El terror es la más poderosa arma invisible que las dictaduras usan para mantenerse -mientras pueden- en el poder.
El miedo se disemina velozmente, a partir de actos de represión variadamente ejemplarizantes.
La represión es lo mismo masiva que selectiva, lo que plantea niveles específicos de intimidación.
La represión masiva es la que, por lo general, se usa para atacar manifestaciones opositoras, lo que implica el riesgo calculado de, en el contexto de multitud, ser detenido -o no-, ser herido -o no-, ser asesinado -o no-.
La ansiedad que genera, se limita, esencialmente, al momento de la actividad opositora, al rato que dure la agresión policial, o militar, o paramilitar -o combinada-.
Pero la represión selectiva es la más peligrosa, porque es certera -y permanente-, porque es la que genera constante preocupación respecto a cuándo habrá un allanamiento, y si el resultado de esa brutal violación de la privacidad será la detención, o la desaparición, o el asesinato -siempre, la tortura-.
Sumado a esto, genera angustia respecto a cuándo será la detención/desaparición, si se llevará a cabo en la casa, en el lugar de trabajo, en la calle, en algún otro sitio.
El uso del miedo -lo mismo masivo que multiplicadoramente individual-, como eficaz arma para someter a las sociedades victimizadas, es parte esencial del modus operandi terrorista de las dictaduras en general.
Así se manejaron, por ejemplo, las que atormentaron, el siglo pasado -particularmente en la segunda mitad- a la abrumadora mayoría de los países de América Latina y el Caribe.
Exactamente con la misma mentalidad, está manejándose -en la primera mitad de este siglo-, en Estados Unidos, el régimen que Donald Trump instaló al inaugurar la segunda de sus hasta ahora dos tóxicas presidencias (2017-2021, desde 2025).
Este libreto es, en términos generales, el mismo de América Latina Siglo Veinte, con actualizaciones trumpianas para Estados Unidos Siglo Veintiuno.
Matones no necesariamente uniformados, ingresan violentamente a algún lugar, para detener personas, o se desplazan en vehículos sin placas de circulación, para perpetrar secuestros.
Tales situaciones tuvieron lugar, en la región, mientras imperaron las tiranías militares de naturaleza nazi que, invariablemente creadas -o apoyadas de alguna manera- por Estados Unidos, fueron una nefasta característica regional del siglo pasado.
Ahora, esas escenas son recurrentes en ciudades estadounidenses, bajo la tiranía Maga, mientras el terror de Estado se viraliza en “la tierra de los libres” (“the land of the free”)
-según el ahora trumpianamente desfasado himno nacional-.
El laboratorio para poner a prueba el Estado policial velozmente estructurado por Trump y sus secuaces en las áreas de seguridad/inteligencia, fue, en junio, la occidental y costera ciudad de Los Ángeles -lugar de origen, en los 70s/80s del siglo veinte, de las maras centroamericanas-.
Para reprimir las manifestaciones angelinas de oposición a la ilegítima cacería de inmigrantes -aunque también de ciudadanos estadounidenses- enmarcada en su cavernaria política xenofóbica vigente, Trump movilizó cuatro mil efectivos de la Guardia Nacional (National Guard, NG).
No obstante lo impopular de la autoritaria medida -ejecutada por solamente seis antecesores de Trump-, el autócrata anaranjado la repitió -semanas después, en agosto- en Washington DC (Distrito de Columbia) -la capital nacional-.
La denominación de la ciudad -Washington, Distrito de Columbia (Washington, District of Columbia)- combina los nombres de George Washington (1732-1799) -el principal prócer independentista, primer presidente (1789-1793, 1793-1797) estadounidense- y de Columbia -la representación femenina del país-.
Columbia se diferencia del Tío Sam (Uncle Sam), en que el segundo -si bien es, igualmente, una caracterización nacional-, representa al gobierno estadounidense.
Para justificar la toma policial/militar de la capital, Trump firmó, el 11 de agosto, la Orden Ejecutiva (Executive Order, EO) – Decreto Presidencial- que, manipuladoramente tituló “Declarando una Emergencia por Criminalidad en el Distrito de Columbia” (“Declaring a Crime Emergency in the District Of Columbia”).
