Desde los años ’60 -principalmente en los ’70s y en los ’80s-, me sentí en la mira de dictaduras.
Fue una combinación de lógica deducción, intuitiva percepción, perfecta ubicación en la realidad de ese momento en la compleja historia latinoamericana.
Décadas después -puntualmente, en 2024, en Costa Rica-, leí mis datos en el interminable registro de la dictadura militar de Uruguay -el país sudamericano cuya dirección geográfica, de acuerdo con un pintoresco empresario/emprendedor local de ese tiempo, es: “Océano Atlántico, esquina Río de la Plata”-.
Registros de cientos de miles -en realidad, más de un millón- de perseguidos políticos
-incluidos los míos, los de mi padre, y los de una sobrina mía- fueron hechos públicos, en junio de 2023, por la fenomenal iniciativa de denuncia “Archivos del Terror en Uruguay”
-admirable instrumento respecto al cual se sabe poco, aunque tiene el poderoso valor de que rescata una parte, brutal, de la memoria histórica/política uruguaya-.
En un par de largas líneas de información personal -en la página 114621, Hoja 6239, del Fichero (Registro) General-, descubrí -gracias a la información allí obtenida por mi hija, Silvia, y por un amigo suyo- que fui -pero no dejaré de ser- el perseguido político 1286863 -el número de mi ficha (expediente)-.
De modo que mi intensa y considerablemente larga historia ideológica -que sigue en permanente desarrollo- está sintetizada en esos dos renglones de datos en el archivo de la tan corrupta cuanto cruel dictadura militar que sojuzgó -con perversidad- a Uruguay, oficialmente, desde 1973 hasta 1985 -aunque el proceso represivo conducente a eso, se inició, de hecho, considerablemente antes del ’73-.
Los criminales dictadores -inicialmente patéticas marionetas civiles, luego sanguinarios uniformados-, violaron brutalmente los derechos humanos -lo que incluyó crímenes de lesa humanidad-, destruyeron vidas, persiguieron con saña -colectiva y selectivamente-, victimizaron sin piedad, masacraron cobardemente, desaparecieron/torturaron/mataron a miles, instituyeron el terror de Estado -como arma del Estado de terror-, se apoderaron coyunturalmente -durante años- de la institucionalidad.
Y llegaron a colmar las cárceles, con alrededor de siete mil presos políticos -esto, en un país de poco más de dos millones de habitantes, y un millón de exiliados-, contexto en el cual se vieron en necesidad de construir una prisión de máxima seguridad, para opositores detenidos -en la periferia de una sureña localidad llamada Libertad-.
Se trata de un centro urbano fundado en 1872, en un sector del departamento (provincia) de San José, en el rioplatense y costero sur uruguayo, donde se asentaron refugiados franceses quienes huyeron cuando, en el marco de la guerra francoprusiana (1870-1871), tropas alemanas ocuparon sus comunidades.
Muestra del retorcido ensañamiento con el cual se manejaron, los militares dieron, al establecimiento penitenciario, el nombre de la ciudad, de modo que los presos, en ese lugar, estaban “en libertad”.
Sin embargo, antes del oscurantismo dictatorial, la institucionalidad democrática nacional llegó a ser un referente de tal magnitud, que el país adquirió el apodo de “La Suiza Latinoamericana”, cuya validez terminó, violentamente, cuando se consolidó el inmisericorde empoderamiento de la corrupta bestialidad militar.
Ese sobrenombre marcó una de tantas similitudes que, históricamente, presentan Uruguay y Costa Rica, que es conocida como “La Suiza Centroamericana”, país que, por su también sólida democracia, constituye una isla en una región donde ese sistema es flagrantemente desnaturalizado por autócratas y otros nefastos personajes.
Dos incidentes, ocurridos en la década de 1920, en Uruguay, radiografían la naturaleza democrática de los orientales -como los uruguayos se autodefinen oficialmente, por estar, su país, uno de los territorialmente más pequeños de Sudamérica, al este del Río Uruguay-.
Ambos hechos evidencian, asimismo, el respeto de las autoridades nacionales a los derechos humanos -desde considerablemente antes de la universalización de ese concepto-.
En el primer caso, una comisión parlamentaria -específicamente de la Cámara de Diputados- fue designada para investigar, in situ, el denunciado maltrato al que, un comisario (jefe policial) de una comunidad perdida en la remotidad rural del país, sometió a dos campesinos acusados de haber cometido un robo.
