Una reciente consulta realizada por este medio al Instituto Nacional de Seguros (INS) reabre el debate sobre la participación sindical y social en los órganos superiores de dirección de las instituciones públicas costarricenses, particularmente en aquellas con alta incidencia económica, social y laboral como el INS.
El pasado 9 de febrero de 2026, el Periódico Informativo JBS consultó formalmente al departamento de prensa del INS sobre la conformación de su Junta Directiva, la existencia o no de participación sindical y los mecanismos de convocatoria para tales representaciones. La respuesta institucional fue clara: la ley no contempla representación sindical en este órgano colegiado.
Lo que dice la ley
De acuerdo con la respuesta oficial, la conformación de la Junta Directiva del INS está regulada por el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, la cual establece que este órgano estará integrado por:
Un presidente ejecutivo designado por el Consejo de Gobierno.
Seis miembros de libre elección del Consejo de Gobierno, quienes deben cumplir estrictos requisitos académicos, técnicos y profesionales.
La normativa exige que las personas designadas posean amplios conocimientos en economía, finanzas, seguros o administración de empresas, con al menos uno en Ciencias Económicas y otro en Derecho, además de cumplir con criterios de idoneidad, experiencia, honorabilidad, independencia y compromiso de tiempo, conforme al Reglamento del CONASSIF.
En ningún apartado se establece representación sindical, laboral ni social directa, ni tampoco mecanismos de elección democrática por sectores vinculados a la institución.
Un modelo cerrado de gobernanza
Este esquema refleja un modelo tradicional y centralizado de gobernanza pública, donde el Consejo de Gobierno concentra la totalidad del poder de nombramiento, sin espacios formales para la participación de sectores laborales, sindicales, usuarios o sociedad civil organizada.
Si bien los criterios técnicos son indispensables para garantizar una adecuada gestión institucional, la ausencia absoluta de representación social limita la diversidad de perspectivas, especialmente en una institución con más de 12.000 personas trabajadoras, fuerte impacto social y un rol estratégico en la seguridad social y la protección económica del país.
¿Participación sindical: una amenaza o una oportunidad?
La discusión no es menor. En distintas democracias modernas, la participación sindical en juntas directivas de empresas públicas y privadas ha demostrado ser un factor positivo para:
Fortalecer la transparencia institucional.
Promover una mejor gobernanza corporativa.
Garantizar la defensa de los derechos laborales.
Impulsar políticas de responsabilidad social empresarial.
Prevenir conflictos internos y fortalecer el diálogo social.
En Costa Rica, sin embargo, persiste una visión restrictiva sobre la participación sindical en órganos de alto nivel, asociándola erróneamente con interferencia política o pérdida de eficiencia, pese a la amplia evidencia internacional en sentido contrario.
Democracia participativa pendiente
La Constitución Política de Costa Rica reconoce al país como un Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual implica no solo elecciones periódicas, sino también mecanismos permanentes de participación ciudadana y social en la toma de decisiones públicas.
En este contexto, resulta legítimo cuestionar si un modelo de gobernanza cerrado, sin representación laboral ni social, responde adecuadamente a los principios democráticos modernos, especialmente en una institución que administra recursos estratégicos para el desarrollo nacional.
¿Reforma legal necesaria?
La respuesta del INS deja claro que cualquier cambio en la conformación de su Junta Directiva debe realizarse mediante una reforma legal, impulsada desde la Asamblea Legislativa.
Esto abre una discusión nacional pendiente:
¿Debe Costa Rica avanzar hacia modelos de gobernanza más participativos, donde trabajadores, sindicatos y sociedad civil tengan voz directa en las juntas directivas de las instituciones públicas?
El debate no solo es jurídico, sino profundamente político, social y democrático.
Un tema que merece discusión pública
La composición de la Junta Directiva del INS no es un asunto técnico aislado. Es una decisión estructural que define cómo se ejerce el poder, cómo se toman decisiones estratégicas y quiénes participan en ellas.
Abrir espacios de reflexión sobre participación sindical, transparencia y democratización institucional no debilita al Estado: lo fortalece.
El país tiene ante sí la oportunidad de repensar sus modelos de gobernanza pública para hacerlos más inclusivos, representativos y acordes con los principios de una democracia moderna.