En la primera de las seis secciones de ese texto, al presentar su flagrantemente inexacta versión respecto a la supuesta inseguridad capitalina, aseveró que “la criminalidad está fuera de control en el Distrito de Columbia”.
“La violencia en ascenso en la capital, ahora urgentemente pone en riesgo a servidores públicos, ciudadanos, y turistas, altera el transporte seguro y confiable, y el adecuado funcionamiento del Gobierno Federal (gobierno central), y obliga al desvío de recursos públicos críticos hacia la respuesta a la emergencia y a medidas de seguridad”, planteó, haciendo aún más espesa la trama de su falaz narrativa.
Ese cuadro de situación, “ha tenido un dramático impacto en la habilidad del Gobierno Federal de operar eficientemente para atender los intereses más amplios de la Nación sin temor a que nuestros trabajadores sean sometidos a violencia descontrolada”, agregó.
Trump hizo, así, referencia a un incidente registrado casi contemporáneamente con la Orden Ejecutiva, en el cual un funcionario gubernamental fue agredido.
De acuerdo con versiones periodísticas, Edward Coristine, de 19 años -integrante del nefasto invento denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (Department of Government Efficiency, Doge)-, fue golpeado, una madrugada, al inicio de agosto, por varios adolescentes quienes intentaron robar su automóvil -dos de los cuales fueron inmediatamente detenidos-.
“Tal anarquía también plantea intolerables riegos a las vitales funciones Federales que tienen lugar en el Distrito de Columbia”, según la misma engañosa narrativa oficial.
“La magnitud de la violenta crisis de criminalidad coloca al Distrito de Columbia entre las jurisdicciones más violentas en Estados Unidos”, aseveró, para agregar que “el Distrito de Columbia ahora tiene una tasa de criminalidad violenta, asesinato, y robo más alta que todos los 50 estados”.
No conforme con eso, afirmó, en el mismo texto -y en una de sus habituales aseveraciones sin fundamento-, que “el Distrito de Columbia está, según algunas mediciones, entre el 20 por ciento superior de las ciudades más peligrosas del mundo”.
Ello, no obstante el hecho de que irrefutables/contundentes números oficiales de varias alcaldías -por lo tanto, datos confiables-, citados por medios de comunicación estadounidenses, muestran que la actividad delictiva presenta, en el caso de la capital, en los pasados tres años, sostenidas tendencias a la baja.
Según las mismas fuentes, en materia de homicidios en el ámbito estadounidense, el panorama, a mediados de 2025, muestra a Baltimore con un descenso de 28 por ciento, a Chicago con una reducción de algo más de 30 por ciento, a Los Angeles con una baja de 14 por ciento.
Entretanto, Washington muestra, para el período de agosto de 2024 a agosto de 2025, en lo que tiene que ver con criminalidad violenta en general, un descenso de 26 por ciento -el registro más bajo en tres décadas-, según el Departamento de Policía Metropolitana de D.C.” (D.C.’s Metropolitan Police Deparment).
Convertida en capital de Magalandia, Washington está, al momento de redacción de esta nota, militarmente tomada por centenares de guardias nacionales, después de que la fuerza policial local fue, arbitrariamente, puesta bajo control federal -o sea, del gobierno central, o sea, de Trump y sus secuaces en el campo de la represión-.
El autócrata dejó planteada, en la conferencia de prensa que llevó a cabo, también el 11 de agosto -después de haber firmado la EO-, en la Casa Blanca, la intimidatoria perspectiva de extensión de la toma policial/militar de otras ciudades, a nivel nacional.
Lo hizo, acompañado por algunos de los principales responsables de la consolidación del Estado policial trumpiano: la fiscala general, Pam Bondi; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario del Interior, Doug Burgum; el director del FBI, Kash Patel; la fiscala para Washington DC, Jeanine Pirro.
Con el patético quinteto nazi en obediente formación lineal detrás suyo, Trump anunció/amenazó que la toma armada de la capital se replicaría en otras ciudades -es decir: la gradual aunque rápida materialización del Estado policial-.
Al pintar un irreal cuadro de situación en el cual la criminalidad está, en Washington, fuera de control, vaticinó/advirtió: “vamos a retomar nuestra capital, y, después, vamos a mirar a otras ciudades, también”.
