Desde su tóxico regreso a la Casa Blanca, Donald Trump está preparando, entre otros montajes represivos, el escenario para derrocar a la dictadura del venezolano Nicolás Maduro.
Es un libreto similar al aplicado, en 1989, por la administración del impresentable George W. Bush (2001-2005, 2005-2009) para invadir a Panamá, remover al narcodictador (1983-1989) Manuel Antonio Noriega, capturarlo -fue detenido por agentes de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA)-, y enjuiciarlo en Estados Unidos.
La línea de tiempo en la trama trumpiana, inicia el 20 de enero, en el marco del tsunami de Decretos Presidenciales -Órdenes Ejecutivas (Executive Orders, EOs)- que el reinstalado autócrata viene firmando desde ese día -el primero de su nuevo cuatrienio presidencial (2025-2029)-.
Las peligrosas EOs, y otras autoritarias acciones presidenciales, permiten, a Trump, consolidar -aparentando no hacerlo- la dictadura -lo que incluye el asentamiento del Estado policial/militar-, y reafirmar el histórico papel imperialista de Estados Unidos como autodesignado gendarme mundial.
Entre los documentos que firmó el 20 de enero, figura el que tituló “Aclarando el papel de los militares en la protección de la integridad territorial de Estados Unidos” (“Clarifying them military’s role in protecting the territorial integrity of the United States”) -marcando el inicio del manipulador intento por dominar a este sector-.
Por esa vía, determinó que persisten las amenazas a la seguridad nacional estadounidense, por lo cual “es esencial que las Fuerzas Armadas firmemente continúen participando en la defensa de nuestra integridad territorial y soberanía”.
También ordenó al militar Comando Norte Estadounidense (United States Northern Command, Usnorthcom) el cumplimiento de la misión de “sellar nuestras fronteras, y mantener la soberanía, territorial integridad, y seguridad de Estados Unidos, repeliendo formas de invasión que incluyen masiva migración ilegal, tráfico de narcóticos, contrabando y tráfico humanos, y otras actividades criminales”.
Ello, al considerar que, en ese momento, el país era invadido, masivamente, por peligrosos migrantes salidos de cárceles a nivel mundial -particularmente de El Salvador y de Venezuela-, o pertenecientes a estructuras de crimen organizado -por ejemplo, la salvadoreña Mara Salvatrucha, y el venezolano Tren de Aragua-, según el razonamiento de Trump y el resto del mundo Maga.
El Northcom es uno de los 11 Comandos Combatientes (Combatant Commands), y su cometido oficial consiste en que “desalienta, detecta, y derrota amenazas a Estados Unidos, lleva a cabo actividades de cooperación en seguridad con aliados y socios, y apoya a las autoridades civiles”.
“La más alta prioridad del Northcom es la defensa del país”, de acuerdo con la misma descripción, que aparece en el sitio web del Departamento de Defensa -según Trump, Departamento de Guerra-.
El autócrata firmó, también el 20 de enero, la orden denominada “Protegiendo al pueblo estadounidense contra invasión” (“Protecting the American people against invasion”), en la que planteó que muchos de los “foráneos ilegalmente dentro de Estados Unidos, presentan significativas amenazas a la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, cometiendo viles y atroces actos contra estadounidenses inocentes”.
“Otros, están involucrados en actividades hostiles, incluyendo espionaje, espionaje económico, y preparativos para actividades relacionadas con terrorismo”, agregó.
Luego de presentar ese amenazante cuadro de situación -creando, en el imaginario de sus irracionales seguidores, la xenofóbica percepción de que ser inmigrante en situación irregular equivale a ser delincuente-, ordenó una serie de medidas represivas.
En ello, involucró a instituciones tales como el Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ), el Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), el Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras (Customs and Border Protection, CBP).
La represiva política antinmigrante, que incluye la deportación -o sea, el destierro- de altos números de extranjeros violentamente detenidos por las hordas de ICE, generó una ola de protesta popular, que tuvo origen, en junio, en la occidental ciudad de Los Ángeles, y rápidamente, se viralizó a nivel nacional.
La reacción popular fue respondida, por el régimen trumpista, con la intervención de fuerzas militares -puntualmente, la Guardia Nacional (National Guard), una de las siete fuerzas armadas estadounidenses-, con la excusa de restablecer el orden, lo que generó -con particular intensidad, en Los Ángeles- flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de las tropas.
