Dirigente social solicita al TSE crear procedimiento para pasar de matrimonio a unión de hecho sin divorcio
Propuesta busca garantizar autonomía personal, seguridad jurídica e igualdad ante la ley
San José, 8 de febrero de 2026. — Lenin Antonio Pérez Guzmán, presidente de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras (ADASFRO), presentó este sábado una solicitud formal ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que se establezca un procedimiento administrativo que permita a las personas adecuar voluntariamente su estado civil de “casado” a “unión de hecho”, sin necesidad de atravesar un proceso judicial de divorcio.
La iniciativa, enviada oficialmente a la Secretaría del Tribunal, plantea que cuando una pareja mantiene convivencia efectiva bajo la modalidad de unión de hecho por decisión propia, el Estado debe ofrecer una vía legal y administrativa que permita reflejar esa realidad en los documentos oficiales, sin obligar a un divorcio formal que no responda al proyecto de vida de las personas involucradas.
Vacío normativo y afectación de derechos
Según expone el documento, actualmente existe un vacío normativo que impide reflejar legalmente esta situación, lo que genera inseguridad jurídica, vulneración de derechos y potencial discriminación, especialmente en trámites ante instituciones públicas, sistemas de seguridad social, servicios de salud, procesos laborales y gestiones migratorias.
Pérez Guzmán sostiene que el marco legal vigente no contempla la posibilidad de registrar administrativamente una unión de hecho cuando las personas aún figuran legalmente como casadas, pese a que su convivencia real responde a otra dinámica familiar.
“Lo que se pretende es evitar el divorcio y pasar de matrimonio a unión de hecho simultáneamente, garantizando el derecho a la identidad familiar, la autonomía personal y la igualdad ante la ley”, señala la solicitud.
Fundamentos constitucionales e internacionales
La petición se sustenta en varios pilares jurídicos. A nivel constitucional, cita los artículos 33 y 51 de la Constitución Política, que consagran la igualdad ante la ley, la dignidad humana y la protección de la familia en todas sus manifestaciones.
En el plano internacional, invoca los artículos 11 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que reconocen la autonomía personal y el derecho de todas las personas a definir libremente la forma de su vida familiar, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Asimismo, la solicitud hace referencia al voto 2018-012782 de la Sala Constitucional, el cual estableció la plena igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo y reforzó la obligación del Estado de garantizar su reconocimiento efectivo en todos los ámbitos.
Propuesta concreta al TSE
El planteamiento incluye una propuesta orientativa de procedimiento administrativo, que contempla:
Presentación de una solicitud formal ante el TSE o el Registro Civil.
Acreditación de la convivencia efectiva mediante documentos, declaración jurada o constancia notarial.
Evaluación técnica y emisión de una resolución administrativa.
Registro de la condición de unión de hecho en los sistemas oficiales, sin modificar el estado civil de divorciado.
Notificación formal a las partes interesadas.
Según ADASFRO, esta ruta permitiría conciliar seguridad jurídica con respeto pleno a los derechos humanos, evitando procesos judiciales innecesarios, costosos y emocionalmente desgastantes.
Debate jurídico y social en puerta
La solicitud abre un debate relevante sobre la modernización del derecho registral costarricense, la diversidad de modelos familiares y el rol del Estado en garantizar que los registros públicos reflejen la realidad social.
De ser acogida, la propuesta podría sentar un precedente regional en materia de reconocimiento flexible del estado civil, alineado con los estándares internacionales de derechos humanos.
El Tribunal Supremo de Elecciones deberá ahora analizar la viabilidad técnica, jurídica, constitucional del planteamiento y emitir un criterio oficial.