En referencia a la toma policial/militar capitalina, dijo que se trata de una “acción histórica, para rescatar, a la capital de nuestra nación, de la criminalidad, el derramamiento de sangre, el caos, la suciedad, y cosas peores”.
La justificación que dio al respecto, el 26 de agosto -quince días después-, durante una reunión del gabinete, eliminó cualquier duda que todavía pudiese haber en cuanto a su condición de dictador: “tengo el derecho de hacer lo que yo quiera: soy el presidente de Estados Unidos” (“I have the right to do anything I want to. I’m the president of the United States”).
Y, al mencionar varios centros urbanos, reafirmó: “si creo que nuestro país está en peligro -y está en peligro, en esas ciudades-, puedo hacerlo” (“if I think our country is in danger
-and it is in danger in these cities-, I can do it”).
Se trata de la nororiental Baltimore, la norteña Chicago, la nororiental Nueva York, la occidental Oakland -además de que mencionó la posibilidad de retomar Los Angeles-.
En cuanto a la capital y los cuatro nuevos potenciales objetivos de control policial/militar, el doble denominador común consiste en que, en todos los casos, son centros urbanos gobernados por demócratas quienes son afrodescendientes -incluidas dos mujeres-: Brandon Scott (Baltimore), Brandon Johnson (Chicago), Eric Adams (Nueva York), Barbara Lee (Oakland), Muriel Bowser (Washington).
La ecuación, según la criminal mediocridad del autócrata, resulta meridianamente clara: autoritarismo + racismo + misoginia = trumpismo.
En sus respectivas reacciones inmediatas a las temerarias aseveraciones del reincidente inquilino de la Casa Blanca, los respectivos alcaldes coincidieron, de acuerdo con versiones periodísticas estadounidenses, en cuestionar el récord inventado por el régimen en cuanto a la criminalidad fuera de control en esas ciudades.
Scott recomendó, a Trump, que, “cuando se trata de seguridad pública, en Baltimore, desconecte la propaganda derechista, y vea los hechos”, además de revelar que “Baltimore no ha estado tan segura, como ahora, en más de cincuenta años”.
Asimismo, denunció lo que describió como el sistemático sabotaje del régimen trumpista a programas sociales de prevención en materia de violencia.
En ese sentido, precisó que Trump “ha, activamente, minado esfuerzos que están marcando una diferencia, salvando vidas en ciudades a nivel nacional, a favor de militarización de la vigilancia policial en comunidades negras”, precisó.
“Vamos a hacer todo, en nuestro poder, para continuar el progreso, a pesar de los obstáculos que esta administración intenta implementar”, advirtió.
Y destacó lo inocultable: “es muy notorio que cada una de las ciudades señaladas por el presidente, tiene alcalde negro”.
A manera de reflexión, Scott planteó que “el presidente podría aprender, de nosotros”.
Por su parte, Johnson planteó que “si el presidente Trump quiere hacer más segura a Chicago, puede empezar por liberar los fondos para programas antiviolencia que han sido cruciales en nuestro trabajo para reducir la criminalidad y la violencia”.
En coincidencia con Scott, denunció que Trump eliminó, en agosto, casi 160 millones de dólares de programas urbanos de prevención de violencia, y agregó que dejó sin efecto más de 800 millones de dólares en donaciones a programas similares de cobertura nacional.
También cuestionó la autoridad del autócrata en lo que tiene que ver con la movilización de la Guardia Nacional en centros urbanos.
“Está provocando, al mandar tropas federales -la Guardia Nacional- a ciudades (…) aunque esas entidades no tienen poder policial, no pueden siquiera hacer lo que él dice que quiere que hagan”, precisó, en alusión a lo planteado por Trump respecto a la movilización de la NG para que -según su manipuladora conceptualización- ponga orden.
En Nueva York, el alcalde aseguró que, en esa ciudad, “lo que se necesita es legislación sobre control de armas, no intervención de la Guardia Nacional”.
En coincidencia con sus colegas, destacó la marcada reducción, por parte de la alcaldía que dirige, en cuanto a acciones delictivas.
“Al reflexionar sobre el mes de julio, estamos excepcionalmente orgullosos de que la criminalidad general sigue cayendo, en nuestro sétimo trimestre consecutivo de reducciones de criminalidad, con alguna de nuestra criminalidad más violenta en bajas récord en toda la ciudad”, informó Adams.