Siempre en el “día uno” (“day one”) de su reincidente dictatorial administración, firmó, además, la EO “Protegiendo a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad ciudadana” (“Protecting the United States from foreign Terrorists and other national security and public safety threats”).
En este caso, ordenó la revisión, “en el máximo grado posible”, de antecedentes de los inmigrantes “en procura de admisión (…) o quienes ya están en Estados Unidos”, con miras a la expulsión de extranjeros -lo que viene ocurriendo masivamente, en flagrante violación de derechos humanos-.
De acuerdo con el ADN xenofóbico/racista del trumpismo, centenares de extranjeros capturados por los temidos agentes de ICE, son desterrados, por ejemplo, a El Salvador
-principalmente al Centro de Contención del Terrorismo (Cecot), un brutal campo de concentración donde, para los reclusos, los derechos humanos no existen-.
A continuación, una breve reflexión apenas lógica.
Llama la atención cómo el coro de los varios oportunistas posando como opositores a la bicéfala/dinástica dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se rasga las vestiduras cuando el régimen ortegamurillista destierra a opositores -lo cual es plenamente condenable-, pero no encuentra igualmente violatorio de los derechos humanos el hecho de que Trump también lo hace.
Fin de la breve reflexión apenas lógica.
En cuanto a los destierros del trumpismo, sorpresivamente, 252 nacionales venezolanos incluidos en esas deportaciones, fueron enviados, en el 18 de julio, por la dictadura de Nayib Bukele -el creador del Cecot, y alma gemela de Trump-, a su país de origen.
Esto, al parecer, como resultado de mediación del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost -conocido, desde el 8 de mayo como papa León 14-.
En el contexto de su obsesión por destacar al Tren de Aragua -para fijar la xenofóbica asociación entre los delincuentes de esa estructura, en particular, y los inmigrantes venezolanos, en general-, Trump firmó, el 15 de marzo, una Proclama (Proclamation), declarando al grupo como Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO).
Además, lo vinculó con la denunciada estructura narcotraficante venezolana Cartel de los Soles -denominación que deriva de las insignias, con forma de sol, que los generales de Venezuela lucen en el uniforme-, habiendo declarado, a Maduro, como el máximo jefe.
Enfocando la mira, con más precisión, en Venezuela -prioritariamente, en Maduro- declaró que “el Tren de Aragua -TdA- es una designada Organización Terrorista Extranjera con miles de miembros, muchos de quienes se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos, y están realizando una guerra irregular y emprendiendo acciones hostiles contra Estados Unidos”.
“El TdA opera en conjunción con el Cártel de los Soles, la empresa de narcoterrorismo patrocinada por el régimen de Maduro, con base en Venezuela, y comete crímenes brutales, incluyendo asesinatos, secuestros, extorsiones, y tráfico de humanos, drogas, y armas”, agregó Trump -o quien haya redactado esa y otras EOs-.
“El TdA se ha involucrado, y continúa involucrándose, en migración ilegal masiva hacia Estados Unidos, para extender sus objetivos de dañar a ciudadanos de Estados Unidos, minando la seguridad ciudadana, y apoyando el objetivo del régimen de Maduro, de desestabilizar naciones democráticas en las Américas, incluyendo a Estados Unidos”, afirmó, estructurando un solo y conveniente paquete de criminalidad organizada venezolana.
“El TdA está estrechamente alineado con -y, en efecto, ha infiltrado- el régimen de Maduro, incluidos sus aparatos militar y de cumplimiento de la ley”, aseguró, a continuación.
El hostigamiento al dictador sudamericano fue ampliado en la orden ejecutiva que Trump firmó el 24 de marzo -titulada “Imponiendo Aranceles a países que importan petróleo venezolano” (“Imposing Tariffs on Countries Importing Venezuelan Oil”)-.
En la Sección 2 -del total de siete-, determinó que “el 2 de abril de 2025, o después, un arancel de 25 por ciento será impuesto a todos los bienes importados por Estados Unidos, de cualquier país que importe petróleo venezolano, ya sea directamente de Venezuela o indirectamente a través de terceras partes”.
“Las tasas impuestas por esta orden serán complementarias de las tasas a importaciones que ya son aplicadas”, precisó.
