George Rodríguez/Foto-Medios
Berta Cáceres fue ejecutada porque, según la criminal conceptualización del machismo y la corrupción imperantes en Honduras, cometió los imperdonable delitos de ser mujer, indígena, defensora de los derechos humanos, feminista, ambientalista.
Su condición de líder inclaudicablemente comprometida con las causas que defendió, la indeclinable honestidad que la caracterizó, la solidez de sus principios, la constituyeron en un riesgo que los intereses arteramente dominantes tenían que erradicar.
Dos sicarios se encargaron de hacerlo, en una conspiración urdida por autores intelectuales amparados en el poder espurio del dinero, de posiciones de privilegio en un país con groseros niveles de pobreza y de injusta falta de oportunidades para la mayoría marginada.
Brutalmente, a balazos, poco después de la medianoche del 3 de marzo de 2016, fue asesinada, en su vivienda ubicada en un sector de la ciudad de La Esperanza -la ciudad donde nació, y la más alta de Honduras, a aproximadamente 1700 metros sobre el nivel del mar-, capital del sudoccidental departamento (provincia) de Intibucá.
Por su participación directa en la ejecución extrajudicial, fueron detenidos y juzgados ocho criminales -dos de ellos, ex militares-.
Tras intenso trabajo legal e investigativo, por parte de la familia de Cáceres -principalmente sus hijas Berta Isabel y Laura-, de un equipo de abogados, y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue posible detener a uno de los autores intelectuales, quien actualmente se encuentra en proceso judicial penal.
Se trata del ex militar David Castillo, presidente de la empresa hondureña de financiamiento internacional Desarrollo Energético Sociedad Anónima (Desa), involucrada en la construcción del ambientalmente destructivo megaproyecto hidroeléctrico denominado Agua Zarca (agua azul claro), en el Río Gualcarque.
El río, que cruza los occidentales departamentos de Intibucá –en el suroeste, limítrofe con El Salvador- y de Santa Bárbara –en el noroeste, fronterizo con Guatemala-, es sagrado para el pueblo indígena Lenca –que contaba a Cáceres, entre sus principales dirigentes-.
La iniciativa fracasó, como resultado de la lucha encabezada por la ambientalista, esfuerzo que derivó en el vengativo asesinato.
La implementación del proyecto comenzó, aproximadamente, en 2006, en el sector de la noroccidental localidad de Río Blanco.
A causa de los trabajos iniciales –principalmente, remoción de tierra-, pobladores del área acudieron al Copinh, en procura de respaldo para detener la obra.
Los lugareños denunciaron que el proyecto causaría, en la amplia zona que ocuparía, masiva destrucción ambiental, afectando perjudicialmente, además, a decenas de comunidades.
En el principio, la ejecución de la iniciativa estuvo a cargo de la empresa china Sinohydro
–la mayor constructora de represas, a nivel mundial- y la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad del Banco Mundial –el socio capitalista-.
La respuesta del Copinh, a la solicitud de apoyo, consistió en el inicio de la tenaz movilización pacífica, que Cáceres lideró, acción que detuvo el proyecto.
El plan fue inmediatamente retomado por Desa, lo que determinó que las comunidades y la líder indígena retomaran tenaz la resistencia pacífica.
Ello implicó, igualmente, el hostigamiento por parte del sector seguridad de la nueva empresa propietaria, lo mismo que de autoridades municipales del área, contra el movimiento de resistencia.
Entre otras típicas características, el hostigamiento significó permanentes amenazas contra la dirigente, algunas de las cuales fueron efectuadas tan solo 48 horas antes del asesinato.
Ante el peligro en el que estaba, Cáceres tomó, al inicio de 2016, la decisión dejar la casa de su madre –la también líder comunitaria local Austra Berta Flores, popularmente conocida como Doña Austra Berta-, en La Esperanza, y pasó a ocupar otra vivienda, en la misma comunidad, donde, dos meses después, fue asesinada.
No obstante la brutal venganza -por la vía de sicariato-, el esfuerzo liderado por la activista tuvo éxito, y el proyecto fue cerrado dos años después.
En cuanto al involucramiento de Castillo, como uno de los autores intelectuales del asesinato de la dirigente, durante la actualización informativa del caso, llevada a cabo la mañana del 22 de junio, en un hotel en Tegucigalpa, la capital nacional, Víctor Fernández, abogado de la familia de Cáceres, expresó la certeza de que el acusado sea declarado culpable por su participación en el crimen.
En la presentación que elaboró, Fernández expresó que “la culpabilidad del imputado Roberto David Castillo Mejía, en calidad de coautor, ha quedado demostrada, por los patrones de comunicación mediante llamadas y mensajes con el grupo sicarial que ejecutó el asesinato, y por el contenido de sus propias comunicaciones de chat a través de mensajería de WhatsApp”.
