El voto en blanco, el sufragio de alguna manera anulado, la abstención, son mecanismos sencillos, no violentos, con los cuales cuenta, la población votante escéptica, para expresar descontento con la clase política.
Las tres opciones -que, por ejemplo en América Latina, llegan a superar el caudal de sufragios de algunos participantes en elecciones- permiten canalizar frustraciones colectivas, iras compartidas, desengaños comunes frente a la normalización de tóxicas situaciones tales como el empoderamiento de la corrupción, la falta de oportunidades, el blindaje de la pobreza, la creciente criminalidad organizada, la ascendente inseguridad ciudadana.
La alternativa a todo eso, en el siglo 20, fue la lucha armada, que se tradujo en el surgimiento de guerrillas en buena parte de la región -tendencia de la cual Estados Unidos tampoco estuvo al margen-.
Los triunfos revolucionarios, en el área fueron tres -cronológicamente: en México (1917), en Cuba (1959), en Nicaragua (1979)-, pero la injusticia social, el autoritarismo, la corrupción, no solamente no han desaparecido sino que, permanentemente, se agudizan.
Los procesos electorales tampoco ha incidido para erradicar -o, al menos, frenar- esas aberraciones constituidas en rasgos característicos de América Latina, convertida, por ello, en expulsora de migrantes quienes, en números tenazmente crecientes, buscan, desesperadamente, y no obstante los múltiples riesgos implícitos, el quimérico “sueño americano”.
Ecuador es, al mismo tiempo, origen y ruta de ese masivo fenómeno sociopolítico y humanitario, y sus algo más de 13.4 millones de votantes -entre unos 17.8 millones de habitantes- tienen la oportunidad, convertida en obligación, de manifestar, masivamente, su hartazgo con la narcopolítica que los perjudica.
La inminente realización de elecciones presidencial y legislativa -en el contexto de megacorrupción que golpea a Ecuador- marca el momento.
Tras el asesinato a balazos -el 9 de agosto-, del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el posterior similar atentado contra el aspirante Daniel Noboa, la narcopolótica y sus sicarios tienen que recibir la conduntente respuesta ciudadana de rechazo, traducida en asistencia masiva a los centros de votación, el 20 de agosto -y, si hay segunda vuelta, el 15 de octubre-.
De acuerdo con la legislación electoral del andino país sudamericano, para ganar en la primera votación, es necesario reunir, por lo menos, 40 por ciento de los votos, y tener ventaja mínima de 10 puntos porcentuales respecto al rival más cercano.
La intención de voto, al 8 de agosto -el día antes del magnicidio- ubicaba a Luisa González, postulada por el centroizquierdista partido Revolución Ciudadana, como la favorita entre las ocho opciones presidenciales, en el rango de 35.0 a 40.3 por ciento.
En cuanto a Villavicencio, las consultas lo colocaban, en esa fecha, en el nivel de 9.8 a 11.3 por ciento.
Consumado el asesinato, surgió la interrogante en cuanto a la decisión de los electores, especulándose con un ascenso de apoyo a la fórmula presidencial del centrista Movimiento Construye (CE), cuyo titular era Villavicencio -con Andrea González aspirando a la vicepresidencia-.
El ticket es, ahora, encabezado por Christian Zurita, periodista investigativo especializado en temas de corrupción -al igual que Villavicencio, con quien llevó a cabo algunas indagaciones-.
La votación se enmarca, además del contexto de brutal violencia sicaria, en el desarrollo de la investigación policial del asesinato.
Ese cuadro de situación es también complejo, ya que, entre otros componentes, son variadas las sospechas en cuanto a la autoría, así como respecto a las numerosas fallas señaladas por familiares de la víctima, lo mismo que medios de seguridad, y expertos, en la implementación de las medidas de protección que, al momento del homicidio, regían en torno al candidato.
En ese sentido, Marco Yulema, abogado de la familia del dirigente asesinado, anunció el 18 de agosto -dos días antes de la votación-, en conferencia de prensa, la tramitación de una demanda contra el desprestigiado presidente ecuatoriano, el derechista banquero Guillermo Lasso, lo mismo que contra autoridades directamente responsables de la seguridad ciudadana.
Además del mandatario, los señalados son el ministro del Interior, Juan Zapata, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, y el director de Inteligencia de la Policía Nacional, Manuel Amado.
Yulema explicó, durante el diálogo con periodistas, que “el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la Presidencia de la República”.
Integrantes de la familia de Villavicencio -incluida su hija Tamia- indicaron, por su parte, que, según sea la eficacia de la investigación policial, evalúan la opción de acudir a instancias internacionales, en procura de justicia.
Al aceptar, el 13 de agosto, la postulación presidencial, Zurita reflexionó que “ya mataron a Fernando, ya no hay necesidad de amenazas.”
Y advirtió: “si lo mataron, sabemos que vienen por nosotros”.