Tales sanciones obedecieron, de acuerdo con la narrativa trumpiana, a que “el régimen de Maduro ayudó y facilitó el ingreso de miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos”.
Asimismo, a causa de “la responsabilidad del régimen, por la profundización de la crisis humanitaria y de salud pública en Venezuela”, al igual que por “la desestabilización del Hemisferio Occidental, a través de la migración forzada de millones de venezolanos, imponiendo cargas significativas sobre los países vecinos”.
Trump decidió sancionar a los países importadores de petróleo venezolano, pasando por encima del hecho de que -si bien las redujo, considerablemente, este año-, Estados Unidos copra crudo, precisamente, a Venezuela.
De acuerdo con datos de la Administración Estadounidense de Información sobre Energía (US Energy Information Administration, EIA) -del Departamento de Energía de Estados Unidos (US Department of Energy)-, las adquisiciones petroleras norteamericanas desde esa caribeña nación sudamericana pasaron, en 2025, de 300 mil barriles diarios -en enero-, a seis mil -en julio-.
La tendencia bajista comenzó, marcadamente -con altibajos-, en 2019 -el primer año de la administración de Joe Biden (2021-2025)-, habiendo descendido, de 634 mil barriles diarios -en enero-, a cero -en julio-.
Existe una monumental contradicción entre el castigo incluido en la orden ejecutiva y el hecho de que el régimen estadounidense es cliente petrolero directo de su contraparte madurista -pero también es irrefutablemente cierto que los imperios no dan explicaciones-.
La escalada antimadurista se fortaleció el 25 de julio, cuando el Departamento del Tesoro (Department of the Treasury) informó, en un comunicado, que, ese día, su Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, Ofac), “sancionó al Cártel de los Soles (…) como Terrorista Global Especialmente Designado (Specially Designated Global Terrorist)”.
“El Cártel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos del régimen de Maduro, que brinda apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente, al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa”, agregó, el departamento, en el texto.
El último grupo -también conocido como Cartel del Pacífico, y por su sigla CDS-, una de las principales narcorredes de México, fue fundado, en 1989, por Joaquín “El Chapo” Guzmán -quien cumple, desde 2019, en Estados Unidos,30 años de prisión-, e Ismael “El Mayo” Zambada -enjuiciado en Estados Unidos, y a la espera de ser condenado, en enero de 2026.
Esa estructura delictiva tomó el nombre del noroccidental y costero estado mexicano de Sinaloa, una de sus principales áreas de influencia a nivel nacional.
Al “iluminar” sobre la narcoestructura militar-civil venezolana, el Departamento del Tesoro indicó, en la isma nota de prensa, que, “con sede en Venezuela, el Cártel de los Soles está encabezado por Nicolás Maduro Moros y otros individuos venezolanos de alto rango en el régimen de Maduro que corrompieron la instituciones de Gobierno en Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial”.
Ello, “para ayudar a los esfuerzos del cártel de traficar narcóticos a Estados Unidos”, precisó, además de reafirmar que “el Cártel de los Soles apoya al Tren de Aragua en su objetivo de utilizar el flujo de narcóticos ilegales como arma contra Estados Unidos”.
Maduro viene siendo, hace años, mediáticamente hostigado por el régimen trumpista, entre otras razones, por su denunciada participación en la narcoactividad.
En tal contexto, y aunque el dictador venezolano es indudablemente fácil de ubicar, el primer gobierno Trump (2017-2021) ofreció, en 2020, recompensa de 15 millones de dólares por datos que contribuyan a localizarlo.
El precio de la información saltó, en enero de 2025 -al cierre de la administración Biden-, a 25 millones, cifra que el actual régimen trumpista duplicó, cuando la disparó, en agosto
-siete meses después de su reinstalación, y semanas antes de la movilización militar-, a 50 millones de dólares.
En el póster que, al respecto, difundió -versiones, respectivamente, en inglés y en español-, el 7 de agosto, el Departamento de Estado oficializó el ajuste alcista de la cifra.
“Aumento de recompensa de hasta $US 50.000.000 por información conducente al arresto o condena del dirigente del terrorista global especialmente designado Cartel de los Soles Nicolás Maduro Moros”, precisó, en el texto emitido conjuntamente con el Departamento de Justicia -específicamente, la DEA-, y acompañado con una actualizada fotografía del requerido.
De acuerdo con lo indicado en el póster, Maduro es buscado “por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas”.
