago un llamado al Presidente de Costa Rica para que capacite mejor a las personas que trabajan en los centros penales porque los privados de libertad también son seres humanos” expresó con lágrimas en sus ojos.
EN LA REFORMA
Mientras que Bolaños argumenta que “es madre de un privado de libertad de la Reforma la Policía Penitenciara está inculcando miedo a los privados de libertad no vamos a permitir por ningún motivo tanta crueldad dentro de la Reforma. Los policías no utilizan mascarillas ni caretas como protocolo de seguridad tanto para los internos como para las propias familias de los funcionarios penitenciarios eso es una irresponsabilidad total» afirmo con gran dolor.
«Si está situación sigue todas las familias nos veremos obligadas a manifestarnos ante el Ministerio de Justicia, y no tienen el derecho de amenazar a los privados de libertad porque demandamos responsabilidad social están para ayudar a los internos no para terminar de desgraciar sus vidas. Me preocupa en ¿dónde fueron a dar las mascarillas contra el CORONAVIRUS que los internos confeccionaron para ellos mismos? No queremos represarías en contra de nuestros familiares por su irresponsabilidad Costa Rica y el mundo deben de conocer como violentan los derechos humanos”. expresó esta madre.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS HACE LLAMADO A ESTADO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), urge a los Estados enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos.
En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.
En este sentido, la CIDH manifiesta su profunda preocupación por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos, destacándose que en algunos países la tasa de ocupación es superior al 300 %.
Este contexto puede significar un mayor riesgo ante el avance del COVID-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, diabéticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, con enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica, entre otros.
Conforme con lo establecido en sus Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, la CIDH recuerda a los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades.
Los Estados se encuentran en una especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, lo cual implica que deben respetar la vida e integridad personal de ellas, así como asegurar condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.
Así, los Estados están obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, en el marco de la pandemia.
También preocupa a la Comisión el reciente aumento de la violencia en los centros de privación de la libertad.
Según información recibida por la CIDH, distintos amotinamientos habrían ocurrido como protesta contra el hacinamiento y la falta de elementos de higiene personal y protección para prevenir el contagio del nuevo coronavirus en los centros penitenciarios de algunos países de la región.