La comisión investigadora, integrada por tres diputados -uno de ellos el joven legislador Enrique Rodríguez Fabregat, quien, décadas después, sería mi padre-, determinó que, efectivamente, el comisario había maltratado a los detenidos, lo que resultó en la inmediata puesta en libertad de los campesinos, y en la veloz la destitución del abusivo policía.
En el otro acontecimiento, que se desarrolló en Montevideo -la capital nacional-, un agente policial llevaba detenido -caminando, y tomado de un brazo-, a un hombre acusado de haber cometido un robo.
Durante el trayecto hacia la más cercana comisaría -lo que, en “uruguayo”, significa estación de policía-, en un descuido del agente, el detenido zafó del agarre, y comenzó a correr.
La acelerada fuga fue frustrada cuando el policía lo baleó, hiriéndolo en una pierna o en un pie, lo que muestra, claramente, que no disparó a matar -algo que, seguramente, habría ocurrido si se hubiese tratado de un policía de Los Angeles, o de Chicago, arrestando a un sospechoso Negro-.
El hecho conmocionó a la sociedad montevideana, dando lugar a una interpelación, también en la Cámara de Diputados, al ministro de Seguridad (entonces, del Interior), y al jefe de la Policía de Montevideo.
La cámara baja del parlamento nacional -la otra, la alta, es el Senado-, determinó la destitución de ambos funcionarios, la baja del agente, y la correspondiente acusación penal contra los tres.
El juez encargado del caso, aplicó sentencias de prisión, al trío, y, en la fundamentación de las condenas, determinó que las personas son, por naturaleza, libres, y que, al huir, el detenido en cuestión respondió a su instinto de libertad, algo que no es posible, bajo ninguna circunstancia, reprimir.
La democracia uruguaya también se reflejó, durante 15 años (1952-1967), en el Poder Ejecutivo: en lugar de presidente de la República, el país contó con un Consejo Nacional de Gobierno -o sea, una presidencia colegiada-.
El organismo era integrado -durante períodos cuatrienales, exceptuando el primero, que fue de tres años- por nueve consejeros -cinco, del partido ganador de las elecciones, y cuatro, del segundo partido más votado-.
De modo que el poder no se concentraba en una persona sino que se fraccionaba en nueve
-lo que significaba tener nueve presidentes-.
Eso constituía una fascinante realidad democrática: la oposición cogobernaba, compartía la responsabilidad en la toma de decisiones.
Mi padre integró el último consejo de gobierno -fue uno de los últimos nueve presidentes que tuvo Uruguay-.
Algo que los bestiales y corruptos dictadores no lograron destruir fue el ADN nacional uruguayo, que es democrático -además de, probadamente, resiliente-.
Esa es la característica de virtualmente todos los orientales -al menos de la mayoría-.
El blindaje de la democracia uruguaya comenzó a forjarse en el amanecer del siglo 20, principalmente sobre la base de iniciativas reformadoras del progresista presidente (1903-1907, 1911-1915) José Batlle y Ordóñez, dirigente del histórico y Partido Colorado, cuyos simpatizantes dieron origen, dentro de la agrupación política, a la corriente centroizquierdista que denominaron batllismo -que existe, aunque muy debilitada ideológicamente-.
Algunos líderes del batllismo auténtico, se escindieron, en 1971, del Partido Colorado, para incorporarse al centroizquierdista Frente Amplio (FA), entre ellos mi padre, quien, habiendo sido uno de los principales y más allegados colaboradores -inicialmente, anarquistas- de Batlle y Ordóñez, fundó, para dar ese trascendental paso, el Movimiento Popular Doctrina Batllista -luego denominado Movimiento Popular Doctrinario Batllista-, en cuyo trabajo político, lo acompañé.
La fundación del Frente, constituyó un acto de valentía colectiva, ya que era un tiempo de implacable represión ideológica.
Al igual que otras organizaciones frentistas, el movimiento creado por mi padre fue infiltrado por espías, lo que frustré cuando encaré a los operadores de inteligencia policial y militar, desenmascarándolos en el movimiento, y logrando su expulsión.
No me lo perdonaron.
En una entrevista con el diario argentino Clarín -publicada el 29 de marzo de 2024-, el fenomenal Pepe Mujica, se refirió a ese ADN democrático nacional.
“Yo creo que, en primer lugar, se trata de nuestra historia”, empezó a explicar el ex guerrillero tupamaro, ex preso político -ocho de los catorce años como rehén de la dictadura, recluido en aislamiento-, ex presidente (2010-2015), y ex senador (2020) por el FA.