“Envía las pistas a la DEA: CartelSolesTips@dea.gov (e-mail)”, según la instrucción oficial, en la cual se garantizó que “todas las identidades se mantienen estrictamente confidenciales”.
Trump viene, desde su exitosa campaña electoral 2024, enfocándose en Maduro, señalándolo no solamente como dictador -lo cual es correcto- sino también como jefe del Cartel de Los Soles -lo cual no necesariamente es así, además de que suele omitir nombres de narcopersonajes tales como el criminal ministro del Interior, Justicia y Paz Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa y jefe del ejército, general Vladimir Padrino-.
La obsesión con el déspota venezolano se convirtió en política del régimen trumpista, desde el regreso, el 20 de enero, del autócrata, a la Casa Blanca.
En ese cuadro de situación, en el comunicado mediante el cual dio a conocer el poster referido al dictador caribeño/sudamericano, el Departamento de Estado aseguró, entre otras cosas, que “Maduro ayudó a administrar y eventualmente dirigió el Cartel de los Soles, una organización narcotraficante venezolana compuesta por altos funcionarios venezolanos” -en referencia, aunque sin nombrarlos, entre otros, a Cabello y a Padrino-.
“En marzo de 2020, Maduro fue acusado, en el Distrito del Sur de Nueva York, de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, y conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos”, agregó.
En cuanto al exageradamente elevado precio asignado a comprar información sobre el paradero de Maduro, el departamento precisó que, “como líder del Cártel de los Soles, Maduro es el primer objetivo en la historia del Programa de Recompensas por Narcóticos (Narcotics Reward Program) con una oferta de recompensa mayor a 25 millones de dólares”.
Habiendo construido el escenario político/diplomático para la ofensiva antimadurista, Trump construyó el militar -sin descuidar el primero-, sobre la base de que, según la narrativa oficial contenida en una de sus numerosas órdenes ejecutivas, “los carteles internacionales constituyen una amenaza de seguridad nacional más allá de la que presenta el crimen organizado”.
En ese encuadre, el tirano movilizó, a mediados de agosto -apenas siete meses después de haber regresado a la Casa Blanca-, embarcaciones de guerra, hacia el Mar Caribe, con el propósito declarado/oficial de desactivar rutas marítimas usadas, por redes narcotraficantes sudamericanas -supuestamente, venezolanas-, para transportar droga hacia Estados Unidos.
Trump envió, entonces, al Caribe sur, alrededor de una decena de naves de la Marina de Estados Unidos (US Navy) -incluido un submarino nuclear-, según diferentes medios de comunicación.
Las tropas involucradas fueron aproximadamente cuatro mil, de acuerdo con esas versiones periodísticas.
La extremadamente agresiva flota se posicionó en aguas internacionales -pero frente a la costa de Venezuela-, señalaron las mismas fuentes.
Al momento de redactar esta nota, el resultado de ese fenomenal despliegue bélico/nuclear por parte de la tercera mayor potencia militar mundial, es, oficialmente, ridículo -pero eso no importa, en aras del plan mayor-.
Según números gubernamentales estadounidenses citados por los medios, las acciones han destruido -de momento- cinco lanchas rápidas -supuestamente, narcoembarcaciones-, y han matado a 27 tripulantes -supuestamente, narcotraficantes-.
En ningún caso -hasta ahora- se ha proporcionado evidencia que respalde la información oficial estadunidense -la que, por lo tanto, presenta notorias características de posverdad/fake news-.
Al respecto, la cadena de televisión informativa estadounidense Cable News Network (CNN) informó, el 2 de octubre, que el Departamento de Defensa (Department of Defense, DoD) envió -un día antes-, al Congreso de Estados Unidos, una notificación (notice) sobre esa operación militar en el Caribe.
El Pentágono -como se conoce al DoD, por la estructura arquitectónica de su sede, en Arlington, en las afueras de la capital nacional- indicó que Trump determinó que Estados Unidos está en “un conflicto armado” con los narcocarteles que su régimen ha designado como organizaciones terroristas, indicó CNN.
Estos grupos “tienen los medios financieros, la sofisticación, y las capacidades paramilitares para operar con impunidad”, señaló el Pentágono, según la versión periodística.