Al respecto, relató que, “desde el 6 de abril de 2021, se han desarrollado 44 días de audiencia, en los que se han evacuado 62 medios de prueba, que comprueban la culpabilidad de David Castillo, por parte de las acusaciones del Ministerio Público y la representación legal de la familia de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres”.
En ese sentido, detalló que Castillo “hizo parte de una estructura compartimentada para la planificación, coordinación, ejecución y supervisión del crimen, en la que su comunicación con el grupo sicarial se realizó a través de Douglas Bustillo, condenado por el crimen, en 2018”.
Bustillo, “militar y ex jefe de seguridad de la empresa Desa, conformó un grupo sicarial que dio seguimiento, realizó un intento de asesinato en fecha 5 de febrero de 2016, y ejecutó el asesinato de Berta Cáceres el día 2 de marzo de 2016”, de acuerdo con la relación de hechos.
Castillo y Bustillo mantuvieron comunicación luego de que el segundo salió de la empresa, contacto que se concretó “en fechas claves de la realización de los ataques y asesinato de Berta Cáceres”, preció, además.
Fernández enumeró, asimismo, una serie de hechos comprobados en el desarrollo del proceso judicial referido a Castillo.
“Durante los últimos 5 meses de vida”, Cáceres, en el liderazgo del Copinh, “desarrolló una fuerte acción de protesta, en reivindicación de los derechos de la comunidad Lenca, contra la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah y dirigido por el imputado David Castillo”, comenzó a precisar.
Ello, “con el objetivo de detener su construcción y operación”, explicó, a continuación.
Simultáneamente, Bustillo llegó, en varias oportunidades, a La Esperanza, “para realizar seguimientos y monitoreo a Berta Cáceres” -lo que consistió en fotografiar “a Berta Cáceres, a su vehículo, y a su vivienda”-, visitas durante las cuales mantuvo comunicación con Castillo, indicó.
Los desplazamientos de Bustillo, a La Esperanza, ocurrieron en enero y febrero de 2016-específicamente, 22-23 y 29-31 de enero, 21 y 27-28 de febrero-, según la relación de hechos.
“En fecha 5 de febrero las comunicaciones evidencian que el condenado Henry Hernández, ex militar, se trasladó junto a otra persona hacia la ciudad de La Esperanza para ejecutar el asesinato”, y se reunió con Bustillo, quien “le entregó un arma”, agregó el abogado.
Pero, por razones logísticas, el homicidio no se llevó a cabo, indicó.
La mañana del 6 de febrero, Hernández “comunicó a Mariano Diaz, exmilitar condenado por el asesinato, y a Douglas Bustillo, de la imposibilidad de realizar el hecho, debido a la falta de un carro, la falta de más sicarios, y presencia de personas en el lugar”, agregó.
Bustillo informo, a Castillo, que, por esas razones, “la misión del día anterior fue abortada, y que necesitaba logística, y le solicita lo que se va a presupuestar –‘los medios idóneos y logísticos’-, a lo que Castillo responde: ‘Copiado. Misión abortada’”, continuó informando.
Fernández agregó que Castillo “se valió de información proporcionada por una red de informantes comunitarios, creada y sostenida por Douglas Bustillo y Sergio Rodríguez, (también) condenado por los hechos del asesinato”.
“En fecha 29 de febrero de 2016, David Castillo acuerda una reunión, para el día siguiente, con Douglas Bustillo, para la entrega de dinero”, de acuerdo con la línea de tiempo trazada por el abogado, y, “un día después de la reunión, un grupo sicarial de 4 personas se desplazan, desde la zona norte de Honduras, hacia la ciudad de La Esperanza, para ejecutar el asesinato”, indicó.
De acuerdo con el cierre de la relación de acontecimientos, perpetrado el crimen, “Douglas Bustillo sostiene un monitoreo en tiempo real de los hechos, David Castillo sostiene comunicaciones con Douglas Bustillo -en fechas 3, 4 y 7 de marzo-, Douglas Bustillo, en fechas posteriores, solicita insistentemente dinero y trabajo a David Castillo”.
Al cierre de la actividad, las hijas de Cáceres, destacaron el esfuerzo que la familia de la líder viene llenado adelante en procura de justicia, en un contexto históricamente caracterizado por la impunidad.
En ese sentido, Laura subrayó que, “la responsabilidad de acceder a la justicia, nos iba a tocar a nosotras, porque estamos en un Estado que criminaliza a quienes defienden la vida, a quienes defienden los territorios, y protege a quienes saquean a este país”.
Por su parte, Berta, quien se desempeña como coordinadora del Copinh, expresó, respecto al proceso judicial contra Castillo, que “tenemos más de cinco años de estar esperando este juicio”, señaló que “es una etapa muy importante para alcanzar esa justicia que hemos estado demandando”.
La joven dirigente reflexionó que “no se puede cerrar la puerta a la investigación de esa autoría intelectual que sigue impune, que es parte de esa estructura que quiere garantizar la impunidad”.