Y agregó que “el Uruguay tuvo, allá por 1910, un proyecto que, usando el lenguaje contemporáneo, llamaríamos socialdemocracia: entró, como un crucero, se quedó, y se ancló”.
“Hubo una generación de gente, liderada por el presidente José Batlle y Ordóñez, que modeló ciertas cosas -como las ayudas públicas, como los derechos de las mujeres-, que tiñeron la historia del Uruguay”, siguió narrado.
Mujica hizo, así, referencia al visionario dirigente político quien, efectivamente, lideró la construcción del Uruguay democrático, para lo cual contó con una serie de jóvenes dirigentes políticos -entre ellos mi padre, autor de la testimonial biografía “Batlle y Ordóñez, el reformador”-.
“Se impuso, el consenso, de tal manera, que los de izquierda no podemos ser tan de izquierda, porque la historia nos mediatiza. Los de derecha, tampoco”, aseguró Mujica, quien, como presidente, pasó a ser el comandante en jefe de la institución que lo persiguió, lo encarceló, y lo torturó -pero quien no fue revanchista con sus subalternos uniformados-.
“Acá, llega un gobierno de la derecha, y no puede abandonar las políticas sociales”, precisó.
El regreso al presidencialismo, en los ‘60s, marcó el comienzo de la agresión contra la democracia, mediante la escalada de control militar sobre el poder político, la institucionalidad democrática.
Ello, por la vía, primero, de los eufemísticos “gobiernos cívico-militares”, formalmente encabezados por presidentes civiles quienes, en realidad, eran manejados por la cúpula del poder armado.
El primero de la criminal serie fue Jorge “El Bocha” Pacheco Areco (1967-1972), un desconocido boxeador, convertido en mediocre diputado por un sector conservador del Partido colorado.
Una madrugada en la década de los ‘60s, en mi cobertura periodística parlamentaria -con la que inicié mi carrera, en el diario Época-, durante una maratónica sesión de la Asamblea General -senadores y diputados en reunión plenaria conjunta- para debatir un presupuesto nacional, realicé un sondeo, entre legisladores, para determinar tendencias de votación.
Cuando vi al “Bocha”, haciendo nada, junto a una puerta, afuera de la sala de sesiones, lo abordé, para preguntarle cómo votaría su bloque parlamentario.
Más de cincuenta años después, la respuesta sigue imborrable, por lo fenomenalmente patética: “mire: mejor, pregúntele a algún compañero de bancada, porque yo, lo que es de esas cosas de economía, no entiendo nada”.
Pacheco fue el iniciador del proceso de empoderamiento de los militares.
El sucesor inmediato del “Bocha”, fue Juan María Bordaberry, quien gobernó, como presidente constitucional, desde 1972 hasta 1973, año en el cual, perpetró, el 27 de junio, un autogolpe de Estado -por obvia orden militar-.
Bordaberry -cuyo asombrosamente bajo nivel intelectual le valió el apodo popular de “Bordaburry”-, entró, así, a la historia de Uruguay, como el tipo quien formalizó la brutal -y absolutamente antiuruguaya- tiranía.
Una extensa manta desplegada sobre un costa de un barco que conducía a centenares de uruguayos encaminados a rehacer sus vidas, en Australia, lejos de la brutal crisis sociopolítica nacional, expresó, en un clarísimo mensaje al dictador, el sentir de la mayoría: “Bordaberry: metéte el Uruguay en el culo!”.
Mi carrera periodística se inició en 1963, en Época -diario dirigido por Eduardo Galeano, antes de hacerse famoso, y cuando era Eduardo Hughes Galeano-.
El comienzo de mi profesión -la que ejerzo desde entonces- fue marcado por la represión, ya que, en el tiempo previo a la formalización de la dictadura, el periódico -opositor a la militarización en desarrollo-, fue clausurado numerosas veces.
Una década después, en Buenos Aires, yo me internacionalizaba como periodista, en la Agencia Latinoamericana de Información (Latin) -la filial regional de la británica/mundial Reuters-.
En virtud de contactos personales y profesionales con varias embajadas, empecé a ayudar a incontables perseguidos políticos -cazados por las dictaduras argentina, brasileña, boliviana, chilena, uruguaya, en el marco del nefasto Plan Cóndor- a huir, en la mayoría de los casos, hacia Europa.