El medio de comunicación reveló, asimismo, que “por lo menos un bote atacado el mes pasado por (la fuerza) militar estadounidense, se había regresado y se alejaba de Estados Unidos cuando fue alcanzado, lo que sugiere que no presentaba una amenaza inminente para Estados Unidos o fuerzas de Estados Unidos”.
Por su parte, en una carta dirigida el 7 de octubre, a Trump, cinco congresistas demócratas de los comités, respectivamente, de Servicios Armados, Relaciones Exteriores, Inteligencia, y Judicial de la Cámara de Representantes, cuestionaron, demoledoramente, los planteamientos presidenciales sobre el tema.
“Usted recientemente ha ordenado ataques militares letales contra botes en el Mar Caribe, basado sobre determinaciones de que estaban vinculados con entidades que usted ha designado como organizaciones narcotraficantes”, señalaron, en el texto de siete párrafos de variada extensión.
“El Congreso tiene la exclusiva responsabilidad de declarar la guerra y de autorizar el uso de la fuerza”, le recordaron para, a continuación, reclamarle que “usted ha fallado en asegurarse tal autorización para esos ataques”.
“Además, la severa ausencia de transparencia de la Administración y la omisión en compartir información crítica, con el Congreso, impide que el Congreso lleve a cabo la supervisión, constitucionalmente ordenada, del Poder Ejecutivo”, siguieron precisando, en fuertes términos.
“La Administración no ha proporcionado detalles significativos respecto a la justificación legal para esos ataques, más allá de vagas aseveraciones”, indicaron, demoledoramente.
“Es nuestro entender que el Departamento de Defensa ha determinado que los ataques contra organizaciones terroristas designadas son legales sobre la base de opinión legal producida por el Departamento de Justicia”, de modo que “solicitamos que usted proporcione esa opinión legal, al Congreso, inmediatamente”, agregaron.
La desproporcionada correlación de fuerzas en esa operación aún en desarrollo en el Caribe, indica, con irrefutable claridad, que el combate al narcotráfico es la excusa para lanzar una ofensiva militar contra Venezuela -o para llevar a cabo sostenidas acciones que desgasten al régimen-, de modo de derrocar a la incómoda y vocalmente antimperialista dictadura -y, de paso, ver cómo hacerse del petróleo-.
No hay, por ahora, certeza al respecto, contexto indicativo de que el accionar estadounidense está envuelto por lo que se conoce como “la niebla de la guerra” (incertidumbre respecto al desarrollo de operaciones militares).
La acción caribeña -que también ha incluido posicionamiento de naves de guerra en aguas del Estado Libre Asociado -eufemismo por territorio colonial- de Puerto Rico-, y aeronaves de guerra en una instalación aérea puertorriqueña, a manera de respaldo.
Al respecto, la revista estadounidense Newsweek informó, el 3 de octubre, que “una imagen satelital de alta resolución (…) mostró por lo menos 10 jets tupo stealth F-35B parqueados al aire libre en el Aeropuerto José Aponte de la Torre, en Ceiba, anteriormente conocida como estación naval Roosevelt Roads”.
“El hecho de que los cazas avanzados de quinta generación de Estados Unidos sigan siendo visibles desde el espacio, probablemente no es una coincidencia sino una estridente señal dirigida al gobierno de Maduro”, agregó.
La publicación indicó que, ese día, “el Pentágono difundió su primer bloque de imágenes mostrando la llegada de los jets F-35B del -cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos (US Marine Corps)”.
También informó que, en la instalación, “ingenieros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (US Air Force) construyeron, esta semana, una nueva pista (…) ‘en apoyo a la misión del Comando Sur de Estados Unidos (US Southern Command, Southcom), operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra, y prioridades del presidente’”.
Ante el notorio despliegue -supuestamente antinarcotráfico- de fuerza aeronaval en el Caribe, llama la atención que, siendo también el Océano Pacífico, frente a la extensa costa oeste americana -principalmente, el norte de Sudamérica, y toda Centroamérica- un área de numerosas narcorrutas marítimas, los administradores del imperio no pensaron en llevar a cabo, allí, similar operación.
Ante la provocación/advertencia imperial, el régimen madurista -sus militares incluidos- ha advertido, al agresor, que está en plena disposición de enfrentarlo, si opta por invadir.