“Julio vio el más bajo número de incidentes con arma de fuego, y de víctimas de arma de fuego, en el registro histórico”, precisó, para detallar, a manera de ejemplo, que “la criminalidad en el sistema (de transporte) subterráneo, en julio, estuvo en niveles bajos sin precedente”.
“Los siete primeros meses de 2025 también marcan el menor número de incidentes con arma de fuego, y de víctimas de arma de fuego, que se haya registrado alguna vez”, detalló, a continuación.
Igualmente, Adams aseguró que no permitirá la toma policial/militar de Nueva York, por parte del gobierno central.
Al formular igual advertencia, Lee aseguró, en Oakland, que Trump tiene la intención de destruir el sistema democrático.
La alcaldesa puntualizó, inequívocamente: “no vamos a permitir una ocupación militar de la ciudad”.
A continuación, con igual exactitud, precisó, respecto a Trump: “esto es parte del esfuerzo por desmantelar la democracia: militarizar ciudades donde vive gente, a la que no reconoce, ni entiende, ni ve”.
Entretanto, en su particular contexto institucional -la capital no pertenece a ningún estado-, Muriel Bower explicó el cuadro de situación en el cual tiene que, como alcaldesa de Washington, hacer frente a las abusivas decisiones de Trump.
En ese sentido, se refirió a la Ley de Gobierno Local del Distrito de Columbia (District of Columbia Home Rule Act) -aprobada en 1973-, que coloca, a esa ciudad, en la jurisdicción administrativa del Congreso, en lugar de alguno de los 50 estados -también lo hace la Constitución-.
La ley, asimismo, contiene la Carta del Distrito (District Charter) -también conocida como Carta de Gobierno Local (Home Rule Charter)-, que, a su vez, reglamenta el funcionamiento del gobierno municipal del DC.
En lo que tiene que ver, específicamente con la policía local, la legislación indica que el presidente de Estados Unidos puede, en situaciones específicas, hacer uso de esa fuerza de seguridad.
En la Sección 170 -del total de 771, contenidas en siete Títulos-, referida a “Control de Emergencia de la Policía” (“Emergency Control of Police”), la Ley de Gobierno Local determina el procedimiento por el cual la presidencia puede hacer uso de esa institución metropolitana.
Según el texto, sin perjuicio de otras disposiciones, “cuando el Presidente de Estados Unidos determina que existen condiciones especiales de naturaleza de emergencia, que requieren el uso de la fuerza de Policía Metropolitana, con propósitos federales, puede instruir, al Alcalde, que le proporcione los servicios de la fuerza de Policía Metropolitana, según el presidente considere necesario y adecuado”.
En cuanto al uso de la Guardia Nacional para cumplir tareas de naturaleza policial, la Ley Posse Comitatus (Posse Comitatus Act) -del latín “posse comitatus”, que significa “poder del condado”-, vigente desde 1878, prohíbe el uso de fuerzas militares con ese cometido, en territorio estadounidense, excepto mediante autorización del Congreso.
En el caso de Washington -lo mismo que en caótico el ensayo en Los Angeles-, Trump combinó el uso de la policía local, con el de fuerzas represivas federales –entre ellas, Protección de Fronteras y Aduanas (Customs and Border Protection, CBP), Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), Buró Federal de Investigación (FBI)-.
En su acertada opinión inicial, formulada en la conferencia de prensa a la que convocó el 11 de agosto -momentos después de la firma y del anuncio de Trump-, Bower explicó, hablando pausadamente, que “no somos un estado, no controlamos la Guardia Nacional del DC, no tenemos senadores, ni autonomía plena”.
“El limitado gobierno local, da, al gobierno federal, la capacidad de inmiscuirse en nuestra autonomía, de muchas maneras”, precisó, a continuación.
“Como he dicho antes -y repetiré-, que creo que la visión del presidente, sobre el DC, está modelada por su experiencia de la era Covid, durante su primer período, y es verdad que esos fueron tiempos de mayor desafío respecto a algunos temas”, agregó, en alusión a la pandemia (2019-2023) de Covid19 (en Estados Unidos, 2020-2023), que obligó, a nivel nacional y mundial, a la implementación de medidas sanitarias y de seguridad ciudadana.