En una breve visita que realicé a Uruguay, mi hermano menor -Daniel-, periodista del histórico diario local El País -medio de comunicación que apoyaba a la dictadura militar-, literalmente, me salvó la vida.
Daniel era uno de los periodistas de confianza del régimen, por lo que tenía acceso a información de inteligencia -información altamente clasificada y sensible-, y, la mañana de esa llegada mía a Montevideo, me dijo: “no te puedo dar detalles, pero los militares uruguayos saben lo que estás haciendo en Buenos Aires, y te quieren agarrar, y, si te agarran, no te sueltan”.
Le agradecí el dato, y, de inmediato, regresé a Argentina, donde, unos días después, un siniestro integrante del servicio de inteligencia militar -supongo que del brutal Batallón de Inteligencia 601 del ejército-, llegó a la sede de la Reuters, en el centro de Buenos Aires
-avenida Corrientes 456, 4º piso, casi calle San Martín-, para interrogarme.
De pronto, estaba llegándome la onda expansiva del tenebroso Plan Cóndor -el mecanismo de coordinación persecutoria mediante el cual las dictaduras sudamericanas de ese tiempo reprimían/secuestraban/torturaban/asesinaban/desaparecían opositores, regionalmente, superando fronteras, incluidas las de Estados Unidos-.
El tipo me dirigió preguntas y formuló comentarios, durante largo rato -y, al escribir esta narración, me parece que el interrogatorio continúa-.
En retrospectiva -y teniendo en cuenta la salvada que me dio Daniel-, pienso que, probablemente, el tipo estaba, entre otros objetivos, tratando de comprobar datos que manejaba la inteligencia militar uruguaya, u obteniendo datos para sus contrapartes de Uruguay -o ambas cosas-.
Vestido de civil, como personaje salido de una película de espionaje de los años ’40
-impermeable café oscuro casi hasta los tobillos, sombrero al tono y con el ala baja al frente, bigote largo y angosto, agenda en su mano derecha-, se identificó diciéndome: “soy del servicio de inteligencia del ejército”.
Aún escucho -como pronunciadas a baja velocidad y con algo de eco-, esas palabras
-que, cuando uno está en clandestina oposición a dictaduras, nunca quiere oír-.
A partir de ese momento, lo que sentí no fue miedo sino terror, el cual, con una fuerte dosis de carácter, y de instintivo sentido de supervivencia, logré, instantáneamente, dominar, aparentando -ininterrumpidamente- calma absoluta, naturalidad, cero estrés.
Logré mantener esa imagen de tranquilidad durante el interminable interrogatorio, en cuyo desarrollo fui estructurando, improvisadamente/sobre la angustiosa marcha, una serie de absolutamente coherentes mentiras en respuesta a sus absolutamente específicas preguntas.
También aproveché, al instante -para, brevísimamente, bajar el estrés-, dos fugaces debilidades que presentó en su intimidatoria línea de interpelación.
El interminable rato que duró esa torturante sesión, fue marcado -encima del terror en cuanto a mi seguridad personal-, por la aún más brutal perspectiva de que, después de eso, hubiese algún allanamiento militar o paramilitar a mi apartamento, y que los agresores secuestrasen a mi hija -entonces, una bebé de algo así como un año-, ya que ese era el modus operandi habitual.
Mi hija y su madre se convirtieron, en ese momento, de hecho, en blancos de las dos dictaduras rioplatenses -al igual que yo-.
El modus operandi de la dictadura argentina, incluía bestiales allanamientos -que resultaban en detenciones/desapariciones-, y, si en el lugar, había algún bebé, se implementaba su secuestro para que fuese criado por alguna esposa de militar.
De hecho, el primer dictador de la serie en 1976-1983, el criminal general Jorge Rafael Videla, fue enjuiciado y encarcelado, no por otros crímenes de lesa humanidad sino por esas crueles abducciones.
Fue una manifestación de calculada maldad suprema, mediante la cual centenares de bebés fueron criados en el hogar de los torturadores o de los asesinos de sus padres.
Evitar que eso ocurriese con mi hija, se constituyó en el objetivo central -en realidad, la obsesión- de mi tan desesperada cuanto magistral actuación -digna de un Oscar- para proyectarme como “el pelotudo que no está en nada”.
Por lo tanto, mi esfuerzo actoral impidió que Silvia se convirtiera en una de las numerosas hijas de las Madres de Plaza de Mayo, o nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo, y que su madre y yo fuésemos parte de los más de 30 mil desaparecidos por la última dictadura militar argentina -quienes, según la insultante mediocridad negacionista del impresentable Javier Milei y de la vergonzosa Victoria Villaruel, su vicepresidenta hija de un militar represor, no existieron-.