En conferencia de prensa llevada a cabo -durante alrededor de tres horas-, el 1 de setiembre -24 horas antes del ataque a la primera embarcación supuestamente narco-, el dictador sudamericano/caribeño advirtió que, “si Venezuela fuera agredida, pasaría, inmediatamente, al período de lucha armada en defensa del territorio nacional”.
De inmediato, reafirmó: “declararíamos, constitucionalmente, a la república, en armas”.
“Lucha armada, y república en armas, de norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía, y el desarrollo del país, en cualquier circunstancia que nos toque”, aseguró, a continuación, ante los más de 300 periodistas locales e internacionales participando, presencial o virtualmente, en el diálogo.
“Nosotros, somos gente que trabaja para la paz, pero se prepara: si tú quieres la paz, prepárate para garantizarla”, indicó, seguidamente, transliterando, del latín, la máxima belicista imperial romana “si vis pacem para bellum” (si quieres la paz, prepárate para la guerra”).
“Así que eso está contemplado, en los planes”, reaseguró, además de anunciar la movilización militar a nivel nacional: “mañana, se hará el llamado a el (sic) proceso de preparación y entrenamiento masivo de la población, en todos los territorios de la república”.
También informó que, en el contexto del coyuntural apresto defensivo, “he decidido crear la Unidad Comunal Miliciana de Combate, en los 5,336 circuitos comunales (municipales) del país”.
“Y esa Unidad Comunal Miliciana, englobará una estructura llamada Base Popular de Defensa Integral, que son 15,751 Bases Populares de Defensa Integral”, siguió explicando.
“Y eso va a reorganizar, de manera dinámica, a los ocho millones doscientos mil ciudadanos y ciudadanas de Venezuela que están alistados en el Sistema Miliciano y de Reservistas”, agregó.
Se trata de movilizar el “poder nacional para hacer fracasar esta amenaza, y hacer prevalecer la paz y la soberanía”.
De concretarse una intervención militar imperialista, el blanco “no es Maduro, es un pueblo, es una historia sagrada, y ustedes no han podido con esa historia, ni podrán”, agregó, dirigiéndose, ahora, al régimen trumpista.
Entretanto, el componente político del plan presentó, de momento, una falla que el agresor no previó.
La inteligencia madurista -probablemente capacitada por la cubana- descubrió una crucial bandera falsa -y, públicamente, la arrió-.
La expresión “bandera falsa”, describe una acción -lo mismo militar que política o diplomática- llevada a cabo para adjudicarla a un adversario.
Según diferentes registros históricos, la expresión data del siglo 16, y originalmente se usó para describir el uso, por parte de piratas, de banderas de países, en sus barcos, para engañar a los tripulantes de las embarcaciones a ser atacadas.
Las operaciones de bandera falsa llevadas a cabo, a lo largo de la historia, por países involucrados en tensión política internacional o en conflictos bélicos, son numerosas.
La línea de tiempo de algunas de las más destacadas en América muestra:
-la explosión, el 15 de febrero de 1898, en el barco USS Maine de la Marina de Estados Unidos, y su hundimiento, en la Bahía de La Habana, incidente -programado por autoridades militares estadounidenses- que mató a la mayoría de la tripulación -355 marineros y oficiales-, abriendo el camino a la guerra entre ese país y España
-la conspiración terrorista denominada Operación Bosques del Norte (Operation Northwoods), estructurada, en 1962, por la cúpula militar de Estados Unidos, para llevar a cabo atentados, en territorio del país norteamericano -incluyendo la pérdida de vidas de ciudadanos estadounidenses-, de modo que parecieran ejecutados por agentes del gobierno de Cuba, para, precisamente, justificar una agresión militar que depusiera al régimen entonces encabezado por Fidel Castro
-diversos análisis cuestionan la versión oficial de los atentados del 11 de setiembre de 2001, en territorio estadounidense, evidenciando que esas acciones fueron, también, una bandera falsa.
La Operación Bosques del Norte -estructurada durante la administración del presidente estadounidense (1961-1963) John Kennedy- no fue llevada a cabo, porque el mandatario se negó a aprobarla.
Kennedy fue asesinado al año siguiente, y, según la manipuladora historia oficial, el ejecutor -o sea, el chivo expiatorio- fue el estadounidense Lee Harvey Oswald -señalado como simpatizante de la revolución cubana-.