“También es verdad que experimentamos un alza de criminalidad post-Covid, pero trabajamos rápidamente para posicionar leyes y tácticas que removieron, de nuestras calles, a delincuentes violentos, y dieron, a nuestros agentes de policía, más herramientas”, señaló.
“Es por eso que hemos visto un enorme descenso en criminalidad -por esos esfuerzos-”, puntualizó, de inmediato, para, a continuación, informar que “hemos podido revertir ese aumento de criminalidad de 2023”.
También aclaró, respecto a la situación actual, que “este año, la criminalidad no solamente bajó respecto a 2023, también bajó respecto a 2019 -antes de la pandemia-, y estamos en la mayor baja de criminalidad violenta en 30 años”.
Sin embargo, “no restamos satisfechos, no hemos quitado el pie del acelerador, y continuamos buscando la manera de hacer que nuestra ciudad sea más segura”, planteó.
“Sabemos, sin embargo -como la mayoría ha escuchado de la conferencia de prensa del presidente-, que él tiene amplias prerrogativas en el DC, más que en cualquier otro lugar del país, incluyendo su autoridad -otorgada por nuestra Carta de Gobierno Local- de requerir al alcalde -de requerirme- que proporcione servicios del Departamento de Policía Metropolitana, y también tiene el control y la capacidad para desplegar a la Guardia Nacional”, puntualizó.
“Pero permítanme ser clara -como nuestra Carta de Gobierno Local también es clara, y la Orden Ejecutiva del presidente reafirma-: la jefa Pamela Smith es la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, y sus 31 mil miembros trabajan bajo la dirección de ella”, indicó, a manera de advertencia.
“La Carta de Gobierno Local requiere, al alcalde, que proporcione los servicios del MPD durante condiciones especiales de una emergencia, y nosotros seguiremos la ley -aunque hay una interrogante respecto a la subjetividad de esa declaración-”, siguió señalando.
“De hecho, la jefa ya ha proporcionado un enlace y punto de contacto de alto nivel con el gobierno federal, y ha hecho esos contactos iniciales”, informó.
“La Orden Ejecutiva también es clara en que el presidente ha delegado su autoridad, para hacemos solicitudes, en la fiscala general Pam Bondi”, expresó a continuación, y agregó que “me he acercado a la fiscala general Bondi, y espero programar, pronto, una reunión”.
Bower también se dirigió, específicamente, a los habitantes del DC, explicándoles el complejo escenario institucional capitalino.
“Mi mensaje, a los residentes, es este: sabemos que el acceso a nuestra democracia, es débil”, comenzó a expresar.
“Es por eso que ustedes me han escuchado -y a muchos, muchos washingtonianos antes que yo-, defender la plena estadidad para el Distrito de Columbia”, agregó, a continuación.
“Somos ciudadanos estadounidenses, nuestras familias también lo son, pagamos impuestos, y cumplimos las responsabilidades de la ciudadanía”, aclaró.
“Y, mientras esta acción, hoy, es perturbadora y sin precedente, no puedo decir que, dada alguna retórica del pasado, que estamos totalmente sorprendidos”, reflexionó, en alusión al autoritarismo trumpiano, y a la tendencia del autócrata a menospreciar adversarios -principalmente, si son demócratas, negros, mujeres-.
“Puedo decir, a los residentes de DC, que continuaremos operando nuestro gobierno de manera que haga que ustedes se sientan orgullosos”, aseguró, en calidad de compromiso.
Entre otras cosas, “trabajaremos, con el gobierno federal para hacer las cosas que ellos tendrían que hacer por nuestra ciudad (…) incluyendo asegurarnos de que nuestra economía es apoyada por acciones federales razonables en lo que tiene que ver con la fuerza laboral federal, los trabajadores federales, y la propiedad federal en el Distrito de Columbia”, garantizó, en modo advertencia.
En respuesta a preguntas de periodistas, y en referencia a los incidentes que el accionar presidencial ha generado, por ejemplo, en Los Angeles, la alcaldesa subrayó que “todos tendrían que seguir la ley: la policía y la comunidad”.