Terminado el interrogatorio, en la sede local/regional de la Reuters, el tipo me dijo que quizá tendríamos que platicar nuevamente, “pero en mi oficina” -o sea: sucesivas sesiones de tortura, en la secretividad de algún cuartel o de la Escuela de Mecánica de la Armada-.
Cuando el inquisidor militar se fue, inmediatamente acudí a un colega argentino -apodado “El Gordo”-, corresponsal de un canal de televisión extranjero, quien, no obstante su afabilidad, era un infiltrado del ejército, para monitorearnos -a los periodistas internacionales-.
En su oficina -vecina a la mía-, le comenté lo sucedido, le solicité que averiguase mi situación, y; sin titubear, quedó en responderme, temprano, la mañana siguiente.
De inmediato -la tarde estaba iniciando-, fui a mi apartamento, y empecé la dolorosa/imprescindible/peligrosa tarea de “limpiar” la casa -ante la perspectiva de un allanamiento-, destruyendo libros, discos, fotos, materiales escritos por mí, y cuanta cosa pudiese facilitar que la dictadura me señalase como “subversivo” o “sedicioso” -lo que, ahora, los regímenes totalitarios determinan como “terrorista”-.
Lo hice, por momentos, echando partes de lo destruido, en el inodoro, alternando con quemar otras partes, en la estufa de la cocina, tratando de no hacer mucho ruido ni generar mucho humo, ya que opositores a la dictadura, haciendo exactamente lo mismo, fueron denunciados por vecinos -y detenidos, con todo lo que eso implicaba-.
La tarea me ocupó, sin interrupción, el resto de la tarde, toda la noche, toda la madrugada, y hasta después del amanecer -Silvia y su madres estaban, afortunadamente, de visita en Montevideo-.
Cuando, puntualmente, a la hora convenida, llegué a la oficina del “Gordo”, la situación se dimensionó en su plena y altamente riesgosa dimensión.
Mi colega el espía afable, me recibió, riendo, y diciéndome -con el hablado local-: “vos sos un hijo de puta, porque ese tipo, venía para llevarte, pero no sé vos qué le dijiste, que lo desarmaste, y no te pudo llevar”.
A continuación, me aclaró, seriamente: “te están vigilando las 24 horas del día, y te están siguiendo, así que olvídate de la vida normal, y olvidáte de tus amigos, porque cualquiera que tenga contacto con vos, queda marcado, y no vayás a ningún lado, así que manejáte de la casa al trabajo y del trabajo a la casa”.
Mi traslado, poco después, como corresponsal, a Ecuador, puso distancia geográfica con esa pesadilla.
Sin embargo, la distancia psicológica insumió algo más de tiempo, ya que, durante años, tuve la insoportablemente reiterativa pesadilla de que un soldado me perseguía velozmente, pero yo no podía correr con rapidez, y, cuando el soldado me agarraba por un hombro, yo despertaba -en algunos casos, gritando-.
Recuerdo, con particular claridad, uno de esos incidentes en México, algunos años después de haber salido de Argentina.
Posteriormente a eso, un día, conduciendo mi carro por una calle en Roma, pasé por un retén de la policía municipal -los vigili urbani-, sin percibir el estrés que esos uniformados me causaron.
Una amiga catalana, conocedora de mi historia, iba sentada a mi lado, y, mientras dejábamos atrás ese escenario, me dijo: “no puedes negar que las dictaduras te afectaron”.
Cuando le pregunté por qué me lo decía, me respondió: “no te diste cuenta de lo tenso que te pusiste cuando pasamos entre esos policías”.
Es evidente que los contextos represivos que enmarcan el desarrollo de actividades clandestinas antidictatoriales, dejan una marca que no se borra.
Pero, simultáneamente, como periodista en la lucha clandestina antidictatorial, y como revolucionario comprometido con organizaciones guerrilleras de esa época, siento la infinitamente fuerte satisfacción de haber burlado a dos criminales -y masivamente temidos- servicios de inteligencia militar: el uruguayo y el argentino-.
Esto es algo que tampoco se borra.
En realidad, es algo que se fortalece -y que da fuerza a mi permanente lucha antidictatorial, la que mantengo, inclaudicablemente, porque las tiranías, formales o disfrazadas, siguen existiendo-.