Por otra parte, los atentados de 2001 fueron definidos, por intelectualmente limitado Bush, como un acto de guerra, por parte de la organización islámica armada Al Qaeda, contra Estados Unidos.
Se desató entonces, en la nación norteamericana, la persistente histeria antiterrorista que ha avalado incursiones militares estadounidenses en diferentes países -además de estar fortaleciendo las finanzas de la industria armamentista-.
Respecto a la reciente operación de bandera falsa imperialista en Venezuela, Maduro proporcionó algunos datos, el 6 de octubre, en declaraciones que formuló durante el programa “Con Maduro Más”, que difunde el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
“Es una operación típica de falsa bandera, para, después, armar el escándalo, y utilizar el poder comunicacional, a través de redes y medios, para culpar, al gobierno bolivariano, y comenzar una escalada de enfrentamiento, donde nadie va a preguntar cómo lo hizo, quién lo hizo, donde nadie va a escuchar a nadie sino que se van a escuchar el repiqueteo de las ametralladoras y de los misiles”, dijo.
Además de preguntar “a quién beneficiaba esta acción terrorista?”, informó que, “en la tarde del día de hoy, el doctor Jorge Rodríguez informó, oficialmente, al gobierno de Estados Unidos, los responsables de la preparación de este ataque terrorista, y en qué parte están esos responsables”.
Maduro aludió, así, al presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), quien, asimismo, es hermano de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez
“Y, también le informó que, en lo que corresponde a nosotros, estamos tras la búsqueda y captura de algunos de estos personajes que está en territorio venezolano”, precisó.
Maduro reveló, al día siguiente, que, dada la ausencia de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, Rodríguez se comunicó con el encargado de negocios estadounidense en la limítrofe Colombia, John McNamara.
El acto terrorista “fue avalado y pedido por una persona que ya se sabrá”, indicó el dictador, quien relató que “el ministro Diosdado Cabello, inmediatamente, mandó, a los comisarios de la policía diplomática venezolana, a coordinar con el personal que tiene la embajada de Estados Unidos”.
Resultado de ello, “se reforzó toda la seguridad alrededor de la Embajada de los Estados Unodos”, siguió narrado.
“Que cada quien saque sus conclusiones, y, como diría un buen comentarista: seguiremos informando”, agregó.
Efectivamente, Maduro siguió informando, y aportando detalles, por ejemplo, durante una actividad oficial que desarrolló el 7 de octubre -un día después de su diálogo con VTV-.
“El día de ayer -lunes-, a las tres de la tarde, a través del embajador McNamara, en Bogotá, el diputado Jorge Rodríguez (…) informó, oficialmente, al señor McNamara, y al gobierno de Estados Unidos -y por otras vías de comunicación-, los nombres, apellidos, y ubicación, en los Estados Unidos, de las personas que prepararon ese atentado -frustrado y fallido- contra la sede de su embajada en Caracas”, comenzó a indicar.
“El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado -y otras vías-, tiene la información completa”, reafirmó, para explicar que “no he dado la orden para que sea pública -todavía, yo-, pero, si es necesario, la haremos, porque tenemos las pruebas”.
Maduro explicó que, “por razones de prudencia, preferimos primero informar, oficialmente, al gobierno de los Estados Unidos, confiando en que ellos protegen a su personal, aquí, en su embajada-, hagan la investigaciones, y procedan a las capturas, inmediatas, de los terroristas que operan en su territorio”
“Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada -que se iba a dar entre el domingo en la noche, o el lunes (5, o 6 de octubre)-, como un incidente para una escalada de violencia, están en los Estados Unidos de Norteamérica”, reafirmó.
“Y tienen los nombres, así que, no se hagan los locos”, recomendó, para, a continuación quejarse de que las autoridades trumpianas, “hoy, sacan la noticia que ellos no tienen relaciones diplomáticas con nosotros”, y señalar que “nosotros, tampoco con un ustedes”.
En ese sentido, continuó diciendo “que no tienen vías diplomáticas con nosotros”, para señalar”, y que “nosotros, tampoco con ustedes”.
Por su parte, Padrino aseguró, dirigiéndose a los venezolanos, en declaraciones formuladas también el 7 de octubre, que “tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con que actúa el imperialismo norteamericano, no es normal, no es normal, es antipolítica, es antihumana, es guerrerista, es grosera, es vulgar”.
El narcogeneral, tiene razón.
