Alberto Cabezas/Foto-Medios
Los efectos de la pandemia Covid-19 en las prisiones en Centro América serían devastadores. Esto se debe a sus altísimos volúmenes de superpoblación y hacinamiento consecuencia del importante crecimiento de la población encarcelada en los últimos años en esta región.
“Al final del día, las cárceles en Centroamérica son como una especie de bodegas de pobres, donde casi la totalidad de las personas privadas de libertad provienen de zonas con altos índices de marginación, sin acceso a educación como herramienta de movilidad social y sobre todo sin acceso a trabajos formales o con remuneración precaria o de subsistencia” argumento Uriel Pineda Quinteros, que es nicaragüense abogado y tiene una Maestría en Derechos Humanos y en Nicaragua trabajo para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Con él conversó el Periódico Informativo JBS
Entrevista
¿Ha nivel centroamericano se respetan los derechos humanos de los privados de libertad?
No es una respuesta tan simple, el catálogo de Derechos Humanos de las personas privadas de libertad es amplio y hay unos que para los Estados son más fáciles de cumplir que otros no.
Dentro de la principal problemática que enfrentan las personas privadas de libertad son: El hacinamiento; los autogobiernos y/o violencia, principalmente en el triángulo norte de centroamericano; condiciones generales del centro de reclusión; alimentación; y servicios de salud.
Pero considero que posiblemente el principal reto está en función de la efectividad en la estrategia de reinserción social.
Continuidad de estudios y/o aprendizaje de oficios son claves para que la reinserción social sea efectiva.
El respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, tiene una relación directamente proporcional con el gasto público.
¿Porque la CIDH llama a El Salvador a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad?
La problemática salvadoreña es diferente a la nicaragüense, históricamente las llamadas maras han representado un grave problema a la Seguridad Ciudadana en el país centroamericano, la atención a esa problemática ha tenido diferentes enfoques según los gobiernos de turno, medidas que oscilan entre políticas de mano dura y acuerdos o treguas.
En todo caso, las cárceles en El Salvador tienen un universo significativo de maras.
El actual presidente salvadoreño brindó una declaración pública autorizando a las fuerzas de seguridad al uso letal de la fuerza cuando sus vidas o la de los ciudadanos estuviera en peligro.
La declaración, naturalmente alarmó a organizaciones de Derechos Humanos. Si bien, la declaración literal del presidente se ajusta a los principios de naciones unidas que regulan la materia, en razón de su investidura y el contexto, puede constituir una política de Estado orientada al exterminio y/o asesinato, de un grupo.
Si como consecuencia de su declaración, un universo representativo de mareros resultara muerto a manos de fuerzas de seguridad pública, el presidente salvadoreño habrá cometido entonces Crímenes de Lesa Humanidad.
Esto es distinto de las condiciones carcelarias que se encuentras las personas privadas de libertad en El Salvador, que al igual que el resto de la región son precarias, pero a ello se le suma los altos índices de violencia y autogobiernos que se denuncian.
Sumado a ello, los castigos colectivos, incomunicación y otras restricciones generales que puedan tener las personas que pertenecen a las maras, pueden configurar tortura, malos tratos y penas degradantes e inhumanas.
Si es de interés del presidente salvadoreño reafirmar su compromiso democrático, debe tener claridad que el respeto a los Derechos Humanos es parte integral de la democracia y por lo tanto a la brevedad debe propiciar condiciones que permitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos u otras instancias internacionales de Derechos Humanos verificar las condiciones de las personas privadas de libertad en El Salvador, así como acatar y transparentar las recomendaciones que le hagan al respecto.
Naturalmente hay mucha demanda social en Centroamérica y las condiciones de las personas privadas de libertad no suele ser una prioridad en ningún lado.
Desde hace un par de décadas en los países los presupuestos se diseñan con una metodología que permite visibilizar y medir el impacto en el cumplimiento a los Derechos Humanos, de manera tal que ya no solo se puede ejercer auditoria social respecto del gasto, sino del impacto de ese gasto en el respeto y protección a los Derechos Humanos.
Si a ello le sumamos la visibilización que pueden hacer organizaciones de Derechos Humanos respecto del respeto y protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, en un mediano plazo podría apreciarse un cambio.