“Vamos a hacer lo mejor a nuestro nivel, para mantener la confianza que los residentes del DC tienen en nosotros”, dado que, “algo que podría ser un desastre es si perdemos comunidades que no llamen a la policía”, prometió, asimismo, en alusión al abuso de autoridad en las trumpianas invasiones de ciudades.
“Eso sería un desastre”, reafirmó, para, en la misma línea, aclarar que “sería un desastre si las comunidades no hablan con la policía si un delito ha sido cometido y pueden ayudar a resolver el delito”.
Sin embargo, en la conferencia de prensa llevada a cabo el 28 de agosto -poco más de dos semanas después-, Bower formuló declaraciones indicativas de que trató de evitar una peor ofensiva trumpiana, o de que está soportado presión presidencial -es decir, dictatorial- para que mantenga un discurso moderado.
De ese modo, respecto a la presencia de efectivos de la Guardia Nacional y otros aparatos de seguridad movilizados por el gobierno central, dijo que “la oleada federal ha tenido un incremento significativo respecto a la criminalidad en Washington DC, y apreciamos grandemente la oleada de agentes que mejoran lo que el MPD ha logrado hacer”.
No obstante, aclaró que “nuestro norte es proteger el gobierno local y la autonomía del distrito”, puntualizando, de inmediato, en calidad de denuncia, que “nuestra autonomía ha estado, un tanto, en la mira”.
Y -en tono conciliador al tiempo que asertivo- puntualizó que, “desde el inicio de esta oleada federal de agentes, my enfoque ha sido, siempre: nosotros no pedimos agentes federales, estamos reduciendo la criminalidad, pero, mietras estén aquí, cómo podemos usarlos más estratégicamente para acelerar el trabajo que el MPD ha logrado hacer en esta ciudad”.
De acuerdo con datos de la alcaldía, reproducidos por medios de comunicación estadounidenses, en el DC, la criminalidad bajó 15 por ciento en comparación con el año pasado, la criminalidad violenta descendió 45 por ciento, y los robos violentos de vehículos, cayeron 87 por ciento.
“Desde que la oleada inició, mi orientación a mi equipo ha sido la de asegurar que, mientras tenemos recursos federales, los usemos estratégicamente para fortalecer los esfuerzos del MPD, y asegurar que estamos teniendo los mejores resultados para los residentes del DC, mientras, al mismo tiempo, nos aseguramos de que estamos cumpliendo con nuestros compromisos con los residente del DC, y protegiendo el control local y nuestra autonomía”, dijo Bower.
En medio de la toma policial/militar de la capital, y mientras el autócrata amenaza con extender ese accionar, a otras ciudades, la revista estadounidense Newsweek, reveló que la expansión del Estado policial trumpiano es un hecho.
En la nota informativa que, titulada “Planes de movilización de la Guardia Nacional en estados: lo que sabemos” (“National Guard Movilización Plans Accross States: What We Know”), difundió el 25 de agosto, la revista indicó que casi una veintena de los 50 estados sería afectada.
“Hasta 1,700 tropas de la Guardia Nacional podrían, según se informó, ser desplegadas en 19 estados, la mayoría dirigidos por republicanos, para ayudar a (…) ICE con el control de inmigración”, indicó.
“Las tropas están programadas para ser desplegadas en Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indianas, Iowa, Louisiana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Wyoming”, agregó.
“Un funcionario de la Casa Blanca dijo, a Newsweek, que eso no está relacionado con la operación anticriminal del presidente Donald Trump en Washington DC, donde caso 2,000 integrantes de la Guardia Nacional han sido estacionados”, señaló.
“El funcionario señaló el anuncio del Pentágono (ministerio de Defensa), en julio, que dijo que unos 1,700 miembros de los militares fueron puestos bajo el mando de gobernadores de estados, para ayudar a la administración Trump con el control de inmigración”, según Newsweek.
Por su parte, al denunciar la barbaridad de las acciones autoritarias de Trump, la también negra y demócrata alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, se refirió al hecho de que, de acuerdo con diversas fuentes, los estadounidenses no necesariamente se sienten seguros con la militarización.
Al respecto, en declaraciones a la cadena estadounidense de televisión informativa Cable News Network (CNN), Bass planteó un razonamiento irrefutable: “uno hace otras cosas, para hacerlos sentir seguros: uno no usa a los militares, para ayudar a la gente a sentirse mejor”.
