George Rodríguez/Foto-Archivo (Toma VosTV)
La Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) informó que denunció, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la actitud omisa del gobierno de Nicaragua ante la precaria situación de centenares de ciudadanos nicaragüenses en otros países.
El régimen encabezado por el presidente del país centroamericano, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, se ha abstenido de proporcionar, a esos migrantes, quienes procuran regresar a su país de origen, el apoyo y la protección que necesitan, señaló la Anpdh, en un comunicado leído, el 23 de julio, por su presidente, el abogado y activista de derechos humanos Álvaro Leiva.
El mayor número de esas personas -incluidos niños y mujeres, algunas de ellas embarazadas- se encuentra en el norteño puesto fronterizo costarricense de Peñas Blancas, en el sector occidental del límite de 309 kilómetros entre Costa Rica y Nicaragua, de acuerdo con versiones periodísticas.
Aproximadamente doscientos ciudadanos nicaragüenses estaban, en Peñas Blanca, a unos 311 kilómetros al noroeste de San José, la capital de Costa Rica, a la espera de que el régimen Ortega-Murillo les permita ingresar a territorio de Nicaragua, según esas versiones.
Efectivos policiales y militares, ubicados en el lado nicaragüense de la frontera, les impiden el ingreso, de acuerdo con las mismas fuentes.
“Hemos procedido una vez más a efectuar formal denuncia”, en la CIDH y la Oacnudh, “por violaciones a los derechos humanos de los migrantes nicaragüenses establecidos en la República de Costa Rica y otros países del mundo en contra del régimen Ortega-Murillo”, indicó la Anpdh, en el comunicado que Leiva leyó en la sede de la Anpdh en San José, donde la organización opera, desde 2018, en el exilio.
La denuncia obedeció a que, “a través de sus embajadas o consulados no han brindado el apoyo y la protección necesaria a los nicaragüenses en el extranjero violando abiertamente”, entre otras disposiciones nacionales e internacionales, la Constitución Política de Nicaragua.
En el caso de la Constitución, el artículo 28 -de sus 202 artículos, contenidos en 11 títulos-, referido a “Protección diplomática y consular”, establece que “los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares”.
Además, el artículo 31 constitucional indica que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.
Similarmente, el decimotercero de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, asegura, en sus dos numerales, que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
La Anpdh precisó, en el comunicado de cuatro páginas, que, “como organismo de derechos humanos hemos recibido múltiples denuncias al igual que observado como el régimen Ortega-Murillo (…) ha obstaculizado el libre y rápido retorno de más de 200 migrantes nicaragüenses establecidos en la República de Costa Rica y otros países del mundo violando así su integridad física y moral”, además de “diferentes acuerdos y convenios internacionales sobre derechos humanos y migratorios de alcance regional y continental”.
“Una vez más ha quedado en evidencia con el tema de los migrantes nicaragüenses (…) la indiferencia, el odio y el menosprecio hacia el pueblo de Nicaragua de parte del régimen”, señaló.
Ello, particularmente en el contexto de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), crisis sanitaria causante de masivo daño socioeconómico global, incluida Nicaragua, indicó la asociación.
El gobierno orteguista “ha expuesto de forma dolosa a los nicaragüenses que se han visto en la necesidad de retornar sin obstáculo a Nicaragua para buscar el apoyo de sus familiares y amigos en la tierra que los vio nacer debido a la afectación producida por la pandemia del nuevo Coronavirus o COVID-19 que azota a Nicaragua, Centroamérica y el mundo”, puntualizó.
En una breve declaración previa a la lectura del comunicado, Leiva reafirmó la indicado en el texto, al destacar “la crisis que existe, actualmente, en la Frontera Norte, entre Costa Rica y Nicaragua, donde se encuentran, varados de forma injustificada, más de doscientos nicaragüenses”.
Se trata de ciudadanos quienes “tienen el derecho de ser asistidos por el Estado nicaragüense, con un retorno sin restricción y si ningún obstáculo por parte del mismo”, agregó el abogado, cuya labor como activista de derechos humanos tiene proyección internacional.
“Nosotros, como organismo de derechos humanos, estamos haciendo todas las gestiones necesarias, ante el gobierno de la República de Costa Rica, a través de su cancillería, a fin de que (…) les faciliten, a nuestros conciudadanos, su retorno sin ninguna restricción, logrando de parte de las mismas autoridades, su colaboración y apoyo, que siempre los ha caracterizado como gobierno respetuoso de los derechos humanos por parte del gobierno del Estado costarricense”, agregó.
“Seguiremos haciendo gestiones, las gestiones que sean necesarias, ante las instancias de derechos humanos internacionales, a fin de que nuestros conciudadanos puedan lograr el ingreso a territorio nacional, a la brevedad, considerando que existen adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, que, hoy, están demandando, en la Frontera Norte (costarricense), el ingreso, inmediatamente, sin restricción, en territorio nicaragüense, su país de origen”, subrayó.
Desde el inicio de la crisis sanitaria en Centroamérica -al inicio de marzo-, centenares de nicaragüenses quienes han tratado de regresar a su país de origen, se han visto, en general, imposibilitados de hacerlo, por el régimen orteguista.
El gobierno sostiene que no se trata de que no regresen sino de que su regreso sea ordenado, y mediante la realización de pruebas clínicas para determinar si están infectados con el virus.
Esta posición, reafirmada más recientemente por Ortega durante una actividad oficial en Managua, la capital nicaragüense, contrasta con la conducta general del gobierno que ha sido fuertemente criticada, nacional e internacionalmente, por la denunciada flagrante omisión en materia de medidas de prevención dentro del país, y por la igualmente denunciada manipulación del npumerfo de caosos, para que sea considerablemente menor al real.
En ese sentido, Leiva ha denunciado que, en Nicaragua, ocurre lo que ha descrito como un genocidio viral.
El nuevo contexto dramático mundial que enmarca, en general, a las economías nacionales-incluida la nicaragüense- golpeadas, a nivel global, por la pandemia, se suma, en el caso de Nicaragua, a la violenta crisis sociopolítica que, hace algo más de dos años, afecta al país centroamericano, y se caracteriza por la severa represión antiopositora imperante desde entones.
De acuerdo con los datos más recientes que la Anpdh, la represión policial y paramilitar del gobierno orteguista ha cobrado, desde abril de 2018 -cuando estalló la crisis sociopolítica-, más de 720 vidas.
